La empresa pública en España: asignatura pendiente

Muy a menudo aparecen en distintos medios informativos o se exponen en foros de opinión furibundos ataques contra la empresa pública basados en unos cuantos tópicos, tras los que suelen esconderse no pocos intentos de impedir que resulten lesionados determinados intereses. Por desgracia, el ataque indiscriminado es mucho más habitual que la crítica concreta, basada en el análisis de los datos reales y el conocimiento objetivo de lo que es en esta coyuntura histórica la conducta del sector público empresarial.En este sentido, el artículo publicado en EL PAÍS el domingo día 10 de enero no debería sorprender si no fuera por la personalidad de sus autores: tres profesores universitarios integrantes del colecctivo Arturo López Muñoz, que se han distinguido en el pasado por el estudio riguroso de todo lo concerniente a la empresa pública. Y si bien es verdad que la crítica casi nunca se agradece, hay que reconocer, que es deseable siempre y cuando lsefundamente en datos ciertos y no sesgados. En caso contrario puede inducir a la creencia de que, en lugar de buscar un objeto constructivo, lo que se persigue es perpetuar su característica de -para muchos- auténtica "asignatura pendiente".

Las tesis del artículo "La empresa pública en España: ese oscuro objeto de desgobierno" -brillante adaptación de la cinematografía buñueliana- contiene cuatro críticas fundamentales:

1. La EP parece destinada a acumular cuantiosos déficit, qué se multiplican en los últimos años.

2. La EP ha renunciado a cualquier protagonismo en el futuro de la economía española o en el desenlace de la crisis.

3. La estrategia seguida en la adquisición de participaciones y absorción de activos contribuye a acentuar el carácter endémico de "asílo de empresas desahuciadas" que se atribuye al Instituto Nacional de Industria (INI).

4. En la designación de cargos ejetutivos para gestionar la EP no se observan cambios, persistiendo las "viejas prácticas" rechazables.

Una visión diferente

En base a estos cuatro enunciados, y dado que se sugería la apertura de un amplio debate, me propongo aportar otra visión -espero que más exacta- respecto de la realidad actual de la EP.

1. Las pérdidas de las empresas públicas. A la hora de juzgar los resultados de la EP en España hay que tener en cuenta muchos factores, entre los que destacaría como básicos:

a) La preserícia del INI en sectores básicos de la economía (siderurgia, construcción naval, grandes bienes de equipo, automoción, etcétera) es origen y causa de acumulación de importantes déficit, que no son precisamente privativos del caso español, desde el inicio de la crisis económica actual.

b) La comparación de los ratios de pérdidas por facturación hombre empleado y/o tonelada producida presenta, por lo general, un saldo favorable para las empresas del INI situadas en los sectores básicos en crisis respecto de las que, sean públicas o privadas, pueden considerarse homónimas en Francia, el Reino Unido e Italia, por citar tres ejemplos europeos.

c) Los criterios de amortización de las empresas del INI son ortodoxos, se ajustan a las disposiciones legales y se aplican de forma consistente, con independencia de los resultados de explotación de cada año. Durante los tres últimos ejercicios, y piara las empresas siderúrgicas, astilleros y mineras, las amortizaciones han representado como media el 4,5%, 5,1% y 6,7% de los inmovilizados material e inmaterial. Pese a las importantes revalorizaciones de activos realizadas al amparo de la legislación vigente, la amortización acumulada representaba al final del ejercicio de 1980 porcentajes del 32,9% en Hunosa, 35,3% en Ensidesa y, 42,6% en Astilleros Españoles, SA.

d) Es absolutamente incierto afirmar. que las empresas de los mencionados sectores pertenecientes al INI multiplican sus pérdidas en los últimos años. Por el contrario, sus déficit de explotación tienden a estabilizarse en función del grado de vigencia y cumplimiento de los respectivos planes de reestructuración y ajuste.

Me parece, en cualquier caso, sumamente intencionado insistir en la idea de que los distintos estamentos y colectivos implicados en las empresas en crisis sectorial se limitan a sobrevivir vegetativamente, sin aportar esfuerzo alguno a garantizar, dentro de unas circunstancias dramáticamente desfavorables a nivel mundial, la progresiva racionalización de sus procesos productivos, financieros, comerciales y, en definitiva, todo lo relacionado con su gestión.

