La sociedad española ante el paro

España está hoy preocupada obsesivamente con la consolidación de la democracia liberal. Contra lo que muchos piensan, esta consolidación no depende de declaraciones y maniobras políticas, sino de la capacidad del sistema para resolver nuestros problemas básicos. Pocos más fundamentales que el problema del paro. Pocos también donde, al abrigo de medias palabras y medias acciones, puedan crearse malentendidos y frustraciones más peligrosas para las libertades públicas.Los malentendidos surgen de que la clase política utiliza dos lenguajes. Uno de uso interno y otro cara al público. En el discurso interno muestra las cosas como se imagina que son. En el discurso público presenta la imagen precisa para atraerse votos. La gobernabilidad del sistema depende del grado de desajuste entre esos discursos y, sobre todo, de la distancia en que uno y otro estén de los sentimientos dominantes de la sociedad civil.

El discurso interno de la clase política oscila en torno a tres ideas: 1. La economía española está abocada a tiempos muy difíciles, y la reducción de oportunidades de trabajo es irreversible. 2. Ello se debe, sobre todo, a una crisis profunda y duradera del sistema económico, de envergadura mundial; y 3. La salida de esta crisis (y la contención del proceso de pérdida de puestos de trabajo) pasa por una reactivación de la economía de mercado, con un papel asignado al sector público en tanto que catalizador de esa reactivación.

¿Cuál es la posición de la sociedad civil? A finales de 1979 la fundación FIES, en una encuesta, preguntó a 5.000 cabezas de familia (con predominio de hombres activos de más de veinticinco años). Los resultados (publicados en Papeles de Economía Española, número 8, 1981) manifiestan una divergencia inquietante entre el discurso interno de la clase política y los sentimientos de la sociedad. Según éstos, la sociedad: 1. No ha ajustado sus expectativas a la crisis económica y no está preparada para encararse con un horizonte de dificultades de muchos años. 2. Se resiste a atribuir la causa del paro a una crisis económica, y hace a la clase política y a la clase empresarial responsables de él; y 3. Pone sus esperanzas en un intervencionismo estatal de la economía, favoreciendo un mercado de trabajo intervenido y segmentado, con marginación de las gentes de edad y de las mujeres.

Hambre de trabajo

Que los parados tengan hambre de trabajo, y muchos de ellos estén dispuestos a aceptar trabajos de cualquier tipo, parece lógico. Que ello es así lo sabemos por la encuesta FIES-79. Según ésta, cuatro de cada cinco parados aceptarían un empleo menos cualificado del que tuvieron, un empleo con el salario mínimo, un trabajo eventual o a tiempo parcial. Dos de cada tres parados aceptarían un empleo con menos remuneración, un empleo en otra localidad e incluso un empleo sin Seguridad Social. Uno de cada dos parados aceptaría un trabajo en el extranjero.

Menos lógica o realista parece la actitud del conjunto de los cabezas de familia del país. Porque están en la disposición de ánimo de quienes cuentan con una demanda de trabajo que no existe. Sus aspiraciones se corresponden con los años de desarrollo de los sesenta y primeros setenta, y no se han reducido para ajustarse a la realidad.

En Francia, en 1978, SOFRES realizó una encuesta formulando la pregunta siguiente: "Se espera que en el plazo de unos diez años, gracias al progreso técnico, la productividad haya aumentado tanto que sea posible o bien trabajar la mitad de tiempo ganando lo mismo que ahora o bien ganar el doble trabajando el mismo tiempo... ¿Qué preferiría usted si tuviera la oportunidad de escoger?". Los franceses dijeron preferir trabajar menos y ganar lo mismo (55%) a trabajar igual y ganar el doble (32%). El contraste con España, donde se repitió la pregunta, es enorme. Los españoles invirtieron las preferencias: el 55%, dijo preferir ganar el doble trabajando lo mismo, y el 25%, trabajar menos ganando igual.

El salario medio español viene a ser entre 2/3 y 3/4 del salario francés, pero esta diferencia no explica ese contraste. Lo decisivo a este respecto es el sistema de percepción y evaluación de la realidad: la sensibilidad a la calidad del tiempo libre y el realismo en las posibilidades del momento.

El paro, ¿efecto de qué?

De la encuesta FIES-79 se deduce que la población española ve el paro como efecto del incumplimiento de una responsabilidad moral: la responsabilidad de la clase política y, algo menor, la clase empresarial del país. Un matiz importante: se atribuye más responsabilidad al conjunto de la clase política (índice 57: diferencia entre el porcentaje de respuestas que atribuyen/no atribuyen importancía a este factor), que al Gobierno (índice 41). También atribuye responsabilidad del paro a los abusos y a las imprevisiones de los propios parados y los emigrantes (índices 48 y 42).

