Proponen el relanzamiento de Matesa

El administrador judicial de la empresa Maquinaria Textil del Norte de España (Matesa), Juan Miguel Arrieta, ha conseguido el respaldo de diversos estamentos relacionados con la empresa a un plan de salvación de la misma. Le apoyan, según ha informado el interesado a EL PAIS, trabajadores, cuadros directivos, interventores judiciales, el ex propietario y ex director general. Juan Vila Reyes, y accionistas no embargados.La noticia ha trascendido al conocerse que la abogacía del Estado acaba de comunicar al Juzgado de Instrucción número 11 que el Estado se ha desinteresado por tercera y última vez de la adjudicación de la empresa, que protagonizó el mayor escándalo político-financiero del régimen anterior. En las dos ocasiones anteriores, Matesa salió primero a un turno de subastas globales, Y luego, en lo que respecta a sus pasivos laboral, fiscal y de derechos reales, pero los concursos quedaron desiertos. Ahora deberá procederse a la subasta de todos y cada uno de los bienes muebles, inmuebles y derechos, lo que en realidad significa el cierre y la liquidación.

En la opinión de Arrieta, quien someterá su plan a las autoridades, con esta última alternativa del Estado puede conseguir muy poco, pues en los últimos años han sido liquidadas las 75 filiales que tenía Matesa en el extranjero y sus bienes merecen escaso interés. Además, perderían su empleo los 38 trabajadores de Barcelona y los 112 de Pamplona. no se recuperarían las deudas al Banco de Crédito Industrial (casi 10.000 millones de pesetas, transferidos a la Comisión Liquidadora de Créditos Oficiales a la Exportación), y se perderían globalmente unos 16.000 millones de pesetas (desempleo, perjuicios a proveedores, falta de asistencia a los 788 clientes de 49 países, créditos a clientes, fondos de comercio e investigación, etcétera).

Por el contrario, el relanzaniiento de la empresa, para lo cual ésta dice disponer de un nuevo prototipo de telar competitivo a nivel internacional, evitaría tales perjuicios y permitiría que la citada Comisión Liquidadora pueda seguir cobrando los seguros de los créditos a la exportación suscritos con la compañía paraestatal Crédito y Caución, que recibió en su día los importes de las pólizas y ha sido condenada en varias ocasiones por los tribunales a asumir sus compromisos. Se recuerda al respecto que Matesa sigue produciendo y exportando, a pesar de las consecuencias del escándalo, y entre 1975 y 1980, por ejemplo, ha tenido cada año unas ventas próximas a los cuatrocientos millones de pesetas.

La solución propuesta consiste en que, dentro de la ley de Presupuestos para 1982, se introduzca la posibilidad de que el Gobierno realice las operaciones necesarias, poco costosas, aunque exigen una decisión política del nuevo Estado democrático.