La sequía

EFECTIVAMENTE, DE todo el siglo, esta es la sequía, junto a la que se padeció en los años cuarenta, que se prolonga más duramente en el tiempo. Sin embargo, la escasez de lluvias en 1980 y 1981 aparece como un fenómeno de singular entidad, e incluso con caracteres de espectacularidad, por el contraste que supone respecto a la excepcional década lluviosa de los años setenta. Por su parte, España ha sido secularmente un país seco y ha sufrido repetidamente la severidad de su climatología.Afortunadamente, ahora,el problema que plantea la sequía aparece menos concentrado en un . grupo social importante de población, por la razón de que los agricultores han disminuido su número en los últimos lustros. Las consecuencias económicas de la sequía son también menores porque el sector agrario apenas si llega a un 10% del PNB, y porque dentro del sector la producción agrícola ya no representa el 70% de los años cincuenta, sino simplemente la mitad. La producción forestal, y sobre todo la ganadera, contribuyen a aportar la otra mitad del sector agrario. Pero la ganadería se concentra en la España húmeda o utiliza productos de importación -soja y maíz- menos dependientes de nuestro clima.

También la infraestructura de los años ochenta nos -protege de la intemperie. La superficie de regadío ha crecido desde 1,8 millones de hectáreas, en 1950, a veintiocho millones en 1979, mientras la capacidad de los embalses, que al comenzar el siglo era de 78 millones de metros cúbicos, permitía almacenar 5.600.000 millones en 1950 y 42.000 millones en 1979. Esta mayor capacidad de agua embalsada ha permitido recoger las abundantes lluvias de los años 1977 y 1978, y así nos ha permitido disponer de unas reservas récord, que, por desgracia, están ahora desapareciendo de modo alarmante.

La contrapartida de esa menor concentración del problema de la sequía en la agricultura se traduce en su mayor influencia en el funcionamiento de la industria y en el abastecimiento de agua potable para las poblaciones urbanas. Paralelamente, el ritmo de crecimiento de los regadíos se ha desacelerado en los últimos cinco años. Sólo se han puesto en regadío 200.000 hectáreas, frente a 400.000 en los cinco años precedentes. Asimismo, la capacidad de almacenamiento de agua ha reducido su ritmo de expansión: sólo un millón de metros cúbicos en el último quinquenio, frente a casi cuatro millones de metros cúbicos en el anterior. Por supuesto, los principales aprovechamientos de los ríos ya se habían agotado, pero la falta de recursos de inversión en los Presupuestos del Estado ha tenido que repercutir en esta paralización de obras públicas y nuevos proyectos.

El crecimiento económico del país exige que la política hidráulica salga de algún modo de su actual atonía, y, en este sentido, la sequía ha venido a subrayar uno de los retrasos fundamentales de la actuación del Estado. La vertiente norte continúa estando hidráulicamente aislada, con la excepción importante del pantano del Ebro, del resto del país. El agua excedente tampoco se aprovecha, y se vierte, incluso a veces muy contaminada, en el mar. Los antiguos planes hidráulicos de Lorenzo Pardo sólo se han materializado en el trasvase de las aguas del Tajo, pero España sigue sin desarrollar y ejecutar un programa de interconexión de sus aguas interiores. Por otro lado, la desigualdad entre ciudades relativamente bien abastecidas, como Madrid, y otras con enormes problemas de suministro, como Sevilla o Badajoz, exige una rápida solución, incluida la potabilización de las aguas de nuestros grandes ríos. La depuración de las aguas industriales o el vertido de las urbanizaciones residenciales a los pantanos es un atentado insostenible en cualquier país; pero, sobre todo, en aquellos, como el nuestro, expuestos a sequías saharianas.

Tampoco la utilización de las aguas subterráneas ha merecido la atención necesaria, facilitándose créditos a los utilizadores directos en condiciones interesantes. Quizá el excesivo protagonismo y escasa eficacia a la hora de acometer el regadío de detalle desde el Estado, y concretamente desde el IRYDA, en lugar de reservarse para las grandes obras de infraestructura, puede ser uno de los motivos. Asimismo, el aprovechamiento de estas aguas plantea la urgencia de la depuración de los vertidos, para evitar que las filtraciones de los ríos arruinen su calidad.

Por desgracia, toda esta política de utilización de los recursos no se improvisa de hoy para mañana, y no va a solucionar los males de esta sequía.

Valga, sin embargo, esta enumeración de acciones públicas posibles, realizables y no realizadas, para entender él conjunto de causas y con causas que concurren en la catástrofe económica y social que puede derivarse de la sequía presente. A la altura de este fin del siglo XX, las autoridades públicas españolas están simulando una postura de creencias equivalente a los tiempos primitivos, en donde sólo la voluntad, la benevolencia o la ira de los dioses decidían el bienestar y la sevicia de los pueblos. Parte de la jerarquía católica ha ordenado elevar plegarias en petición de lluvia y los responsables públicos pueden haber encontrado en ese gesto la perfecta coartada para la ruina suplementaria, que se ceba especialmente en las zonas menos desarrolladas de España. Las autoridades-, en definitiva, parecen haber remitido este asunto al cielo, y soslayan así, con un gesto de inhibición, lo que debe corresponderles de responsabilidad no en que no llueva, sino en la multiplicación de efectos que se ocasionan en un país infraestructuralmente mal dotado para combatir una climatología que le es propia.