El verdadero papel de la empresa pública,

2. Papel de la EP en el futuro de la economía española. Afirmar que la EP ha renunciado a cualquier protagonismo en el futuro de la economía española es totalmente injustificado. Podría bastar, para corroborarlo, reproducir textualmente algunas de las muchas afirmaciones, juicios o campañas que suelen desatarse condenando la lesiva expansión de la EP en sectores muy determinados.

El volumen de inversión global del INI ha evolucionado en los últimos años, con aumentos muy significativos. De 155.000 millones de pesetas en 1980 se pasó a 198.000 millones en 1981 y se proyecta invertir 239.000 millones en 1982. Este incremento, unido al retraimiento de la inversión privada en el mismo período, ha motivado un importante crecimiento del porcentaje que corresponde a las EP en el conjunto de la inversión del país.

En el sector energético, que no está precisamente al margen de las competencias del INI, se invertirán este año 114.000 millones de pesetas, lo que supone un 47% de la inversión total. Ello corresponde a sectores tan importantes como la minería energética, el sector eléctrico y las nuevas fuentes de energía, cuya importancia dentro del grupo INI parece desconocerse, al confundir el apartado exclusivo de los hidrocarburos -hoy transferidos al INH- con el sector energético.

Pero señalar tal o cual volumen de inversiones, por importante, que éste sea, quiere decir muy poco. Lo fundamental suelen ser los criterios en base a los cuales se proyectan y deciden esas inversiones. Y, para ello, el INI cuenta desde 1980 con la formulación de un plan estratégico que define los criterios de actuación del grupo a medio y largo plazo, con unos objetivos que, básicamente son:

a) Adaptar costes y niveles de productividad a los de la concurrencia, con especial atención a la CEE.

b) Mejora permanente de la gestión, con implantación progresiva y rigurosa de mecanismos de planificación y control.

c) Especial preocupación por mantener el mayor nivel de empleo compatible con la viabilidad empresarial.

d) Dedicación primordial a la generación de nuevas actividades y al desarrollo tecnológico.

e) Incremento de la capacidad de exportación, que ya supera el 20% de la facturación total del grupo.

La asignación -en 1981- de más de 9.000 millones de pesetas a actividades. de investigación y desarrollo por las empresas del grupo INUI pone de manifiesto que no existe renuncia de protagonismo. Por el contrari se trata de un esfuerzo apreciable encaminado a acometer, en el marco de la economía de mercado que reconoce la Constitución, el principio de iniciativa pública que el propio texto constitucional consagra.

En idéntica línea cabe situar los esfuerzos desarrollados para lograr una mayor internacionalización del grúpo INI mediante la búsqueda de soluciones, proyectos y acuerdos que permitan garantizar la viabilidad de sectores comprometidos por imperativo de las economías de escala u otros motivos, y en otros casos, desarrollar o incluso iniciar actividades de claro futuro, cuya prosperidad se intuya garantizada en el nuevo orden económico internacional que la salida a la crisis reclama.

Opción política

En cualquier caso, el protagonismo que deba córresponder a la EP en la economía española vendrá determinado por la voluntad política resultante del veredicto electoral sucesivo. Eso es algo que corresponde determinar a los legítimos representantes de la sociedad en el contexto democrático: el Parlamento y el Gobierno derivado de su composición. En modo alguno puede ser imputable a los gestores de la EP, a menos que incumplan las oportunas directrices y acuerdos, incurriendo entonces en la correspondiente responsabilidad.

3. Adquisición de participaciones. No parece que cuando el INI se hace cargo de una participación en una empresa en crisis pueda hablarse de estrategia. Al revés. Los ejemplos citados de AHM, Grupo Alvarez o Minas de Figaredo prueban que el ingreso de empresas enfermas, y por lo general, desahuciadas, en el grupo INI se produce a partir de decisiones del Gobierno, respaldadas entusiásticamente por partidos, centrales sindicales y sectores económicos privados del país. En todos los casos, la actitud del equipo directivo del INI ha sido de rechazo sistemático, aunque con el lógico acatamiento a las motivaciones de cada decisión gubernamental. Puedo asegurar que una lista de peticiones, insinuaciones y ofertas al Gobierno para, que el grupo INI participara en empresas en dificultades rebasaría cumplidamente los límites de este artículo... y alguno más.

Aunque en los dos últimos años al INI no se le ha traspasado ninguna empresa en dificultades, no recuerdo que se haya presentado en el Parlamento interpelación o pregunta al Gobiermo solicitando los motivos por los que se tomaron en su día decisiones integradoras. Sí recuerdo, en cambio, varios casos en los que se ha solicitado que el INI se hiciera cargo de empresas privadas de dudosa viabilidad.

