Sanción real de la nueva ley de nacionalidad británica
La polémica nueva ley de nacionalidad británica -calificada como racista en muchos sectores- recibió ayer la sanción oficial de la reina Isabel II de Inglaterra, tras una carrera gubernamental contra reloj. La versión definitiva de la ley -que contempla tres categorías de ciudadanos británicos- ha otorgado a los gibraltareños el derecho a acceder a la plena ciudadanía británica.Ciudadanos británicos, ciudadanos de los territorios británicos dependientes y ciudadanos británicos del extranjero son las tres categorías que introduce ahora la ley. La mayor polémica, sin embargo, ha venido provocada, tras siete siglos de tradición, por la supresión del derecho automático a la plena ciudadanía británica de los nacidos en el Reino Unido.
Para que una persona sea británica por nacimiento, su padre o su madre también deben ser plenos ciudadanos británicos o residentes en el Reino Unido. De hecho, esta medida no afectará a muchos surafricanos blancos, pero sí a los 20.000 asiáticos que, provenientes de Africa oriental, se han instalado permanentemente aquí, pues se convertirán en ciudadanos británicos del extranjero. Y casi todas las 210.000 personas en esta tercera categoría son de origen indio.
Los ciudadanos en la primera categoría tendrán derecho a residir en el Reino Unido; los que caen en las otras dos categorías, no.
En el proyecto original, que el Gobierno se ha visto obligado a cambiar, bajo presión, los gibraltareños entraban en la segunda categoría. Ahora tendrán el derecho absoluto de acceder a la plena ciudadanía británica sin necesidad de residir en el Reino Unido. Para los gibraltareños esta es una victoria moral, pues en la práctica no supone ningún cambio al pertenecer a la Comunidad Europea.
Los ciudadanos británicos que estén trabajando en el extranjero -salvo los que estén al servicio de la corona británica- tendrán el derecho de transmitir su nacionalidad a sus hijos, pero no a sus nietos. La ley ha sido calificada de racista por numerosos grupos, incluidas las iglesias. El Partido Laborista ha señalado que si llega al poder la abolirá. El informe anual del Consejo para el Bienestar de los Inmigrantes, publicado ayer, ha establecido una relación entre la nueva ley y los disturbios raciales y juveniles del verano.
