El Banco de España ha redactado un extenso pliego de cargos contra los directivos de la Caja Rural de Santander

La Caja Rural de Santander anunció anteayer que, a instancias de su consejo rector, el Consorcio Nacional de Cajas Rurales "ha aceptado intervenir nuestra entidad". Esta medida se produce 72 horas después de que los directivos recibieran notificación de¡ extenso pliego de cargos establecidos por el Banco de España por presuntas irregularidades cometidas en su gestión y al objeto de determinar Ias responsabilidades pertinentes, con aplicación de las sanciones que correspondan". Además de este expediente contra consejeros y dirección, el Banco de España ha abierto otro contra la entidad Caja Rural, pendiente ya de resolución en el Ministerio de Economía.

La decisión del Banco de España de instruir expediente al presidente, consejeros y director general de la caja santanderina fue tomada el 31 de julio pasado. El retraso de más de seis meses se ha debido, al parecer, a que no existía constancia en el Banco de España de la composición del consejo de la Caja de Santander. La relación de consejeros fue entregada, finalmente, el día 22 del presente mes, sin que se conozcan las razones de ese retraso. Una difícil explicación, máxime cuando las cajas rurales tienen obligación legal de notificar la modificación de sus consejeros rectores, que deben ser refrendados por el Banco de España.En el pliego de cargos se contemplan infracciones ya denunciadas por la llamada "comisión de seguimiento de las irregularidades de la Caja Rural", integrada por partidos políticos, sindicatos y organizaciones ganaderas, que no habían trascendido a la opinión pública. Entre ellas, destaca el descubierto de más de 58 millones de pesetas en la cuenta de Pescados del Cantábrico, SA (Pescansa), situación que el informe del Banco de España achaca a la "falta de prudencia del director de la Caja", Tomás Mier, con lo que ha dado lugar a que ésta pueda sufrir "un grave daño en su integridad patrimonial".

El pliego de cargos se inicia reseñando el incumplimiento de la dirección de la Caja del requerimiento del Banco de España para que se informase a la asamblea de socios cooperativos del resultado negativo del balance de 1980, estimado en 63.300.000 pesetas de pérdidas. Por el contrario, Tomás Mier hizo aprobar las cuentas con un balance manipulado de 25.900.000 pesetas de ganancias, estimando el informe del Banco de España que la desobediencia cometida "se encuentra entre las infracciones consideradas graves".

Entre los casos de política crediticia irresponsable por parte de los directivos de la Caja Rural de Santander destaca la empresa industrial no agraria Cauchos Maries, SA, con riesgos por un importe total de 85 millones de pesetas, sin que se haya establecido procedimiento judicial para recuperar sus fallidos. En concreto, el Banco de España solicitaba que se garantizara el cobro de esas cantidades y, si era preciso, se llegara al procedimiento judicial. Dos meses más tarde, la Caja Rural contestó que, aun asumiendo esas observaciones y compartiendo su preocupación, "obstáculos de verdadera importancia no nos han permitido seguir adelante hasta el momento". "Los hechos anteriores", se dice en el pliego de cargos, "entrañan una gestión peligrosa para la integridad patrimonial de la Caja, de la que aparecen como responsables, a título personal, el presidente, consejeros y director general de la entidad por su participación en los mismos".

Pago de extratipos

Otro cargo contra los directivos de la Caja Rural se centra en el pago de intereses superiores a los máximos reglamentarios durante el trienio 1977 a 1979 con cargo a cuentas ficticias, como la suscrita a nombre de la cooperativa de Ajo-Bareyo, en tomo a la cual hay en curso una querella por estafa y falsificación de documentos contra el director general de la Caja,, Tomás Mier. El ocultamiento de los pagos de extratipos les ha permitido, además, según el Banco de España, falsear los resultados obtenidos en los años 1977, 1978 y 1979, así como la situación patrimonial de la entidad.

La primera inspección del Banco de España en la Caja Rural de Santander se desarrolló entre los meses de febrero y marzo de 1981. Para entonces ya había los primeros enfrentamientos de la dirección con algunos hombres de confianza, que se negaban a firmar balances falseados o a avalar créditos que resultaron fantasmas.

El Banco de España intentó llevar el proceso a la caja en silencio, buscando su recuperación. Sin embargo, la implicación en algunas de las irregularidades del diputado y líder agrario Justo de las Cuevas, que utilizaba sus influencias políticas para la obtención -él, sus familiares y socios en la construcción- de créditos por valor de varios cientos de millones de pesetas a interés preferente, hicieron saltar el tema, publicado por primera vez en Hoja del Lunes el 8 de junio de 1981. El cese fulminante de su director, el silenciamiento de la otra Prensa local a excepción de La Gaceta del Norte , controlada por el sector centrista de Justo de las Cuevas, que incluso obligó a publicar desmentidos a afirmaciones del vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, García Díez, o del gobernador del Banco de España, Alvarez Rendueles, y la permanencia de las actuaciones irregulares en la actuación del equipo directivo de la entidad rural, fueron deteriorando su situación, considerada ya como dramática.

En este tiempo, la Caja santanderina ha sido noticia constante por actuaciones calificadas por las centrales sindicales como "terrorismo empresarial", ya que algunos de sus consejeros han sido condenados por amenazas a miembros del comité de empresa, y el propio director general, Tomás Mier, el hombre de Justo de las Cuevas en la entidad agraria (aunque una gran parte de sus créditos actuales hayan sido desviados hacia negocios de construcción), tiene que responder ante el juzgado por un presunto delito de estafa y falsificación de cheques.