El Parlamento catalán pide un plebiscito para la integración

El pleno del Parlamento catalán aprobó ayer una proposición no de ley por la que se considera necesaria la celebración de un referéndum sobre la adhesión de España a la OTAN. La proposición no de ley fue presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios del PSC-PSOE, PSUC y Esquerra Republicana de Cataluña.El acuerdo de la Cámara legislativa catalana incluye un punto en el que se insta al Gobierno autónomo catalán para que emprenda todas las acciones necesarias con el fin de que la Generalidad, como institución constitucional, sea informada de los procedimientos, contenidos y consecuencias de la propuesta de adhesión. Este punto fue votado afirmativamente por PSC-PSOE, PSUC, ERC y Convergencia i Unió (CiU). Por el contrario, CiU se abstuvo en la votación sobre el referéndum, aprobado por 62 votos a favor y 38 abstenciones.

El Grupo Parlamentario Centrista adoptó una postura insólita en la votación. Ni votó afirmativamente, ni en contra, ni se abstuvo. Esta actitud se debía, según indicó su portavoz en la explicación de voto, a que consideraban que la proposición no de ley «estaba fuera de las competencias previstas por el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Por su parte, PSC-PSOE, PSUC y ERC argumentaron su postura señalando las disposiciones estatutarias que atribuyen a la Generalidad competencias para promover las condiciones de una real y efectiva libertad e igualdad del individuo, así como facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, y social.

Los impulsores de la proposición no de ley habían excluido del texto de la resolución cualquier pronunciamiento contra el ingreso de España en la Alianza Atlántica. Ello tenía como objetivo evitar que fueran acusados de intentar intervenir en un tema que atañe a las relaciones internacionales, de competencia exclusiva del Gobierno central.

Socialistas y comunistas defendieron durante la explicación de voto criterios contrarios a la entrada en la OTAN. La decisión del Gobierno español fue calificada de «suicida» y «mal negocio» por el portavoz socialista.