Las pérdidas del INI

El vicepresidente del INI ha respondido hace unos días, en EL PAIS, a críticas recientes sobre el funcionamiento de la empresa pública. Las ideas por él expuestas, que en general comparto, me sugieren algunas precisiones acerca de las tan cacareadas pérdidas de este tipo de sociedades.El INI participaba, el 31 de diciembre de 1980, en 79 empresas, que pueden clasificarse en los tres grupos siguientes:

a) Cuarenta y siete sociedades promovidas por el Instituto, respondiendo a las políticas trazadas por los sucesivos responsables en sus cuarenta años de actividad.

b) Veinticinco empresas en las que ha tenido que participar, por imposición del Gobierno de cada día, para tapar "agujeros" de la empresa privada o para promover acciones en el extranjero sin justificación económica propia.

c) Tres bancos, dos empresas de comercio exterior, una de producción de energía eléctrica y la agencia Efe (en 1,as que es muy minoritario y sin apenas influencia en su gestión).

En ese año de 1980 los resultados de las 79 empresas ascienden a 99.000 millones de pesetas de pérdidas, que llegarían a 109.000 millones si se descuentan los beneficios de las sociedades del grupo c), que el INI no gestiona y de los que le corresponde sólo una parte pequeña.

Tiene interés, sin embargo, analizar someramente el comportamiento de las empresas de los grupos a) y b).

En el primero de ellos (47 empresas) hay 33 sociedades que han producido beneficios; cinco, en diversas circunstancias, han dado resultados nulos, y nueve han tenido pérdidas considerables (Seat, Ensidesa, Enasa, Iberia, Potasas, Mevosa, Endasa, Secoinsa, Minas de Almagrera). Entre estas últimas, sin embargo, hay cinco en la automoción, la siderurgia y el transporte aéreo, que se encuentran en situación parecida en otros países o en el sector privado. Sin ellas, los beneficios de las 42 empresas restantes habrían ascendido a 20.000 millones de pesetas.

En el grupo de veinticinco empresas en las que el INI participa por orden del Gobierno para salvar los desastres de la empresa privada se producen unas pérdidas de 75.000 millones, con sólo una sociedad dando beneficios (Lactaria Española, S. A., por cierto saneada por el Instituto en pocos años).

Es evidente que los desastres económicos del grupo INI se centran en los desechos de la empresa privada, que ha tenido que recoger por orden de distintos Gobiernos, y en algunos sectores en crisis estructural en todo el mundo, pero quizá necesarios para la economía (siderurgia, automoción, transporte aéreo). Puede afirmarse, pues, que los resultados económicos no condenan globalmente el funcionamiento de la empresa pública, sino el mal uso que de ella hacen los sucesivos gobiernos. La intervención coyuntural de éstos es criticable en muchas ocasiones; se habría hecho, sin embargo, de una forma u otra, existiera o no la empresa pública.

Parece importante distinguir la mayor o menor eficacia y necesidad de la intervención del Estado en la economía de un país por medios diversos, de la posibilidad de que las empresas propiedad de la comunidad sean administradas igual o mejor que las privadas. La media docena de ex ministros que todavía presiden empresas públicas (incluido el señor Sancho Rof) no permite referirse, como hace un reciente editorial de EL PAIS, a su "vergonzante función como asilo de ex ministros y políticos caídos en desgracia", para satisfacción de los nadadores en las poco claras aguas del neoliberalismo doctrinario.

Quedan en pie, sin embargo, las muchas críticas que pueden hacerse a la gestión del INI en el pasado, ya que estuvo cargado de todas las taras de funcionamiento de la dictadura. En la década de los setenta, el Instituto mejoró mucho en relación con el período anterior; pero los primeros gobiernos democráticos no le han llevado todavía a las cotas de eficacia que debiera alcanzar. El INI no es tan desastroso como quisieran muchos, pero no es aún el organismo a que apuntamos los socialistas.