Intervención oficial en dos aseguradoras, El Porvenir de los Hijos y La Constancia, con 180.000 clientes

Las aseguradoras El Porvenir de los Hijos y La Constancia, que reúnen 180.000 clientes, han sido intervenidas con carácter forzoso por el Ministerio de Hacienda. Su reciente historia, según medios del sector, está ligada a los responsables de lbérica de Seguros La Provindence. Esta compañía es la primera sobre la que pesa una orden de disolución, dictada el 8 de octubre de 1980 y todavía no ejecutada, con los consiguientes perjuicios a gran parte de sus 50.000 asegurados, que sólo han podido cobrar las cantidades garantizadas en el seguro obligatorio de automóvil.

Las órdenes de intervención para El Porvenir y La Constancia fueron promulgadas a mediados del pasado mes, según ha trascendido ahora, después de unos expedientes a que dieron lugar sendas inspecciones realizadas por la Dirección General de Seguros a mediados de 1981. La primera tiene cerca de 80.000 asegurados, unos 130 trabajadores, y 800 millones de pesetas de pólizas en cartera. La Constancla es de mayor dimensión: unos 100.000 asegurados, en torno a los mil millones de pesetas en la cartera de primas y 110 empleados.Medida cautelar

Según medios del Ministerio de Hacienda, la intervención de ambas compañías es una medida cautelar, para que todas las operaciones sean supervisadas por el interventor de la Administración y no puedan realizarse fugas de fondos. Por ello -añadieron-, no hay perjuicio para los asegurados, sino mayores garantías de las que tenían hasta ahora.

En medios del sector seguros la medida era esperada, pues hace tiempo que se temían la crisis. Los rumores crecieron al conocerse que hace un año ambas entidades fueron vendidas por el Banco de Madrid, coincidiendo con la compra de éste por el Banco Español de Crédito. Los compradores habían sido varias empresas relacionadas con Nicolás Rodríguez González, propietario desde hace dos años de la compañía Ibérica de Seguros La Providence, hasta entonces en mano de Gonzalo de Borbón Dampierre y de Tomás y José María Martínez Bordiú, los dos últimos hermanos del marqués de Villaverde, yerno de Franco.

Fuentes del Banco de Madrid han señalado a este periódico que la venta se realizó con "absoluta normalidad" y que en la misma no intervino Nicolás Rodríguez, incluido en los informes bancarios de morosos, al menos directamente. No obstante, se negaron a facilitar más detalles. F,n medíos del sector seguros tampoco se conoce cómo se hizo la operación, pero se considera extraño que fuera consentida, al igual que el paso de Ibérica de Seguros a Nicolás González. La Administración -añaden- conocía desde 1978 la mala situación económica de esta empresa y su nuevo propietario.

Según medios del seguro, resulta evidente la presencia de González en la compra de El Porvenir y La Constancia, aunque se efectuara a través de otras personas (una empresa presidida por Julián Espinosa de los Monteros, Occidental de Finanzas y Créditos (OFICSA), y una persona supuestamente interpuesta que luego la vendió a OFICSA). Además de que el presidente de ambas es desde entonces Julián Espinosa de los Monteros y Rojo (médico de la Seguridad Social y caballero, como él, de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén), el primer director general accidental fue José Abdad (secretario del consejo de administración de Ibérica), y la directora financiera Pilar Moreno (secretaria durante años de Nicolás).

Sin embargo, no existen datos de que la Administración pusiera obstáculo alguno, a pesar de que la Dirección General de Seguros, como organísmo de control del sector, percibe el 0,20% de la recaudación de primas (en total, cerca de 300.000 millones de pesetas al año). Sí ha trascendido, en cambio, que, zi finales del pasado verano, cuando habían concluido las inspecciones en El Porvenir y La Constancia, los titulares de ambas empresas afirmaron que Nicolás Rodríguez no figuraba ya en sus negocios. Por aquellas fechas, la Administración requirió la necesidad de una ampliación de capital para inyectar recursos (la querían cubrir con acciones de una inmobiliaria), y expresó interés en no considerar cumplida ninguna operación en la que estuviera el citado empresario. Las cautelas han debido mantenerse, a juzgar por la decisión de intervenirlas.

Críticas del sector

La actitud de la Administración en torno a Ibérica es también criticada en, medios del sector. Recuerdan que no hubo el menor problema. a la entrada de Nicolás Rodríguez, y la inspección oficial de la compañía, previa a la decisión de disolverla, sólo se realizó después de reiteradas denuncia, de los agentes de seguros, preocupados por el impago de siniestros, que había dado lugar ya a reclamaciones e incluso embargos.

El inspector pudo comprobar que los hechcis denunciados tiempo atrás por directivos de la empresa eran c:iertos, e incluso había más irregularidades. A raíz de su trabijo, el Ministerio Fiscal interpuso una querella criminal contra Ibérica, por presunta estafa y falsificación de documentos públicos. La denuncia, sobrela que no se ha vuelto a tener noticias, se esperaba que implicara a los hermanos Martínez Bordiú, contra quienes sus sucesores plantearon otra querella que terminó siendo archivada.

No obstante, consideran mayor fuente de escándalo que todavía no haya empezado a ejecutarse la orden de disolución publicada hace un año y cuatro meses en el Boletín Oficial del Estado, con la firma del Mínístro de Hacienda, Jaime García Añoveros. Esta medida fue dictada sin previa intervención de lá empresa, y después de rechazar una oferta de los directivos y empleados para quedarse con la misma.

Desde entonces, según antiguos empleados, lo único que se ha hecho es clausurar Ibérica, poniendo en la calle a 128 trabajadores, quienes todavía no han cobrado indemnización y a algunos se les ha agotado ya el subsidio de paro. Los asegurados, entre ellos los 35.000 que estaban al corriente del pago de primas, han quedado desamparados, excepto la parte de riesgos del seguro obligatorio de automóviles cubierta por el Fondo Nacional previsto a estos efectos. El desamparo es total para los titulares de las 43.000 pólizas que tenía la compañía en los ramos de accidentes, incendios, responsabilidad civil, robo, cristales, transportes, construcción, maquinaria y vida.

Los citados medios del sector señalan que no se ha procedido a la disolución porque el consejo de administración no ha nombrado los liquidadores a que está obligado por ley, y el organismo de control, que designó dos interventores de la liquidación -el 23 de octubre de 1980, no tiene facultades para actuar. Medios de la Administración han afirmado, oficiosamente, que no comprenden estas críticas.