Altos cargos del PCE se oponen a la destitución inmediata de los dirigentes "renovadores"

Tres altos cargos del Partido Comunista de España (PCE) manifestaron su oposición, en la reunión del Comité Ejecutivo del pasado viernes, a la propuesta de destitución contra seis miembros del Comité Central, todos ellos vinculados a la corriente renovadora. Se trata de Nicolás Sartorius, vicesecretario general del partido; Marcelino Camacho, secretario general de Comisiones Obreras, y Jordi Solé Tura, portavoz del Grupo Parlamentario Comunista. Todos ellos consideraron censurable la conducta de los dirigentes renovadores, pero no están de acuerdo con las sanciones previstas. Madrid era ayer un hervidero de reuniones de distintos niveles en la organización comunista.

La pugna establecida entre la línea oficial, cuyo máximo exponente es Santiago Carrillo, y los renovadores parece haber llegado a su momento de máxima tensión. Estos últimos tratan de reunir apoyos en el Comité Central, que el próximo martes habrá de ratificar o no las propuestas de destitución de seis de sus miembros -Manuel Azcárate, Pilar Brabo, Carlos Alonso Zaldívar, Julio Segura, Pilar Arroyo y Jaime Sartorius-, acusados abiertamente por el secretario general de constituir una «tendencia organizada por la vía de hecho».La mencionada reunión del Comité Ejecutivo comenzó con una amplia exposición del secretario eleneral del partido, Santiago Carrillo, quien presentó la propuesta de destitución de seis miembros del Comité Central, refiriéndose a la crisis de la democracia en España. A juicio de Carrillo, los partidos políticos son esenciales para el sistema democrático, y los conflictos internos de aquellos son un espectáculo lamentable, porque forman parte de la crisis del sistema democrático.

Carrillo dijo después que en el PCE existen fracciones organizadas, y al parecer insinuó también que alguna de ellas prepara una operación política para desembarcar en el PSOE. Se mostró partidario decidido del restablecimiento de la disciplina interna como método correcto para solucionar la crisis y, en consecuencia, propuso medidas sancionadoras contra quienes no respeten las resoluciones del X Congreso del PCE, y los estatutos del partido. Simón Sánchez Montero apoyó esa línea, en una intervención posterior.

Según las fuentes que han informado a EL PAIS, presentes en la reunión, a continuación hizo uso de la palabra Nicolás Sartorius, antiguo dirigente de Comisiones Obreras, y que ocupa en la actualidad una de las dos vicesecretarías del PCE. Sartorius se mostró de acuerdo con el fondo de la intervención de Carrillo respecto a la gravedad de la situación política y a la necesidad de resolver la crisis en el PCE, y, asimismo, atacó a los renovadores por haber violado los estatutos del partido; sin embargo, se manifestó en desacuerdo con las sanciones expeditivas como método para resolver la crisis interna, y propuso en su lugar que se abrieran expedientes a los firmantes del acto de apoyo a la fusión de EIA con los comunistas vascos, lo cual daría lugar a la posibilidad de resolver el problema por métodos políticos.

Gran parte de la intervención de Nicolás Sartorius estuvo dedicada a poner de manifiesto la preocupación por el futuro del eurocomunismo, que se basa en las concepciones del socialismo en libertad y de la revolución de la mayoría, cuya realización práctica podría ser muy difícil si se rompe la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura, haciendo que quizá este último sector sea difícilmente recuperable para el PCE. Todo ello se desarrolló así, según las fuentes informantes. Nicolás Sartorius permaneció ayer ilocalizable para los periodistas que trataron de confirmar directamente esta versión.

Camacho, contrario a las sanciones

Otras intervenciones en la línea del vicesecretario general del PCE, aunque con matizaciones, fueron las de Marcelino Camacho y Jordi Solé Tura. El primero de ellos, actual secretario general de Comisiones Obreras -y del que se comenta en círculos comunistas su progresivo distanciamiento de Santiago Carrillo- se mostró claramente contrario a las sanciones propuestas; Solé Tura hizo una intervención más suave, y al parecer Antoni Gutiérrez Díaz, ex secretario general del PSUC, también expresó su preocupación por las sanciones. Tanto Solé Tura como Gutiérrez Díaz consideraron, sin embargo, que los miembros del Comité Central para quienes se pedía la destitución habían obrado incorrectamente, y que su actitud constituía un peligro para la unidad del partido.

