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Editorial:

Gibraltar, un principio de acuerdo

LAS CONVERSACIONES del presidente del Gobierno español y de la primera ministra británica en torno a Gibraltar han concluido con un principio de acuerdo que ofrece una alternativa razonable al callejón en el que la diplomacia franquista había situado, desde la decisión adoptada en 1969 por el ministro Castiella, el conflicto del Peñón.La opinión pública española es unánime a la hora de reivindicar el territorio gibraltareño y denunciar las abusivas interpretaciones del Tratado de Utrecht realizadas por el Reino Unido. Las razones de Estado que impulsaron al Imperio, necesitado de la llave del Estrecho para proteger sus intereses coloniales y asegurar la superioridad marítima de su armada, a sobreponer la conservación de la Roca a cualesquiera otras conveniencias han pasado, sin embargo, a los recuerdos de la historia. Gran Bretaña es además, hoy, un país amigo, y las viejas rivalidades de la era preindustrial en pos de la expansión colonial o la hegemonía europea poco significan ya, por mucho que los profesionales de la retórica sigan parloteando sobre la pérfida Albión o la Armada Invencible. La recuperación de las libertades por la sociedad española y el refrendo popular de la Monarquía parlamentaria y constitucional han echado por tierra los argumentos o los pretextos de la democracia británica para no entregar a la población gibraltareña a un régimen dictatorial históricamente asociado a las potencias del Eje derrotadas en 1945. Ahora bien: que existan todas las condiciones necesarias para la recuperación por España de Gibraltar no implica que el calendario, los métodos y las formas de ese tránsito puedan ser impuestos sin negociación por nuestra diplomacia.

El valor geoestratégico del Peñón ha quedado alterado sustancialmente por las armas nucleares, los cohetes de largo alcance y la alteración de los escenarios clásicos de la guerra. El Imperio inglés fue desmontado después de la segunda guerra mundial y el Reino Unido ha unido sus destinos como potencia media a los planteamientos estratégicos de la superpotencia americana y al proyecto de una Europa unificada. El valor militar del Peñón ha quedado, pues, mermado y el Reino Unido es ya sólo una pieza más en el abigarrado puzzle de la defensa occidental, a la que España se incorporará en el plazo de pocos meses, tras su integración en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Nada parece interponerse, en el terreno de los intereses militares y defensivos, a la desaparición de esa anomalía geográfica y de ese anacronismo histórico, con caracteres de ofensa, que significa la ocupación por el Reino Unido de un trozo de suelo español.

La prolongada permanencia del Peñón en los dominios del Imperio ha creado una situación imposible de ignorar en lo que respecta a la población asentada en su territorio. Lo que fuera en un principio sólo refugio para una guarnición militar abrió luego sus puertas a una colonia de comerciantes y profesionales que terminaron constituyendo un grupo civil con características peculiares, resultado de un cruce de poblaciones y culturas diversas, pero orgulloso de su propia especificidad. Esos veinte mil llanitos, gobernados por una Constitución especial y deseosos de adquirir la plena: ciudadanía británica, constituyen, de ahora en adelante, el verdadero obstáculo que España tendrá que sortear para recuperar la soberanía territorial del Peñón. El unánime deseo de los españoles de que la bandera nacional ondee en Gibraltar no puede satisfacerse a costa de expulsar de ese territorio a una población que lo habita desde. su nacimiento y que tiene a sus antepasados enterrados en su suelo. El cierre de la verja en 1969 constituyó una de las más lamentables medidas de nuestra política exterior, ya que unió a su inutilidad, probada a la hora de conseguir el objetivo previsto, la inhumanidad de la medida y el desastroso efecto de que la sanción se volviera contra los intereses españoles y perjudicara a los trabajadores del Campo de Gibraltar. Las positivas consecuencias que el restablecimiento de la democracia en España hubieran podido tener para desvanecer los temores de los llanitos quedaron contrarrestadas por el rencor ante el cierre de la única frontera terrestre de Gibraltar -que durante mucho tiempo estuvo acompañado de un bloqueo general de las comunicaciones-, la necesidad de improvisar un sistema de sustitución de la mano de obra españolay el cese de los ingresos por turismo procedentes de nuestro país.

El acuerdo de ayer en Londres pone fin a una situación tan anormal como contraproducente. Los trabajadores españoles que vuelvan a prestarsus servicios en Gibraltar no dispondrán de las garantías de las que gozan los ciudadanos pertenecientes al Mercado Común hasta que nuestro país ingrese en sus instituciones, pero recibirán seguridades de que sus derechos laborales serán respetados. La recuperación de Gibraltar por España no sólo exige un entendimiento con el Reino Unido, tal vez favorécido en el futuro por la pertenencia de los dos países a la Alianza Atlántica y a la Comunidad Europea, sino que precisa también un esfuerzo de aproximación con los llanitos y una negociación que asegure a los habitantes históricos del Peñón fórmulas flexibles de autogobierno. Con las amenazas sobre Ceuta y Melilla en el horizonte, España está obligada a derrochar imaginación, buena voluntad e inteligencia en el tratamiento dado al conflicto del Peñón. La apertura de la verja es sólo el primer paso de un futuro todavía no esclarecido, y la pertinacia británica en sus actitudes coloniales no debe ser menospreciada por los negociadores españoles. El solo hecho de que sea Londres, y no Madrid, el lugar del anuncio del desbloqueo es un aviso respecto a la necesidad de no reemprender caminos equivocados, que han retrasado durante lustros la solución de un problema enarbolado, tan demagógica como estúpidamente, por la dictadura para exaltar un nacionalismo vacuo de este lado de la verja, que sólo logró animar un nacionalismo exaltado y exaltante del otro lado de la raya. El Gobierno debe, por lo mismo, comprender que han quedado ya lejos los tiempos en que el Peñón era una de las tres llamadas reivindicaciones españolas. Era, y es, exclusivamente un problema a resolver con dignidad e inteligencia. Ni más ni menos. Y no se debe pagar por ello un precio abusivo a nadie.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de enero de 1982