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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Algo más que una declaración

EL ACTUAL Gobierno, en cuyo activo no se contabiliza precisamente una política sensible y realista con relación a los países latinoamericanos, parece dispuesto a abandonar el letargo y la insensibilidad que hasta ahora ha observado hacia Centroamérica con la declaración hecha en México por su titular de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca. El ministro español ha manifestado de forma tajante que "las soluciones militares en el istmo centroamericano son inaceptables para España", al tiempo que: ponía de relieve el repudio de nuestro país "a las violaciones de los derechos humanos en cualquier hemisferioLa declaración ha estado acompañada por una petición de no intervención a las potencias extranjeras, que puede contribuir a desestabilizar aún más la ya precaria situación en la zona. Como punto de partida, la declaración de Pérez-Llorca, aunque tardía, es aceptable y responde a una demanda de la sociedad española, que asiste horrorizada a la masacre diaria que se comete en varios países centroamericanos, principalmente El Salvador y Guatemala. Resulta realmente irónico leer en el reciente in5orme publicado por la Administración Reagan -informe, por cierto, fuertemente contestado por amplios sectores del propio Congreso norteamericano- que el respeto de los derechos humanos en El Salvador ha mejorado porque los asesinatos han descendido en un año de 11.000 a sólo 6.000.

Sin embargo, la petición de no intervención a Estados Unidos, por una parte, y a la Unión Soviética y Cuba, por otra, y aun reconociendo la buena fe del ministro español en su formulación, resulta evidentemente pueril. Washington no parece querer cejar en su apoyo a la actual Junta de El Salvador porque piensa que la caída del régimen de Duarte puede suponer una segunda Nicaragua en América Central, con peligro de contaminación para México. Moscú tratará de seguir rentabilizando la situación.

España tiene la obligación de aportar algo más que peticiones antiintervencionistas, y no sería la primera vez que el Gobierno de Madrid y la Corona española han intervenido a lo largo de la historia en la mediación de los conflictos que, de una forma u otra, han afectado a los países latinoamericanos. Que sepamos, hasta este momento ningún país ha intentado la mediación entre los contendientes en El Salvador. Los Gobiernos se han limitado a apoyar, según sus particulares intereses, a una de las partes del conflicto, cuando en los momentos actuales resulta evidente que el fin de la guerra civil salvadoreña no parece próximo y que la celebración de elecciones generales el próximo mes, si se produce, no sólo no conducirá a la terminación de la lucha armada, sino que puede ser el preludio de un incremento de la violencia y toda una farsa inútil.

La mediación, difícil, pero no imposible, precisa unas grandes dosis de imaginación. Además de El Salvador hay otros puntos neurálgicos sobre los que habría que concentrar los esfuerzos de la diplomacia española. El reto es grande, pero podría ser la ocasión de demostrar que España siente como propios los problemas de aquella zona, que tiene una política latinoamericana propia que no va a remolque de las seguidas por las grandes potencias y que no se limita, como ha ocurrido hasta ahora, a grandilocuentes declaraciones sobre la comunidad de destinos de los pueblos hispánicos.

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