UCD impidió la expulsión de un ingeniero expedientado por la Diputación

Manuel Bada, ingeniero director del Departamento de Vías y Obras de la Diputación Provincial, no pudo ser separado definitivamente del servicio, tal y como propuso el presidente de dicho organismo, José María Rodríguez Colorado, en un pleno celebrado ayer, por la abstención de los diputados centristas, ya que eran necesarios los dos tercios de los votos afirmativos. Sin embargo, es casi seguro que el señor Bada será suspendido de empleo y sueldo por el tiempo que le resta para acceder a la edad de jubilación, con lo que el resultado práctico será similar.Los expedientes administrativos contra Manuel Bada y Angel Llaguno, este último ingeniero habilitado pagador del mismo departamento, se incoaron el 27 de octubre de 1980. Al mismo tiempo se abrió un tercer expediente disciplinario común a ambos, y todos ellos basados en la supuesta ilegalidad del cobro de cantidades a los contratistas de obras, que ambos ingenieros ingresaban en dos cuentas abiertas en la Banca March y que posteriormente repartían entre todos los funcionarios del departamento, incluidos ellos mismos.

El Pleno celebrado ayer comenzó con la notificación a los diputados provinciales de una disposición del presidente, señor Rodríguez Colorado, también basada en las conclusiones de los expedientes administrativos, por la que se reclama a ambos ingenieros la cantidad de 27.948.213 pesetas, que es la cifra que llegaron a ingresar en las cuentas de la Banca March, proveniente de las percepciones supuestamente ilegales. Dado que al comienzo de iniciarse las investigaciones del expediente ya devolvieron 9.657.363 pesetas, la cantidad que tendrán que reingresar ahora a las arcas de la Diputación asciende a 18.274.600 pesetas.

A continuación se trató la propuesta de separación definitiva del servicio del señor Bada. José Borrell, en su calidad de juez instructor y portavoz del grupo de diputados socialistas, reiteró continuamente que UCD no tenía derecho a abstenerse en esta cuestión, en base a la idea de que la reforma de la Administración pública, el objetivo de acabar con situaciones de irregularidad protagonizadas por algunos funcionarios, no es cuestión del PSOE ni del PCE, sino de todos los grupos que componen la Diputación.

El portavoz del grupo de diputados de UCD, Emiliano Rodríguez, expuso a su vez que en la tramitación de los expedientes se habían dado una serie de situaciones poco claras, entre las que citó la imprecisión de la imputabilidad de la supuesta falta a los autores de la misma, la confusión legal que significa el que la Diputación abra expedientes por unos hechos que en cierta forma amparaba, por cuanto se conocían perfectamente los pliegos de condiciones de las obras, en los que figura que el contratista debe abonar un porcentaje de un 1,1% en concepto de replanteo y liquidación de obras, que era el que se apropiaban los ingenieros.

El portavoz socialista rebatió a continuación los argumentos anteriores en el sentido de que una cuestión es que no existan normas claras sobre la percepción de dichos porcentajes, y otra que se lo apropiaran los ingenieros, pues el espíritu de la actuación pública, en todo caso, consiste en que los beneficios reviertan a los fondos públicos. Al final del largo debate, la votación arrojó veintiséis votos favorables, uno en contra (el de Javier Menor) y veintiuna abstenciones, con lo que la expulsión del servicio del señor Bada fue rechazada. Sin embargo, es seguro que la comisión de gobierno acordará próximamente su separación "temporal" por el tiempo que le reste hasta su jubilación.