Garantías para el mantenimiento de los puestos de trabajo en la Caja Rural de Santander

El Consorcio Nacional de Cajas Rurales, que el pasado 28 de enero intervino la Caja Rural de Santander, garantizará, según fuentes de los empleados de la citada entidad, el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero no ha dicho cuál será su actitud ante los últimos despidos y directivos contrarios a las irregulares actuaciones de la dirección. Por otra parte, se confirma el importante descubierto que Pescados del Cantábrico, SA (Pescansa), mantiene con la entidad agraria y que ascendería a más de 160 millones de pesetas.Una cierta preocupación por la forma en que se está produciendo la intervención del Consorcio Nacional de Cajas Rurales en la Caja Rural de Santander se ha hecho patente entre los trabajadores de la entidad. La promesa de garantizar los puestos de trabajo no ha sido acompañada de medidas inmediatas para garantizar la gestión económica de la entidad. En concreto, no se menciona la posibilidad de reconsiderar los despidos de las últimas semanas -un miembro del comité de empresa, un subdirector y un empleado-, motivadas en, al menos, uno de los casos, la solicitud de intervención del Consorcio. En los próximos días, según fuentes laborales, se procederá al cese a dos directivos, responsables de algunas de las irregularidades denunciadas por el Banco de España, en tanto que se prepara un relevo en la presidencia de la Caja, que sería ocupada por el actual presidente del Consejo de Administración de la cooperativa lechera SAM, de Lactaria Española, ex comisario de policía de Torrelavega y persona de confianza de Justo de las Cuevas, uno de los principales beneficiarlos de la generosa y, en muchos casos, irresponsable política crediticia de la caja santanderina.

En relación con la operación efectuada por la Caja Rural y Pescansa, que el pliego de cargo del Banco de España califica de "falta de prudencia del director general", estimando que podría causar "un grave daño" en la integridad patrimonial de la Caja, se sabe ya que el descubierto de la citada empresa ascendería a 167.200.000 pesetas, que los expertos consultados estiman incobrables.

A esta grave situación se ha llegado, según el Banco de España, como consecuencia del movimiento de talones y disposiciones habido en la cuenta de Pescansa entre las fechas comprendidas entre el 23 de abril y el 5 de mayo, al recibir la Caja Rural once talones del Banco de Bilbao por importe demás de 101 millones de pesetas. Estos talones fueron inicialmente adeudados en la cuenta de Pescansa para, posteriormente, ser devueltos al Banco de Bilbao a medíados del mes de mayo, no aceptando la devolución al haber excedido el plazo normalmente admitido. La citada entidad requirió notarialmente a la Caja Rural para que se hiciera cargo de los once talones, lo que hasta el momento no se ha producido.