La justicia requiere un ambicioso plan de modernización, según Gonzalo Casado

Durante el año que ha finalizado, la justicia ha afianzado su imagen de independencia, pero requiere un ambicioso plan de modernización, ha manifestado, a preguntas de Efe, Gonzalo Casado Herce, portavoz y miembro del Consejo General del Poder Judicial.«El Consejo», añadió Casado Herce, «como órgano de gobierno del tercer poder del Estado, que reside en los jueces y magistrados españoles, ha querido, durante el año que ha finalizado, entre sus cometidos específicos que le asigna su propia ley orgánica constituyente, asumir ante la sociedad española el protagonismo que histórica y constitucionalmente corresponde a la justicia, afianzando su imagen de independencia».

«La creación constitucional del Consejo», agregó el portavoz del mismo, «como moderno instrumento de gobierno de este poder del Estado, debe, entre otras cosas, llamar la atención de los otros poderes del mismo Estado para que se afronte definitivamente, sin cicaterías ni criterios de simple parcheo presupuestario, un ambicioso plan de modernización de la justicia, que está anclada en medios literalmente decimonónicos, como corresponde a un servicio básico del Estado, sin duda el más alejado de todos, en cuanto a equipamiento e infraestructura se refiere, de los niveles exigibles en un moderno Estado de derecho».

Apoyo total

«No podemos olvidar», afirmó más adelante, «que la justicia está recibiendo apoyos morales sin precedentes históricos. Así lo han hecho la Corona y los principales grupos parlamentarios con implantación a nivel de Estado. Han apoyado sin reservas su mecanismo constitucional de autogobierno, y ahora nos queda la vía esperanzada de las realidades concretas que rompan la secular postergación de la justicia». «Por último», dijo Gonzalo Casado Herce, «cuando se apunta desde algunos sectores la supuesta fragilidad del régimen de libertades y del naciente Estado social y democrático de derecho que el pueblo se ha dado a sí mismo, debe reforzarse el mecanismo de atención prioritaria a la justicia, como tema de Estado y por encima de legítimas contingencias electoralistas inherentes al sistema pluralista del régimen actual».