El caso del Banco de Descuento puede pasar a la Audiencia Nacional

Tras la detención de cuatro exadministradores del Banco de Descuento durante casi una semana y la denuncia de otros ocho, acusadores y acusados se han encerrado en un silencio impenetrable para perfilar sus estrategias jurídicas. Al susto de los calabozos, a raíz de la denuncia por irregularidades que parecen superar los dos mil millones de pesetas, puede seguir el probable paso del asunto a la Audiencia Nacional, para imprimir celeridad al posible proceso. Pero la accidentada historia del banco ha dejado en los tribunales otras causas y pleitos que darán que hablar por mucho tiempo.

El caso penal del Banco de Descuento se presenta desde el punto de vista jurídico tan enrevesado como el del Banco de Navarra. Si uno abrió el tratamiento institucional de las crisis bancarias, el otro lo ha cerrado, al menos provisionalmente. En los cuatro años que median (1978-1981), han sido "operadas" en el "hospital de bancos" una docena de entidades. Los médicos han dicho que muchas enfermaron por olvidos del Código Penal.Pero sólo se han conocido varios procesamientos y fugaces visitas a los calabozos o a la cárcel, salvo en el caso del expresidente del Navarra, Juan Palomeras Bigas, que lleva en prisión algunos meses por no haber encontrado dinero para la fianza.

Pese a que en medios del Banco de Descuento las operaciones objeto primero de querella y luego de denuncia policial se consideran más burdas y elementales que en otros casos, la previa maraña judicial no contribuye a esclarecer el caso. Hay evidencia sobre la gravedad de algunas operaciones, paradójicamente conocidas gracias a uno de los luego denunciados. Está en vigor la orden a la policía de fronteras para impedir la salida de los anteriores gestores.

En este contexto, fuentes cercanas al Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, entidad creada por la banca privada y el Banco de España y que hace de "hospital", se han mostrado dispuestas a llevar el asunto a la Audiencia Nacional. La decisión se produce después de que se inhibiera por incompatibilidad el juez encargado durante dos meses de la querella, así como tras la puesta en libertad de los detenidos, por su sucesor, sin el procesamiento y la prisión incondicional pedidas por la acusación privada y, la pública (fiscal).

Los cuatro detenidos eran el ex presidente del Descuento, Diego de Prado y Colón de Carvajal; los ex consejeros, Federico Bonet y Jorge López Dóriga y el ex interventor, Alberto Fernandez García. La denuncia presentada por la Brigada de Estafas, el pasado 23 de febrero, se extendía también a otros ocho ex administradores, entre ellos, el ex ministro de Relaciones Sindicales y ex presidente del Consejo de Economía Nacional, Enrique García Ramal, así como a un hijo suyo. El juez no se ha pronunciado sobre la situación de estos.

El precio de un metro

El principal argumento es que varios de los hechos incluidos en la querella, y dos meses después en la denuncia ante la Brigada de Estafas, ocurrieron fuera de Madrid. Es el caso de la sobrevaloración de inmuebles a efectos de posterior compra por el Banco. El sobreprecio que resulta más notorio es el de las operaciones realizadas en Algeciras y Villanueva de la Serena, que fueron colocados al Banco de Descuento a precios similares o superiores a los que vale el metro cuadrado en la Avenida de la Castellana, en Madrid. La territorialidad de estas y otras operaciones crediticias podría retrasar el eventual proceso, en opinión de los actuales administradores.Por el contrario, fuentes próximas a los ex responsables del Banco opinan que procesalmente no corresponde a la Audiencia Nacional y que se trata fundamentalmente de un asunto civil. A su juicio, el juez verá si los balances u otras cuentas son irregulares o no.

Los actuales gestores del Banco descubrieron los hechos denunciados a partir del día 20 de noviembre pasado. Dos días antes, el Fondo de Garantía de Depósitos consiguió que los consejeros de la entidad y de Castellana 13 (empresa titular de acciones del Descuento) les cedieran cerca del 70% del capital, al precio de una peseta por acción y tras comprometer garantías personales y reales sobre débidos reconocidos.

Denunciante denunciado y preso

Personas que siguen el caso han querido atribuir la denuncia a Alberto Fernández García, exinterventor del Banco que luego fue a su vez denunciado y detenido, junto a Diego de Prado y Colón de Carvajal, expresidente; y los exconsejeros Federico Bonet y Jorge López Dóriga. La afirmación no ha podido ser contrastada con el implicado, que ya no trabaja en la entidad.Lo cierto es que, con inusitada antelación respecto a otros bancos intervenidos, los administradores nombrados por el Fondo de Garantía de Depósitos pudieron conocer la existencia de una Caja B dedicada a pagar extratipos, numerosos anticipos de caja no justificados por los administradores (algunos de millones de pesetas), sobresueldos a los empleados que colaboraban diligentemente con las pretensiones de los consejeros, documentos aparentemente falsificados (uno de ellos llevaba la firma de una persona que estaba de vacaciones el mes de la fecha), renovación de créditos a los exconsejeros, etcétera.

