Enrique Galavís: "Hemos creado las bases físicas para desarrollar la ley Penitenciaria"

El director general de Instituciones Penitenciarias, Enrique Galavís, manifestó a EL PAIS, tras cumplirse su segundo año al frente de este departamento, que durante este tiempo su equipo, el mismo que inició la reforma penitenciaria con Carlos García Valdés, ha creado las bases físicas para lograr un desarrollo efectivo de la ley general Penitenciaria, que éste calificó de «muy ambiciosa, de acuerdo con la situación penitenciaria actual». Asimismo informó, en declaraciones a este periódico, que las recientes huelgas de hambre protagonizadas por cerca del 40% de la población reclusa española han patetizado el problema de los presos y han logrado sensibilizar a la Administración y al Gobierno para abrir de forma urgente una vía de solución a este problema.

Enrique Galavís, quien también informó de las recientes medidas tomadas por la Administración para solucionarlos problemas de la masificación en las cárceles, del retraso en los procesos judiciales y del traslado de terroristas a centros especiales, es una persona que se autodefine como «un hombre de gestión y de dirección de empresa», que no es un experto en temas penitenciarlos. Sin embargo, Galavís, ingeniero electrónico con brillante título jesuítico, del ICAI, considera que su nombramiento ha sido efectivo en el sentido de que era necesario reorganizar el equipo de prisiones, de acuerdo con la actual situación española, para poner en marcha la ley general Penitenciaria.Pregunta. ¿El presupuesto de esta dirección continúa siendo insuficiente?

Respuesta. Bueno, siempre es necesario más, pero hemos incrementado sensiblemente el presupuesto de esta dirección. Cuando yo entré aquí, en 1979, teníamos un presupuesto de 7.0.00 millones de pesetas, y ahora es exactamente el doble.P. ¿Qué han significado para esta dirección las dos huelgas de hambre secundadas, en menos de un mes, por más del 40% de la población reclusa española?

R. Creo que estas acciones de protesta han patetizado una serie de problemas que todos conocíamos. Han servido para que la Administración, el Gobierno y las instituciones se sensibilizaran para acelerar las medidas que se están tomando. Todo lo que pedían los reclusos estaba en la línea de hacerse, y de alguna manera, la actitud que manteníamos se ha sensibilizado aún más, a pesar de que ya habíamos puesto en marcha una serie de medidas que gradualmente irán corrigiendo algunas deficiencias que todavía se mantienen en el actual sistema penitenciario.

P. ¿Se puede decir que están sentadas las bases de la reforma penitenciaria iniciada por Carlos García Valdés?

R. Yo no quiero ser triunfalista. Se puede decir honestamente que se ha seguido en la línea de lo que la ley marcaba y se han empezado a poner en pie las bases serias que podrán permitir el funcionamiento de un sistema penitenciario acorde con la ley. La ley general Penitenciaria estaba muy alejada de la realidad española; es una ley objetivo muy ambiciosa. La realidad es muy diferente de lo que se propone, y a eso estamos intentando llegar. Mi labor ha sido dar los pasos fundamentales para que esa ley se pueda aplicar correctamente en un futuro muy próximo; es decir, sentar las bases para poder desarrollar efectivamente esta ley. Hemos avanzado en algunas cosas, pero todavía queda mucho por hacer. Es un proceso muy largo, que durará todavía varios años; por eso, decir que la reforma está hecha sería falso por mi parte. Es una labor de varios directores generales, pero yo me siento satisfecho de la labor que he realizado. Por ejemplo, en lo relativo a los trabajos de la población reclusa estamos a muy bajo nivel. Debería trabajar el 80% de esta población, y sólo lo hace el 10%, actualmente. Hay un enorme campo por desarrollar.

P. A pesar de haberse puesto en marcha la reforma penitenciaria, esa reforma no ha llegado al equipo de Instituciones Penitenciarias, que continúa siendo el mismo que hace cinco o más años.

