Desmentida la concesión del estatuto de refugiados a ocho vascos residentes en Francia

La Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y Apátridas (OFPRA) desmintió anoche oficialmente que haya adoptado ningún acuerdo en el sentido de conceder el estatuto de refugiado político a ocho vascos españoles residentes en el país vecino. Con este desmentido que, ha tardado inexplicablemente tres días en producirse, se puesto fin a toda una serie de especulaciones, ampliamente reflejadas en la prensa, sobre la adopción por las autoridades francesas de una medida en tal sentido.El Ministerio francés de Relaciones Exteriores, a última hora del día de ayer, aún no había recibido notificación oficial sobre la concesión del estatuto de refugiados políticos a ocho vascos españoles, por la Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y Apátridas (OFPRA). No obstante, la OFPRA, según los mismos medios diplomáticos, "es independiente", lo que podría explicar una actuación de la citada oficina sin que fuera conocida todavía por el Gobierno. Sin embargo, a primera hora de la noche, se hacía público en París un comunicado de la OFPRA en la que se desmentía rotundamente la concesión del estatuto de refugiado a ocho vascos españoles. Se desconoce, por el momento, cómo el malentendido no fue aclarado hasta la noche del lunes, dando lugar a una llamada, ante el ministerio español de Exteriores, del embajador francés en Madrid, Raoul Belaye. Según algunas informaciones que circulaban anoche en la. capital gala este contencioso estuvo a punto de retrasar una vis'ta a Madrid del ministro francés de Educación.

Las ocho demandas de estatuto de refugiados que se creían aceptadas por la OFPRA pertenecen a las 93 presentadas, el pasado mes de julio, por otros tantos vascos que viven en los Piríneos Atlánticos. Entre estos ocho vascos no se encuentra ningún responsable importante de los presuntos etarras residentes en el país vasco-francés. La falsa noticia fue dada, el pasado sábado, por "Anaia Artea", organismo con sede en el País Vasco francés, que les ofrece ayuda a todos los vascos.

Una fuente solvente del ministerio francés de Exteriores anotó que "la OFPRA es independiente, y en ocasiones ya ha tomado alguna decisión contraria a la voluntad del Gobierno". La OFPRA es autónoma, pero está tutelada por el Ministerio de Exteriores. Su director, y su secretario general son diplomáticos destacados en dicho organismo.

Para hacerse una idea del alcance que tendría la concesión de estos ocho estatutos de refugiados políticos, conviene puntualizar los dos aspectos esenciales del problema: el jurídico y el político. En primer lugar, el jurídico. En un primer tiempo, la OFPRA denegó el estatuto a una docena de los vascos que lo habían solicitado, pero estos últimos, tras recoger testimonios ante varios alcaldes vascos que afirmaban que están perseguidos políticamente, recurrieron ante el Consejo de Estado, organismo supremo constitucional al que, obligatoriamente, el Gobierno debe consultar sobre "proyectos de decretos individuales que se refieren al estado cle las personas".

La opinión del Consejo de Estado no es vinculante, pero le puede servir de apoyatura legal al ejecutivo en caso de que a éste le convenga. Dicho consejo, al ser requerido por los vascos, respondió positivamente a su demanda, solicitando el estatuto de refugiado. De aquí que el Gobierno encuentre una cobertura jurídica. En este mismo aspecto, una decisión de la OFPRA favorable a los vascos significaría un cambio de doctrina del Gobierno, puesto que, en 1979, el presidente Valery Giscard D'Estaigne, decidió suprimir la figura del refugiado político para los españoles, "porque España es una democracia".

Ahora, en los medios jurídicos próximos a los vascos, se argumenta que Giscard interpretó muy personalmente la Convención de Ginebra sobre los derechos del hombre, puesto que, en ningún caso, esta ültima especifica que un refugiado político sólo pueda pertenecer a un país con sistema político autoritario. El que se le conceda el estatuto a un español en Francia, "no calífica el régimen político de Madrid", se advierte aquí. El Gobierno mitterrandista, cuando encaró esta cuestión al subir al poder, en mayo último, afirmó que no concedería extradiciones y que a los vascos les ofrecería una carta de trabajo y un permiso de residencia. Por otra parte, una fuente próxima a los medios etarras, declaró ayer que los servicios del primer ministro estaban al corriente de este asunto y que "de aquí a finales de año todos los vascos gozarán del estatuto de refugiado". El aspecto político de la cuestión es delicado. La fuente vasca precitada no excluye la posibilidad de que Madrid y París "hayan negociado el asunto".