En cambio, la población se resiste a hacer imputaciones causales del paro a la economía mundial, al juego de las fuerzas económicas, al mercado u otros factores impersonales (índice 33).

Probablemente todo esto ocurre porque la población entitride con dificultad el funcionamiento y la lógica del sistema económico. La lógica de la imputación causal de un efecto al funcionamiento de un sistema se le escapa. En su lugar utiliza la lógica de la atribución de responsabilidad moral a un sujeto. Corrobora este aserto el desconcierto que la población española parece sentir ante la pérdida de peso relativo de la agricultura en la economía del país, a la que, considerándola por lo demás responsabilidad de la mala política del Gobierno y la inercia de los propietarios, atribuye una importancia enorme en la génesis y el desarrollo del paro (índice 72).

Aunque la población haga responsable del paro a políticos y empresarios, y a los primeros más que a los segundos, espera más de aquéllos. Los resultados de la encuesta expresan un deseo generalizado de intervencionismo estatal: 1. De ayuda directa a la pequeña empresa (el 64% consideró esta medida como la más acertada). 2. De presión sobre las grandes instituciones financieras, bancos y cajas de ahorros, obligándolas a invertir (46%). 3. De intervención directa en forma de programas de obras públicas (38%); y 4. De inspección y control de abusos en la percepción del seguro de desempleo (34%).

Pero el deseo de una intervención estatal es aún mayor cuando se trata del mercado de trabajo. Aquí, la distancia entre el discurso interno de la clase política y la opinión de la sociedad civil es enorme. La clase política dice recelar de las barreras y las rigideces del mercado de trabajo; la sociedad civil pretende un mercado regulado y compartimentado. El modelo de la primera es una sociedad libre y una economía de mercado o mixta; el de la segunda, una sociedad y una economía casi corporativa.

La sociedad quiere que se distribuya el trabajo de modo que, ante todo, se asegure no el funcionamiento de la economía (37%), sino la satisfacción de las necesidades (63%). Pero ¿cómo distribuye estas necesidades? ¿Ve a todos con la misma necesidad? A la hora de distribuir trabajos y necesidades la población española discrimina, y dibuja el modelo ideal de una sociedad segmentada y jerarquizada donde un núcleo de trabajadores masculinos (y nativos) necesitan el trabajo más que una periferia de trabajadores mayores y mujeres casadas (y extranjeros). En consecuencia, la población manifiesta un interés secundario en políticas de distribución de empleo que desdibujen la diferencia entre núcleo y periferia, flexibilicen el mercado y universalicen las oportunidades de empleo, tales como las medidas de trabajo a tiempo parcial.

Dos rasgos merecen nuestra mirada atenta, aunque la imagen que resulte no sea agradable. No es agradable ver cómo las redes de solidaridad social, en tiempos de crisis, se quiebran por sus puntos más débiles. Nada menos que un 62% de la población pretende impedir el acceso al empleo de los mayores de sesenta años, al que se suma un 24% partidario de dificultárselo: cuatro de cada cinco cabezas de familia, decididos a lanzar a las gentes de edad al limbo, y no dorado, de la jubilación y del retiro. También cerca de un 60% quiere impedir o dificultar el trabajo de la mujer casada.

Qué cabe esperar de la clase política

La encuesta pone de manifiesto los límites de lo que se puede esperar de la sociedad civil. Esta sociedad alberga en su seno grandes valores, sentido común y sentimientos de solidaridad. Pero tiene también grandes limitaciones, tanto mayores y más visibles cuanto más graves; complejos y generales son los problemas con los que se enfrenta. En tales casos, la sociedad civil tiende a retraerse sobre sí misma y buscar seguridad en fórmulas aparentemente simples y en experiencias de sociedad preindustrial y de economía intervenida o casi corporativa.

¿Qué cabe esperar del discurso público y de la acción pública? ¿Qué cabe esperar que la clase politica haga a la vista de estos sentimientos de la sociedad?

La clase política cree que su tarea es convencer al país de que una opción centro-izquierda es preferible a una opción centro-derecha o viceversa. En realidad, tal como están las cosas, su tarea principal es convencer al país de que sus intereses últimos deben tener precedencia sobre sus intereses aparentemente más próximos.

La sociedad civil ve con dificultad sus intereses a medio y largo plazo. La clase política dice, y se dice, sólo a medias lo que vislumbra. Poco más y serán ciegos que conducen a ciegos. Y entonces sólo cabrá esperar de la benevolencia de los dioses que no hayan colocado el precipicio demasiado cerca.