La Sociedad de Aguas de Barcelona puede haber cobrado indebidamente 200 millones

La Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB), suministradora de agua a la mayor parte de la población de la Ciudad Condal y su cinturón industrial, habría obtenido de sus usuarios más de doscientos millones de pesetas mediante el cobro indebido de un impuesto sobre el tráfico de empresas. Por el contrario, la citada sociedad no ha podido demostrar que ingresara en Hacienda el importe de este impuesto.

En realidad, difícilmente podría la Compañía de Aguas ingresar este importe en Hacienda, por cuanto desde julio de 1977 la venta y distribución de agua no envasada está exenta del mismo.El cálculo de los doscientos millones de pesetas cobrados indebidamente resulta de calcular el agua industrial que suministra la SGAB, según datos de sus propias memorias. Estas irregularidades de la Compañía de Aguas se han puesto de manifiesto en el curso de las actuaciones que el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Barcelona lleva a cabo a raíz de una querella interpuesta contra la SGAB por haber aumentado sus tarifas en conceptos sobre los que el Gobierno Civil de Barcelona no autorizó incrementos.

En las actuaciones contra la SGAB se han personado como parte tanto diversos usuarios como la Organización de Consumidores y Usuarios de Cataluña (OCUC). Esta última organización también ha denunciado, en escrito dirigido al juzgado, presuntas irregularidades en el cobro de los mínimos de consumo.

En la querella contra la SGAB se denunciaba la existencia de presuntos delitos de estafa y desobediencia por unos 230 millones de pesetas (véase EL PAIS de 24 de diciembre de 1981). Las penas que corresponderían a los responsables de dichos delitos serían las de presidio y arresto mayor, con multas de 20.000 a 100.000 pesetas.

El presidente del Consejo de Administración de la SGAB es Ricardo Fornesa Ribó, quien, a su vez, lo es de la corporación financiera AGBAR, grupo de más de cuarenta empresas que se agrupan en la órbita de la SGAB.

Ricardo Fornesa es también secretario general de la Caja, de Pensiones para la Vejez y de Ahorros (La Caixa), entidad que habría patrocinado préstamos a la SGAB y a algunas de sus filiales por valor de más de 3.000 millones de pesetas.

Ahora, un año después de presentada la querella, se ha puesto de manifiesto, a través de facturas de suministro de agua que obran en poder del juzgado, que la SGAB cobró desde julio de 1977 al segundo trimestre de 1981 cantidades en concepto de ITE servicio (un 2,77% o un 2,78%, según los casos). Este cobro resulta cuando menos sorprendente, por cuanto un real decreto de fecha 2 de junio de 1977 dejaba exentas de dicho impuesto «la venta, entrega y transmisión de agua mineral o potabilizada, siempre que no se encuentre envasada y con marca». Coincidiendo con las investigaciones judiciales, la SGAB ha dejado de cobrar este importe del ITE en el tercer trimestre de 1981.

Préstamos a sociedades

En medios financieros se destaca la difícil situación por la que atraviesa la SGAB. Esta situación estaría relacionada con los préstamos que esta sociedad ha debido realizar a sociedades de su propio grupo y, en especial, al denominado Consorcio de Abastecimiento de Aguas del Río Llobregat, Sociedad Anónima, por valor de miles de millones de pesetas. Este consorcio es, en realidad, una sociedad filial más de la SGAB, en la que tienen participación diversos ayuntamientos. Su principal actuación ha sido la construcción de una planta de tratamiento de aguas en el término municipal de Abrera (Bajo Llobregat).Esta planta fue construida ilegalmente, y sobre ella pesa una propuesta de derribo por parte de la Comisaría de Aguas del Pirineo Oriental.