Tal fue el cúmulo de irregularidades conocidas en los primeros días, que uno de los nuevos administradores llegó a decir que el Banco había sido víctima en los últimos años de tina "operación de ordeño", quizá con la esperanza de que a medio plazo pasase a otros dueños. Para situar estas afirmaciones, hay que remontarse a los primeros pasos de la entidad.

Primeros pasos

El Banco de Descuento recibió autorización administrativa el 24 de enero de 1973, al amparo de la legislación dictada desde el Ministerio de Hacienda por Alberto Monreal Luque. Fue inscrito en el Registro de Bancos el 24 de mayo de ese año, comienzo del último ciclo de crisis económica y verdadera rampa de grandes planes de expansión del sector, que desde entonces ha más que duplicado su número de oficinas en España. El 2 de julio empezaba a operar.Nacido con 1.500 millones de pesetas de capital, la mitad pendiente de desembolso, en su primer semestre de vida reúne 2.115 millones de pesetas, da créditos por una tercer parte y contabiliza 45 millones de beneficios. Sus propietarios principales y administradores eran Jaime Camuñas Solís, hermano del exministro de UCD, Francisco Toda de Diezma (vicepresidente), Jorge López-Dóriga y Tobar (consejero-delegado), y otra docena de consejeros.

Desde entonces, apenas ha generado beneficios para distribuir a sus accionistas y reforzar con reservas sus recursos propios, que no han llegado a los 2.600 millones, aunque en 1980 hizo una ampliación de capital por 450. En recursos ajenos, el año de mayor expansión relativa fue 1975, cuando rondó los 7.000 millones. Los tres siguientes estuvieron estabilízados, en torno a los 8.000 millones, y a mediados de 1981 llegaba a sobrepasar los 17.000 millones en cuentas acreedoras, nivel similar al existente cuando entró en Fondo. Estaba entonces en 26 oficinas y 330 trabajadores.

A principios de 1975, varios consejeros, entre ellos Federico Fernández Tubau y Francisco Valcázar Grande, venden a Rumasa sus participaciones, al igual que otro grupo de pequeños accionistas, en su mayoría gallegos. El caso es que, por el 28% del capital, Rumasa pagó 1.164 millones de pesetas. Y ocho meses después llegó a un acuerdo con el presidente y otros consejeros para venderle el mismo paquete por 3.356 millones.

Problemas en el consejo

Como los bancos de nueva creación tenían prohibida la venta de acciones durante los dos primeros anos, período luego ampliado a cinco, las acciones de la primera venta habían quedado pignoradas en espera de realizar la venta formal. Sin embargo, el resto del consejo se mostró dispuesto a llevar en asunto a los tribunales al enterarse, pero el entonces Gobernador del Banco de España, Luis Coronel de Palma, favoreció el acuerdo con Rumasa, operación cerrada en 3.356 millones. El paquete fue adquirido por el grupo Castellana 13, que debía pagar 500 millones de pesetas en aquel momento y el resto en letras avaladas por el Banco y espaciadas en el tiempo, la última con vencimiento a 9 de octubre de 1979.Dado que Castellana 13 había sido constituida desde el Banco de Descuento, una posterior inspección del Banco de España recomienda que se privatice y sus consejeros, que también lo eran del Descuento, desembolsaran los 1.800 millones que tenían entonces en acciones en su poder. Así, los consejeros aportaron como suyo un dinero que, al parecer, procedía de créditos del Descuento.

Camuñas fue cesado en ese contexto, hacia finales de 1977. Diego de Prado y Colón de Carvajal ascendió de consejero a presidente. Pero llegó el último plazo de pago a Rumasa (664 millones) y no fue satisfecho. Cuando empezaron a llegar las reclamaciones, los administradores del Descuento alegaron nulidad del contrato, por presunta ilegalidad en la adquisición por Rumasa y le demandaron por enriquecimiento injusto e intereses unos 4.000 millones de pesetas, en junio de 1980. Un año después. cuando los administradores del Descuento empezaron a ganar recursos contra embargos (en algunos casos con la consideración judicial de nulidad de contrato), el grupo de Ruiz Mateos se querelló contra ellos por presuntas estafas; acusa a Castellana 13 de haber sido constituida con dinero procedente del Descuento y la intención de no cumplir los compromisos contraidos.