En los dos últimos años, en cambio, el INI ha propuesto voluntaria y espontáneamente al Gobierno la creación de varias sociedades en sectores de importancia: carbón (Carboex), energía solar (Inisolar) o el más reciente de la Empresa Nacional de Innovación. Esto sí puede afirmarse, que responde a una determinada estrategia, encaminada a compensar, mediante el desarrollo de nuevas actividades, el importante peso de la crisis que al grupo INI le ha correspondido soportar.

4. Designación de cargos ejecutivos. Este suele ser, sin duda, el aspecto más llamativo del proceso crítico a la EP. Es corriente afirmar que las empresas del INI constituyen un refugio para ex ministros. Y lo primero que hay que aclarar es que, de las 75 empresas en las que el INI participa directamente, sólo seis cuentan con un presidente de tal condición. Por cierto que la mayoría de esas seis sociedades alcanzaron beneficios en 1981.

Pero incapacitar a una persona por haber ocupado asiento en el Consejo de Ministros es, cuando menos, una frivolidad. Es tanto como descalificar sistemáticamente a nuestros dirigentes por el hecho de serlo o haberlo sido. Un deporte nacional que no tiene parangón en los países democráticos, en los que suele aprovecharse la experiencia de esas personas para cubrir puestos en defensa de los intereses públicos.

Al margen de las anécdotas que tienen un poco de connotación política, me parece obligado realizar una defensa sin paliativos de los hombres que rigen las empresas del INI en puestos directivos de máxima responsabilidad.

Al frente de las empresas del INI se encuentran, en abrumadora mayoría, hombres que ocupan esos puestos por su capacidad de gestión, previamente demostrada, en el sector privado o, más frecuentemente, en niveles inferiores de las empresas del grupo. No son, desde luego, ni el favoritismo político ni, la adscripción a un determinado partido los criterios que se utilizan para nombrar presidentes, consejeros delegados y directores generales. Cuentan, como es normal en un planteamiento empresarial, la capacidad personal, la experiencia y la adecuación al puesto. Y no me resisto a aportar un dato elocuente: no más allá de siete de los actuales presidentes de las 75 empresas del grupo INI tienen actividad política conocida, y algunos incluso la han iniciado con posterioridad a ser nombrados para el cargo que ocupan.

Ello no obsta para que continúen proliferando las recomendaciones; pero una filtración de las que son desatendidas causaría asombro, por número y procedencia, en más de uno de los que tanto critican esa inexistente politización de los nombramientos.

Debe, quedar, claro que las empresas públicas están hoy gerenciadas por profesionales, con unos grados de capacidad y dedicación que, desgraciadamente, no pueden ser retribuidos con arreglo a los baremos existentes en el sector privado. Lo que no obsta para que en ocasiones cometan errores, pero que -sin acudir a comparaciones, siempre odiosas- poseen una categoría y nivel profesional equiparable a los de quienes ocupan puestos gerenciales en el, séctor privado.

Conclusión

No quisiera concluir sin mencionar dos aspectos más de la realdad de la empresa pública española que, aunque en cierto moda ajenos a su gestión, me parecen fundamentales para entender el momento actual.

El primero es negar rotundamente que el grupo INI constituya un obstáculo para la necesaria reconversión industrial. Al contrario, es el sector empresarial público, y especialmente el INI, el directo protagonista de un notable esfuerzo por amortiguar los efectos de una crisis de magnitud insólita en nuestra reciente historia, recogiendo frecuentemente las consecuencias de unas decisiones en las que no le cupo ninguna responsabilidad.

El segundo, y para mí más importante, destacar que trabajadores y sindicatos vienen realizando en el ámbito de las empresas públicas, un esfuerzo crucial. Son nu merosos los ejemplos de colectivos y dirigentes sindicales que han comprendido y asumido la necesi dad de llevar a cabo importantes sacrificios, que resultan insólitos en otros colectivos, cuya dedicación, responsabilidad y eficacia sí que deja mucho que desear.

Es cierto que en España no contamos todavía con las empresas públicas eficientes que nos gustaría tener, como tampoco hemos alcanzado los niveles necesarios en tantas otras actividades públicas y privadas. Pero la obligación de los que tenemos responsabilidades en este campo consiste en acometer sin reservas el esfuerzo de mejorar nuestras empresas públicas, proceso en el que precisamos las críticas, la comprensión y la ayuda de todas las fuerzas económicas, sociales y políticas del país.