El presidente del Club Liberal de Cataluña será juzgado en breve como presunto implicado en un escándalo financiero

En breve será fijada la fecha del juicio oral por la causa penal iniciada hace quince años por el escándalo financiero de la denominada Caja de Crédito Popular de Cataluña. En la misma aparece como procesado Juan Ignacio Sardá Antón, hoy presidente del Club Liberal de Cataluña, integrado en la federación que dirige Antonio Garrigues. Contra Sardá, el ministerio fiscal solicitó en su día dos penas de prisión de diez años y un día, y cuatro años, dos meses y un día, respectivamente. Junto con Sardá aparecen procesados. destacados dirigentes de los disueltos sindicatos verticales.

El escándalo financiero de la Caja de Crédito Popular de Cataluña (CCPC) puede aspirar a convertirse en el sumario de mayor duración y complejidad de toda la historia de la justicia española. Surgió en 1967, lo que equivale a decir que fue en un momento en que tales escándalos -protagonizados frecuentemente por fieles servidores de la dictadura- tenían escasa trascendencia pública, pese a que los damnificados -éstos ya ciudadanos de a pie- se sumaban por cientos.A lo largo de los centenares de folios del sumario aparecen los presuntos delitos de falsedad, apropiación indebida y quiebra fraudulenta. Se dan curiosas alusiones de clara trascendencia política -como gestiones del principal procesado, Vicente Fisas, cerca del almirante Carrero Blanco- y decisiones judiciales importantes, como la declaración de la responsabilidad civil subsidiaria de la organización sindical del régimen anterior.

Larga duración del proceso

Pese a la importancia y complejidad de las actuaciones, es de difícil comprensión la larga duración del procedimiento judicial, circunstancia que llegó a preocupar formalmente al letrado defensor de los impositores, el democristiano Joaquín Ruiz Giménez, cuya actuación corrió paralela, a lo largo de todos estos años, a la del ex ministro de Trabajo Manuel Jiménez de Parga y la del catedrático Rafael Jiménez de Parga, representando estos últimos a la sindicatura de la quiebra. Intervinieron asimismo dos jueces especiales y varios fiscales.

El principal procesado es Vicente Fisas Comella, de 55 años de edad. Ocupó el cargo de director general de la entidad desde 1957 -año en que fue creada bajo el nombre, posteriormente modificado, de Caja de Créditode Gerona- hasta 1967, en que fue detenido. Creada en Gerona y con ámbito provincial, la sede de la entidad fue trasladada a Barcelona en 1959.

La Caja fue creada con la finalidad de servir de instrumento crediticio y de financiación de las cooperativas amparadas bajo el sindicalismo franquista. Se regulaba por las leyes del cooperativismo oficial, pero su campo de operaciones se extendió, en forma sometida a consideración judicial, hacia operaciones de crédito y ahorro con cuentas e imposiciones a la vista y a plazo de personas no asociadas.

La lista de perjudicados ocupa cien páginas

Varias empresas, en cuyos consejos de administración figuraban varios de los muchos procesados, se beneficiaron de operaciones de crédito de la CCPC.

En 1967, la CCPC quedaba imposibilitada de atender las operaciones corrientes e incluso de pequeña cuantía ante pequeños impositores, que en número de más de 12.000 -siempre según el fiscal- resultaron perjudicados.

Varios de los procesados fallecieron en el curso de los quince años que ha durado la tramitación de la causa. Tal es el caso de Antonio Federico Correa-Veglison. Este, previa obtención del suplicatorio de las Cortes franquistas, a las que pertenecía, había sido procesado el 20 de junio de 1969, por el presunto delito de estafa, por una sala del Tribunal Supremo, reunida bajo la presidencia de Adolfo de Miguel. Algunos destacados dirigentes del sindicato vertical, contra quienes se querellaron los perjudicados -tal es el caso de Enrique Riverola Pelayo-, no llegaron nunca a ser procesados.

En el escrito de calificación del fiscal de 10 de septiembre de 1975, en el que se solicitan para Sardá las penas ya indicadas, que totalizan catorce años de prisión, aparecen dieciséis procesados. Desde entonces, alguno de los mismos -por lo menos uno, Santiago Joaniquet- ya ha fallecido. Ahora sólo queda el trámite procesal de determinación de la fecha del juicio oral.

Cargos contra Sardá

La circunstancia de que Juan Ignacio Sardá Antón sea hoy la figura principal de la operación Garrigues en Cataluña, en su condición de presidente del Club Liberal de Barcelona, es una nota destacada en cuanto a la trascendencia social del suceso.

Curiosamente, Juan Antonio Sardá, que en esta causa aparece vinculado a servidores del régimen del general Franco y a jerarcas de la organizacion sindical corporativa, fue asimismo miembro del Partido Socialista Unificado de Cataluña. Se dio el caso de que con ocasión de un registro judicial en su despacho, ordenado por el primer juez especial que instruyó el caso, Antonio Carretero, fueron hallados en poder de Sardá no sólo documentos de interés judicial sobre la CCPC, sino también publicaciones comunistas entonces clandestinas. Esto último generó otra acción judicial, lo cual lamentó íntimamente el mencionado juez, de inequívoca trayectoria antifranquista, vinculado a Justicia Democrática de Cataluña.

La defensa de Sardá presentó un escrito en marzo de 1972 por el que solicitaba la libre absolición de su representado, procesado en el sumario que aquel escrito consideraba entonces abierto por el "supuesto delito de quiebra fraudulenta". En 1975 es cuando el ministerio fiscal imputa a Sardá los presuntos delitos de falsedad y estafa. En fecha muy reciente, el 14 de marzo del pasado año la defensa de Sardá presenta su escrito de conclusiones, en el que pide la absolución de Sardá de los dos supuestos delitos indicados, el de falsedad y el de estafa. No se trata, pues, de una causa que, pese a la lentitud de instrucción, esté parada, sino que sigue su curso y que éste ha estado activo cuando Sardá iniciaba su reaparición en el terreno político, en este caso, no en el campo del comunismo, sino del liberalismo. Pese a ello es imposible negar o afirmar si las complicaciones judiciales de Sardá eran conocidas o no por Antonio Garrigues.

En su escrito de calificación, el fiscal afirma que Sardá era consejero delegado de la empresa Transtour, SA, que fue enajenada en pública subasta y adjudicada en 1964 al hermano del principal procesado, Vicente Fisas. El fiscal considera que Sardá tuvo contacto con varios de los procesados, y en particular con Vicente Fisas, que era conocedor de las actuaciones que llevaban a cabo los procesados, que intervino positivamente en las diversas negociaciones realizadas en el extranjero para adquisición de empresas y acciones con dinero aportado por Fisas, por sí o por mediación de alguna de las empresas vinculadas a los procesados, como Mundial Exprés, SA, radicada en Andorra.

El fiscal considera que este dinero antes aludido pertenecía a la CCPC y que su disponibilidad a título personal iba en perjuicio de los impositores y acreedores de la misma, "ocultando el procesado Sardá", afirma textualmente el fiscal, "documentos que reflejaban la realización de tales ilícitas operaciones incluso después de conocer la existencia de la presente causa".