Acusan al concejal de Abastos de querer cobrar ilegalmente 1.400 millones

Los mayoristas de los mercados centrales de alimentación de Madrid han acusado al concejal responsable de la Delegación de Abastos y Mercados del Ayuntamiento, el socialista Luis Rufilanchas, de haber ofrecido a aquéllos la posibilidad de solucionar los problemas que, a su juicio, les impiden su traslado a los nuevos mercados centrales de Mercamadrid, siempre y cuando le entregaran 1.400 de pesetas. La denuncia está contenida en una carta dirigida al alcalde y que medios próximos a los asentadores hicieron llegar ayer tarde a los medios informativos.Luis Rufilanchas explicó a este periódico que lo que los mayoristas interpretan como un intento de arreglo ilegal -Cepyme llega a hablar en un comunicado de "extorsión"- no pasa de ser una "solución transaccional parecida a la que se alcanzó en Mercabarna". En resumen, se trataba pedir a los mayoristas que fueran a instalarse en los nuevos mercados centrales que adelantasen el dinero necesario -en torno a los tres millones de pesetas cada uno- para pagar las expropiaciones que todavía quedan pendientes. De esta forma, se evitaría el mayor precio que, pasado el tiempo, le pusiera el Supremo a esas expropiaciones.

La explicación de Rufilanchas añade que gracias a ese pago adelantado por parte de los mayoristas sería posible reducir las tarifas a pagar por éstos en el momento en que llegaran a los nuevos mercados, justo en la medida en la que estas contemplan también la amortización de los gastos derivados del pago de las expropiaciones.

Siempre según la explicación del concejal, los asentadores llegaron a ofrecer setecientos millones, cantidad que, por insuficiente, fue rechazada.

De acuerdo con el escrito remitido al alcalde por los asentadores, la supuesta petición de dinero se produjo el día 7 del pasado mes septiembre, en el curso de un almuerzo celebrado en un restaurante de la calle de Ayala. El arreglo fue rechazado, siempre según la carta citada, por los representantes de los asentadores, Julián Díaz Robledo, Emilio Bermejo y Carlos Gómez, por considerarlo económicamente imposible e inaceptable desde el punto de vista ético.