Empate en la Comisión de Presidencia sobre las incompatibilidades en la Seguridad Social

La Comisión de Presidencia del Congreso de los Diputados resolverá en la mañana de hoy el empate producido ayer sobre la aplicación de la ley de Incompatibilidades al personal no funcionario al servicio de la Seguridad Social, prácticamente la totalidad del mismo. UCD, en solitario, se opuso a que las incompatibilidades afecten a este tipo de personal. Los centristas perderán la votación de desempate si los grupos mantienen el sentido de voto manifestado ayer y previamente a la sesión se actualiza la representación que corresponde a cada grupo parlamentario en esta comisión, según solicitó su presidente, Enrique de la Mata.

El texto del informe de la ponencia sobre el proyecto de ley de Incompatibilidades establece que la ley será de aplicación, entre otros colectivos, "al personal que ostente la condición de funcionario al servicio de la Seguridad Social". La enmienda en discusión -del Grupo Socialista- solicita que se suprima la frase "que ostente la condición de funcionario". El empate producido ayer y reiterado en una segunda votación dejó solos a los centristas en favor de la exclusión del personal no funcionario.Contra esta exclusión, y en consecuencia a favor de que las incompatibilidades afecten a todo el personal al servicio de la Seguridad Social, se alinearon socialistas, comunistas, nacionalistas vascos y catalanes y andalucistas. Se abstuvieron el representante del Grupo Mixto, Jesús Aizpún, y el representante de Coalición Democrática (CD) Alfonso Osorio.

El resultado oficial de la votación fue de diecisiete votos a favor de la enmienda socialista que pedía la supresión de la frase citada; diecisiete en contra, correspondientes a UCD, y dos abstenciones. Este resultado no se corresponde con la composición real de la Cámara, después de las últimas modificaciones en su estructura como consecuencia de los diputados tránsfugas. Así fue denunciado en una votación anterior por el portavoz de CD, Antonio Carro, a quien el presidente de la comisión contestó que había solicitado a la Mesa de la Cámara una clarificación sobre la materia, pero el secretario general, Nicolás Pérez Serrano, había contestado que debía mantenerse la representación de los grupos vigente hasta ahora.

La oposición consideró poco convincente esta respuesta e insistió en la necesidad de actualizar la composición de las comisiones. De producirse dicha actualización, de acuerdo con el criterio de proporcionalidad establecido en el vigente reglamento, mantenido en el texto del nuevo reglamento que ayer se aprobó en el Pleno, y con las resoluciones de la presidencia interpretativas del mismo, -un comisionado por cada diez diputados o fracción igual o superior a cinco-, los diecisiete comisionados centristas, correspondientes a los 168 diputados con que UCD inició la legislatura, se reducirían a quince, correspondientes a los 151 con que actualmente cuenta, o como máximo a los dieciséis que Gabriel Cisneros estima en función del "reparto de restos".

En cambio, el Grupo Mixto, que ya cuenta con veintidós diputados, pasaría de uno a dos comisionados, y los demás grupos mantendrían su cuota actual. En definitiva, la votación registrada ayer con resultado de empate se resolvería en una nueva en la que socialistas, comunistas, Minoría Catalana, PNV y Andalucistas mantendrían sus 17 votos; los centristas perderían con sus quince o dieciséis votos, y las abstenciones se elevarían a tres, siempre contando con que el segundo voto del Grupo Mixto -que lógicamente correspondería a los diez diputados de Fernández Ordóñez- no se uniera al de la izquierda y los grupos nacionalistas que apoyan que las incompatibilidades se apliquen a todo el personal al servicio de la Seguridad Social.

La exclusión de los militares

Otro de los apartados del proyecto de ley de Incompatibilidades que fue objeto de controversia ayer es el que excluye a los militares de la aplicación de esta ley. El comunista Fernando Pérez Royo manifestó que esta exclusión, junto a la del personal sanitario de la Seguridad Social, era el caballo de batalla del proyecto de ley.

