Fútbol: campeones del abuso

EL COMITE Organizador del Campeonato Mundial exige unas condiciones para que un campo de fútbol pueda ser sede en la competición. Las normas aplicadas a Argent na, Alemania y México en anteriores convocatorias se hicieron extensivas al Mundial de 1982 en España. Algunas de esas exigencias estaban cumplidas de antemano, ya que se refieren a unos requisitos técnicos sobradamente satisfechos por los campos españoles. Otras, sin embargo, se refieren a instalaciones de las que nuestros campos de fútbol carecen o que no cubren los mínimos requeridos por la FIFA.Entre esas exigencias figuran algunas que conciernen exclusivamente a la cobertura informativa de unos partidos que van a ser televisados y radiados al mundo entero y contemplados por periodistas venidos de todos los rincones del planeta. Resulta obvio que las instalaciones de Prensa, radio y televisión necesarias para ese despliegue informativo serán un lujo inútil, una vez concluido el Mundial, para los clubes españoles. Por esa razón, habría sido injusto que los 2.270 millones de pesetas presupuestadas para sufragar esas obras hubieran corrido a cargo de las entidades propietarias de los estadios. En consecuencia, el Comité Organizador del Mundial se ha responsabilizado de esos pagos, que van a ser financiados con el recargo de cincuenta céntimos por quiniela asignado con tal propósito.

Al lado de esas inversiones para garantizar una buena cobertura informativa, las exigencias de la FIFA obligaban a los clubes españoles a meterse en otros gastos menores, aplicados fundamentalmente a nuevos vestuarios para jugadores y servicios higiénicos para los espectadores. Para financiar esas inversiones, que redundarán en una mejora permanente de los campos, el Banco de Crédito a la Construcción anunció la concesión de créditos muy favorables, con el 11% de interés, dos años de carencia y once años de plazo. Los clubes se acogieron en seguida a esa línea privilegiada de financiación, no sólo para sufragar las pequeñas inversiones de adecentamiento de los vestuarios o de los urinarios, sino también para costear obras de embellecimiento, mejora y modernización de los estadios. De esta forma, las sociedades deportivas cuyos terrenos, de juego son sedes del Campeonato Mundial utilizaron a tope esa oferta de dinero barato y se endeudaron en unos 5.000 millones de pesetas. El Madrid obtuvo 530 millones para ampliar el número de localidades con asiento, construir una segunda visera para cubrir el anfiteatro segundo y embellecer la fachada. El C. F. Barcelona pidió 362 para aumentar el número de localidades del Camp Nou y elevar en 10.000 la cifra de sus socios. Otros equipos también se han beneficiado de esos créditos favorables: 451 millones para el Athlétic de Bilbao, 409 para el Betis, 290 para el Málaga, 160 para el Valencia, etcétera.

Es probable que algún economista exigente y ajeno al fútbol critique esa pedrea de créditos privilegiados destinada a favorecer a unas entidades que, como los clubes de fútbol, se suelen caracterizar por su despilfarro inflacionario, su escasa responsabilidad en el manejo de los fondos y su frivolidad a la hora de hacer fichajes millonarios. Pero lo que resulta inadmisible es la pretensión, recientemente planteada por los presidentes de los clubes, con Luis de Carlos a la cabeza, de que esas deudas, contraídas en condiciones muy favorables, sean canceladas mediante la prolongación del recargo de los cincuenta centimos por quiniela. Si esta descabellada y abusiva petición fuera satisfecha nos encontraríamos no sólo con los justos agravios comparativos de los clubes menos dispendiosos en las reformas o mantenidos -como la Real Sociedad, campeona de la anterior Liga- al margen del maná de los créditos privilegiados, sino con el escandaloso resultado de que las mejoras superfluas en los campos de unos clubes de por sí deficitarios les resultarían gratis con la excusa del Mundial.

En nuestro país escasean las instalaciones para la práctica del deporte juvenil y aficionado, lo que explica, entre otras razones, los pobres resultados de nuestros atletas en los Juegos Olímpicos y el bajo nivel internacional de casi todas las actividades deportivas españolas. Si el Gobierno quisiera prorrogar esa tasa de cincuenta céntimos de recargo por quiniela tendría abundantes oportunidades para distribuir esos fondos con el fin de fomentar el deporte popular. La pretensión de los equipos de fútbol profesional de alzarse con el santo y la limosna del dinero de las quinielas hace pensar, en cambio, que los directivos de los clubes aspiran a ganar el campeonato mundial del abuso.