La purga de Santiago

EL COMUNISMO español se ha transformado lo suficiente como para suavizar las formas de sus campañas de depuración, pero no tanto como para suprimirlas. La expulsión del Comité Central de seis destacados miembros de ese colectivo muestra que los hábitos de intolerancia son difíciles de eliminar. La circunstancia de que la mayoría de los puestos clave dentro del aparato sigan en manos de personas formadas en la escuela del pasado hace todavía más onerosa esa hipoteca, bastante menos pesada en aquellos partidos comunistas que -como el italiano o el PSUC- han realizado el relevo generacional, y han logrado una implantación electoral y social más amplia.De los seis sancionados, Manuel Azcárate, con más de cuarenta años de militancia comunista sobre sus espaldas, es el único miembro de la vieja guardia, con experiencias que se remontan a la guerra civil, a la resistencia francesa y al exilio. Los cinco restantes pertenecen a la generación de intelectuales, profesionales y técnicos -las "fuerzas de la cultura", para emplear el término comunista- que ingresaron en el PCE durante la última etapa del franquismo, ejercieron responsabilidades durante los últimos años y colaboraron con Carrillo para hacer posible el viraje eurocomunista de la organización. No es infrecuente que quienes en un momento determinado son víctimas de una depuración dentro del PCE hayan desempeñado en ocasiones anteriores el papel de verdugos. Pero esa peculiaridad de los comportamientos comunistas es precisamente lo que puede ayudar a despersonalizar los casos concretos, a preguntarse por las causas estructurales que explican esos periódicos sacrificios rituales.

Lo más notable de esta nueva manifestación de autofagia comunista es que -como mostró incluso la vacilación informativa de las primeras ediciones de EL PAIS de ayer, dando casi por firmado un inexistente armisticio- existían las condiciones para un arreglo del conflicto. Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius y algunos dirigentes del PSUC propiciaron formas de entendimiento. Y el documento de los sancionados, si bien situado a mil años luz de una confesión, ofrecía bases para el acuerdo. Sin embargo, la mayoría del Comité Central del PCE expulsó a los seis encartados.

La obstinación añadida de la dirección comunista por hacer pagar al Ayuntamiento de Madrid y de otros municipios de la provincia los costes políticos de su operación de limpieza interior, exigiendo la dimisión o el cese de varios concejales, afecta además no sólo al PCE, sino a todos los ciudadanos. Si los eventuales depurados ejercen sus cargos públicos municipales con competencia y a satisfacción de los vecinos que los votaron, es una cacicada sustituirlos por otros candidatos por su sola e inquebrantable adhesión a la dirección del PCE. Es cierto que Ramón Tamames y Eduardo Mangada fueron elegidos concejales dentro de las listas del partido comunista. Pero también es, cuando menos, probable que las candidaturas comunistas no hubieran recibido el mismo número de votos si esos dos nombres no hubieran amparado con su prestigio profesional y humano la oferta electoral de su partido.

Se abre ahora el interrogante sobre las consecuencias que va a producir esta depuración en las relaciones del PCE con sus electores, en la propia organización y en la suerte del eurocomunismo. La posible dimisión de Marcelino Camacho de la ejecutiva es quizá el síntoma o el símbolo de un mayor número de defecciones. La cuestión, en una palabra, no parece estar cerrada en absoluto.