Los socialistas apoyaron la inclusión del personal militar. Ciriaco de Vicente señaló que un médico militar cobra igual que un militar no médico y aseguró que los propios militares apoyan la no discriminación entre ellos, mientras que sería necesario elevar las retribuciones del colectivo militar en general. El centrista Antonio Vázquez Guillén señaló que no se trataba de una discriminación, sino de un complemento de sueldo por el ejercicio de la actividad médica de algunos militares, como los capitanes médicos, por otra parte, mal pagada. El comunista Pérez Royo insistió en que si es preciso aplicar rígidamente las incompatibilidades a algún colectivo profesional, junto a la judicatura, éste es el sector militar. Añadió que los problemas de sueldos de los capitanes médicos y de otros militares deberán solucionarse por otras vías.La enmienda de la izquierda fue rechazada y se aprobó -por diecinueve votos a favor, (UCD, CD y Minoría Catalana) quince en contra (socialistas, comunistas y andalucistas) y una abstención del PNV- que la ley de Incompatibilidades será de aplicación "al personal civil al servicio de la Administración del Estado y de sus organismos autónomos". Con la única abstención del representante del Grupo Mixto, Jesús Aizpún, se aprobó también que la ley se aplique "al personal al servicio de las comunidades autónomas y de los organismos de ellas depen-, dientes".

La única enmienda aceptada, tras un tanteo de las posiciones de los grupos en el que UCD comprobó que perdería la votación, porque todos estaban en contra de su posición, fue sobre la remísión de las incompatibilidades del personal al servicio de la Administración local y de los organismos de ella dependientes a lo que establezca la próxima ley de Bases de la Administración local.

Previamente, se aprobó por unanimidad que "la función pública debe ejercerse sirviendo con objetividad los intereses generales, conforme al artículo 103, apartado 1 de la Constitución". Con sólo dos abstenciones, las del Grupo Comunista, se aprobó que el desempeño de la función públicaserá incompatible c:on el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad públicos o privados, por cuanta propia o ajena, retribuídos o meramente honoríficos, que impidan o menoscaben el estricto cumplimiento de los deberes del funcionario, comprometan su imparcialidad o independencia o perjudiquen los intereses generales.

Rechazados los teitos alternativos de la izquierda

La razón de la abstención comunista en el texto anterior, así como de la posición general de este grupo y de los socialistas en contra del informe elaborado por la ponencia reside,:según manifestaron los portavoces de ambos grupos, en que a pesar de los esfuerzos de aproxirriación realizados por los centristas, continúan las insuficiencias en la regulación de las incompatibilidades defendida por UCD.

El socialista Francisco Ramos manifestó que es necesario establecer un régimen de dedicación exclusiva en la Adm.inistración pública, en la que continúa la herencla del pasado, según la cual un funcionario presta a veces dos o tres funciones. Recordó que el subsecretario de H.acienda había reconocido que todos los directores generales del Ministerio ocupan altos cargos en.los consejos de administración de empresas públicas, y señaló que la lucha contra el paro exige cumplir lo comprometido por el Gobierno en el Acuerdo Nacional sobre EmpIeo (ANE) sobre el sector público.

El comunista Fernando Pérez Royo coincidio con la posición socialista y añadió que es necesario establecer una incompatibilidad absoluta entre las actividades en el sector público y pri,vado, así como evitar la corruptela de la jornada reducida para algunos de estos trabajos.

El centrista José Miguel Bravo de Laguna estimó importantes los esfuerzos de aproximación a las posiciones de la izquierda efectuados por su grupo y defendió el informe de la ponencia, con algunas correcciones propuestas por UCD en materia de incompatibilidades en los consejos de administración de empresas públicas y en los funcionarios que reúnan la condición de parlamentarios. Las enmiendas de la izquierda que proponían textos alternativos al p,royecto gubernamental fueron rechazadas por quince votos favorables, dieciocho en contra y tres abstenciones.