R. Yo no sé si eso es cierto. Esa pregunta me la han hecho en muchas ocasiones. Bueno, el equipo actual es el mismo que tenía Carlos García Valdés. Es decir, cuando Yo llegué aquí, y es notorio que yo no soy un experto en temas penitenciarios como lo era García Valdés, sino un hombre de empresa, de cuestión, me pareció que lo razonable era seguir con ese equipo, que era el que había iniciado la reforma penitenciaria. Este equipo era reformista. progresista, y ese es el equipo que hay ahora. A pesar de ello, yo he cambiado a muchos directores que han desarrollado el reglamento y son personas que se incorporaron hace dos años, cuando yo comencé mi trabajo en la dirección.

P. ¿Ha variado de algún modo la línea seguida por esta dirección tras la llegada de Pío Cabanillas como ministro de Justicia?

R. En absoluto. Esta es una parcela bastante autónoma. Ni en su momento yo recibí instrucciones de Fernández Ordóñez sobre algún cambio de línea ni ahora tampoco ha ocurrido eso con Pío Cabanillas.

En ningún momento he recibido, por parte de los tres ministros que han pasado por justicia durante mi estancia en Instituciones Penitenciarias, ninguna presión. Tras la primera huelga de hambre, Pío Cabanillas estuvo reunido día y noche con nuestro equipo para solucionar el problema y tomó decisiones muy rápidas. Cuando dicen que Pío Cabanillas es un hombre sin papeles es porque los papeles le duran muy poco en las manos. Es un hombre de rápidas decisiones.

P. La reforma penitenciaria ha olvidado el tema de los reclusos preventivos. Actualmente, de los 23.000 presos que hay en España, un 56% está a la espera de juicio.

R. Este es un tema que se me escapa. Me consta, porque he hablado varias veces con Federico Sainz de Robles, que se están tratando de acelerar los procesos judiciales, especialmente en las audiencias más concentradas, concretamente en Barcelona y Madrid. La tendencia que se viene acusando en este último mes es que, a pesar de que sigue siendo muy alto el número de preventivos, cada vez se reduce más esta cifra, aunque ligeramente. Hay una cierta tendencia a estabilizarse. Es un tema que a mí se me escapa. La falta de jueces, de nuevos juzgados, de personal auxiliar, etcétera, es algo que no se va a solucionar tan rápido como nos gustaría a todos. Lo que sí creo que puede cambiar sustancialmente en los próximos meses es la situación de las prisiones. Vamos a ampliar su número y hay varios proyectos para desmasificar estos centros. Pero en lo que se refiere al tema jurídico, creo que si somos honrados necesitará un período de tres a cinco años en solucionarse definitivamente. Me refiero a que la población reclusa preventiva no sobrepase el 10% del total, a que los presos tengan sus celdas individuales, a que haya el número de funcionarios adecuados, etcétera.

P. Otro problema del actual sistema penitenciario es el importante déficit de plazas.

R. Eso es cierto. Todavía existen dormitorios de aglomeración. Ahora debe haber como unas 17.000 plazas, y tenemos 23.000 reclusos. Teniendo en cuenta los índices de población reclusa de otros países, para 1985 la población reclusa española puede llegar a las 30.000 personas, lo que supone que debemos construir en estos años unas 14.000 plazas, y de éstas, muchas las tenemos que remodelar. Hay mucha labor por hacer.

P. ¿Cuál va a ser la línea que va a seguir la dirección de Instituciones Penitenciarias en relación con los traslados de terroristas a prisiones especiales?

R. Yo creo que este tipo de presos deben estar albergados en prisiones especiales para ellos. Esa es la línea que queremos seguir y, por tanto, iremos a la distribución de este tipo de presos a prisiones específicas para ellos. Pese a todo, habrá una parte de la población reclusa terrorista que tendrá que estar de forma flotante en Carabanchel durante los momentos en que sean juzgados. Probablemente tendremos que hacer algún módulo especial para internar a estos reclusos en alguna prisión de Madrid. Por otro lado, están las prisiones de Soria, Herrera de la Mancha, Zamora, El Puerto de Santa María y Nanclares de Oca, destinadas a terroristas. Los presos de ETA Militar serán trasladados a Soria, y los del sector político-militar irán a Nanclares de Oca. Por otra parte, la prisión de El Puerto de Santa María se destinará próximamente a presos comunes clasificados en primer grado (peligrosos).