En una línea completamente distinta, dirigentes como Adolfo Piñedo -secretano general del PCE de Madrid-, Julián Ariza -alto cargo de Comisiones Obreras- e Ignacio Gallego, este último vicepresidente del Congreso de los Diputados. se manifestaron claramente a favor de las sanciones disciplinarias y de poner fin a la situación creada. Al parecer, tanto Piñedo como Ariza pronunciaron discursos de extrema dureza contra los disidentes, mientras Gallego se limitó a expresar su apoyo a las sanciones propuestas en tono mesurado. Carrillo le felicitó posteriormente por ello.

Un tercer nivel de intervenciones fue el de personas como Gerardo Iglesias, secretario general del PCE asturiano, Felipe Alcaraz, secretario general del PCE andaluz, Juan Francisco Plá, dirigente destacado del sector municipal madrileño (y duramente enfrentado con el resto de los concejales del Ayuntamiento de la capital), y Enrique Curiel, secretario del Grupo Parlamentario Comunista. Todos ellos, y otros miembros menos conocidos del Comité Ejecutivo, apoyaron las propuestas de sanciones, aunque Alcaraz e Iglesias se manifestaron preocupados por las consecuencias futuras de la situación actual.

La sesión, que finalizó pasada la medianoche del viernes, fue cerrada por Santiago Carrillo, quien hizo un llamamiento a la unidad del Comité Ejecutivo y al apoyo de todos sus miembros a la solución propuesta para resolver la crisis interna.

Abucheos para los disidentes

Mientras en los distintos niveles del partido circulaban apresuradamente noticias sobre los resultados de la sesión del ejecutivo, la capital de España era ayer un hervidero de reuniones. La más significativa de ellas fue la celebrada por los responsables de las distintas agrupaciones locales del PCE con el comité provincial de este partido, que dio lugar a la retirada de una parte de los asistentes -miembros del sector renovador, y también algunos pro-soviéticos, según parece-, en medio de abucheos de los demás.

La reunión había sido convocada para explicar la situación del partido a los citados responsables de agrupaciones de base, y tras la exposición realizada por el secretario general madrileño, Adolfo Piñedo, uno de los asistentes preguntó si se iba a abrir un debate en torno a la situación. El Comité Provincial consideró improcedente la propuesta, por entender que el debate debía efectuarse en el seno de cada una de las agrupaciones. En ese momento, algunas decenas de asistentes se levantaron de sus asientos y abandonaron la reunión, en medio de las censuras de los que se quedaron, que les reprocharon su conducta con gritos como «no os necesitamos para nada», «iros del partido», y otros. Por la mañana se había recibido una carta del comité provincial en el domicilio de algunas de las personas que figuraban en las listas de electos del PCE -y que son los llamados a sustituir a los cargos municipales, cuya destitución se propone igualmente, aunque por otras vías-, invitándoles a presentarse de inmediato en los locales del citado comité provincial, para poner sus puestos a disposición de este último. Casualmente, el primer nombre de la lista madrileña, en disposición de sustituir a los car-os en trance de expulsión, es el economista Julio Segura, de la corriente renovadora, sobre quien concurre ya una pr-opuesta de destitución como miembro del Comité Central del partido.

Durante la tarde del viernes y el día de ayer se produjeron distintas reuniones de cierta significación en el conjunto de la organización comunista madrileña. El comité local de Getafe, recientemente destituido por apoyar la fusión de EIA y los comunistas vascos, convocó a la militancia de su agrupación en una asamblea que rechazó la disolución del citado comité local, y aprobó una petición de convocatoria de congreso extraordinario para resolver la crisis. La agrupación comunista de la empresa Construcciones Aeronáuticas (CASA) aprobó un comunicado similar.

Simultáneamente, se conoce la existencia de un escrito, que ha comenzado a circular en medios del partido y de Comisiones Obreras, pidiendo la convocatoria de conareso extraordinario. El primer firmante del mismo es Fidel Alonso, dirigente sindical madrileño.