Prospera la demanda del Banco de Descuento contra Rumasa

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 ha desestimado las dos excepciones dilatorias interpuestas por Rumasa a la demanda de unos 4.000 millones de pesetas por enriquecimiento injusto en la venta de acciones del Banco de Descuento al grupo Castellana 13, según fuentes jurídicas. Si el holding de Ruiz Mateos no apela el auto, se entrará ya en el fondo de la cuestión, planteada hace algo más de un año por el despacho del abogado Antonio García Trevijano.Rumasa había argumentado falta de "litisconsorcio pasivo necesario", por no haber sido demandante el Banco de Descuento, sino Castellana 13. Su segunda excepción, a cargo de los siete bancos del grupo Ruiz Mateos que debían cobrar el último plazo, se basaba en la "falta de legitimación pasiva", por entender que al ser endosatarios de las letras no podían ser demandados.

Origen de los pleitos

Los pleitos entre los propietarios del Banco de Descuento y Rumasa tienen su origen en febrero de 1975, cuando este último grupo compró por 1.164 millones de pesetas el 28% de las acciones del primero. Ocho meses después, Castellana 13, formada por administradores del Descuento, se las compró por 3.356 millones de pesetas, mediante el pago de 500 millones al contado y el resto en letras espaciadas en el tiempo, de las que fueron impagados 664 millones del último vencimiento (octubre de 1979).En junio de 1980, los responsables de Castellana 13 y del Banco de Descuento alegaron presunta ilegalidad de la primera compra. Dijeron que había sido realizada cuando todavía estaba prohibida la transmisión de acciones, por tener el banco menos de dos años. Y demandaron al grupo por supuesto enriquecimiento injusto, los 2.706 millones de pesetas ya pagados y los intereses (en total, unos 4.000 millones de pesetas).

Entre tanto, los bancos de Rumasa que actuaron de endosatarios del último vencimiento ejecutaron las letras. Fuentes próximas al abogado García Trevijano han señalado que todos los recursos contra embargos han sido ganados, en algunos casos con la consideración judicial de nulidad de contrato, excepto contra los bancos de Sevilla y Murcia, que por tener sede fuera de Madrid merecieron cuestiones declinatorias para que el caso pasara a los juzgados de esta capital.

Además de estas ejecuciones, Rumasa interpuso por vía penal una querella por presuntas estafas (véase EL PAIS del pasado 2 de febrero), acusando a Castellana 13 de haber sido constituida con dinero procedente del Banco de Descuento y con la intención de no cumplir los compromisos contraídos en el contrato. Según la versión del citado despacho, el único objetivo de esta medida iniciada en junio pasado, al igual que las dos citadas excepciones previas, era retrasar el juicio civil de los 4.000 millones de pesetas.

Algunos ex administradores del Banco de Descuento y Castellana 13 han sido citados a declarar por esta querella.