Hispanoil comenzará en enero a perforar en las concesiones de Guinea Ecuatorial

Hispanoil, a través de la empresa hispano-guineana Guineo-Española de Petróleos, SA (GEPSA), en la que participa al 50% con el Estado de Guinea Ecuatorial, comenzará el próximo enero a perforar en sus concesiones off shore en el citado país africano, después de haber concluido con esperanzas de éxito los estudios sísmicos previos. Por otro lado, las concesiones realizadas a GEPSA por el Gobierno de Malabo han provocado cierta polémica entre las multinacionales del sector, especialmente las francesas, que se quejan de los derechos preferenciales que puede recibir en el futuro esta compaña mixta.

VALVERDEHispanoil iniciará los trabajos de exploración una vez que llegue a aguas guineanas el equipo perforador que se ha contratado a tal efecto. Se trata de la plataforma Mariner 2, que ha estado realizado tareas del mismo tipo para Burmah Oil en la costa del país vecino, Gabón. Según fuentes consultadas por este periódico, Hispanoil piensa realizar tres sondeos seguidos en el plazo de seis meses, con los que se tendrá una buena idea del potencial de la costa guineana.

Primera concesión petrolera

GEPSA, una sociedad formada al 50% por los dos Estados a raíz del golpe de Estado que derrocó a Macías, recibió recientemente la primera concesión petrolera del Gobierno de Malabo en una zona de dos mil kilómetros cuadrados al norte de la Isla de Bioko, antigua Fernando Poo. La zona de la concesión se considera como muy favorable a las prospecciones de hidrocarburos, ya que se encuentra muy cerca de los pozos marítimos de Nigeria y Camerún.A toda esta zona se le atribuye un alto potencial petrolero y gasístico y ha estado cerrada a la exploración extranjera hasta esta primera concesión, debido a la extraña política que desarrollaba el anterior régimen. Tras el Golpe de estado de 1979, varias compañías extranjeras, entre ellas las norteamericanas Mobil, Gulf y Texaco y las francesas CFP-Total y Elf Aquitaine, han luchado para obtener concesiones en la isla y costa guineana, pero su éxito ha sido nulo.

El hecho de que la primera concesión se realizara a GEPSA, en unas condiciones que algunas multinacionales consideran beneficiosas, ha provocado cierta tensión en el mundo internacional de la exploración, aunque fuentes solventes han señalado que la política petrolera guineana persigue la diversificación en la concesión de derechos y que los permisos serán autorizados en estricto cumplimiento de los principios generales de reparto de la producción.

Ayuda preferentemente canadiense

Fuentes petroleras señalaron a EL PAIS que Guinea Ecuatorial ha recibido ayuda norteamericana y canadiense a la hora de elaborar su legislación petrolera, especialmente de la Societé Quebeçois d'Iniciatives Petrolifères (Soquip), una empresa bajo control del Gobierno autónomo de Quebec.Algunos medios han visto en esta ayuda una intervención indirecta francesa, pese a que muchas compañías multinacionales han señalado que, a juzgar por los primeros indicios, los más favorecidos por la misma pueden ser los intereses españoles.

Entre estos indicios que han llamado la atención se señala el hecho de que el Gobierno se reserva el derecho de determinar ciertas áreas de exploración como exclusivas del Estado o de la compañía que las autoridades seleccionen. Según las fuentes consultadas, la primera concesión a GEPSA se ha basado en este principio.

Beneficios a partes iguales

Bajo la licencia concedida a la empresa mixta hispano-guineana, Hispanoil deberá invertir 2.500 millones de pesetas (unos 24,5 millones de dólares) en la concesión durante los próximos tres años. Si GEPSA descubre petróleo, sin embargo, los beneficios del mismo deberán ser repartidos por igual entre los dos socios.Otro de los puntos controvertidos en la legislación guineana es el límite establecido en los permisos de exploración. Bajo las citadas normas, las concesiones tienen un límite de 2.500 kilómetros cuadrados, pero pueden ser reducidas, en algunos casos, a sólo 350 Kilómetros cuadrados. Asimismo, las compañías concesionarias deben obtener autorización gubernamental previa de los planes anuales presentados y deben entregar al Estado hasta un 10% de la producción obtenida.