Los solicitantes consideran el texto "muy general" e "insuficiente"

Medios privados que han solicitado emisoras de televisión, consultados por EL PAIS, consideran el texto publicado de regulación de concesiones como positivo y como «un paso adelante», pero lo califican al mismo tiempo de «muy general» e «insuficiente», y estiman que lo fundamental es la elaboración y publicación definitiva del plan técnico de televisión a que hace referencia el texto.José Ortega Spottorno, presidente de PRISA, empresa editora de EL PAIS, y de Promotora de Emisoras, SA (PRESA), que ha solicitado dos centros, uno en Madrid y otro en Barcelona, señaló que «como defensor de un modelo de sociedad libre, el reconocimiento del principio del acceso a la iniciativa privada en televisión me parece esencial, lo mismo que en el resto de los medios de comunicación. Ayudará a garantizar el pluralismo y la difusión del poder, base de toda democracia. Por lo mismo», prosiguió el presidente de PRESA, «me preocupa que el proyecto del decreto que ha aparecido en la Prensa dé por descontado que televisión y radio son un servicio público, concepto que remite a un criterio intervencionista del Estado en materia de libertad de expresión. Yo prefiero considerar ésta como un derecho de los ciudadanos».

«La garantía pecuniaria» que se exige en el proyecto de decreto le parece «arbitraria» a José Ortega Spottorno. «Los principios que se establecen de obligado cumplimiento para la concesión de ondas y frecuencias», dice, «parecen tan genéricos que de hecho dejan en manos del Gobierno, casi sin necesidad de atender a razones objetivas, la decisión de dicha concesión. Creo que es preciso aumentar el control parlamentario de las concesiones y, en definitiva, establecer que el papel del Estado democrático va a ser el de ayudar a la sociedad a mantener el pluralismo también en la televisión y a evitar el oligopolio de las emisoras privadas».

En algunos aspectos, el proyecto dado a conocer le parece al presidente de PRESA «más bien destinado a proteger este oligopolio». Por último, manifiesta: «No puedo estar de acuerdo en la solución que se ha dado al derecho de rectificación, dejando en manos de un funcionario gubernamental, y no de los jueces, la decisión de la procedencia o no de rectificaciones. He de añadir que en cualquier caso el tema de la televisión privada debe ser regulado por una ley o un decreto-ley, y nunca por un decreto simple».

. «En definitiva, sí ala televisión privada, regulada por ley con controles sociales y parlamentarios y destinada a fomentar el pluralismo informativo y de opinión en nuestro país. Desde esa perspectiva», concluye el presidente de PRESA, «la empresa editora de EL PAIS está dispuesta a concurrir en este terreno».

Para Manuel Martín Ferrand, director de la sociedad Antena 3, promovida fundamentalmente por La Vanguardia, ABC, grupo Z y la agencia Europa Press, «la fórmula del decreto es válida, parece buena, puede agilizar la solución del problema y parece que respeta el principio de pluralidad e igualdad de oportunidades». «Junto a esta fórmula», añade Martín Ferrand, «habrá que esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional a instancias de una, demanda de Antena 3». En opinión de Martín Ferrand, es urgente la solución del tema de las televisiones privadas «porque es la única vía para desdramatizar el tema de la televisión en España».

Según Joaquín Peláez, portavoz de Teleser, que ha sido solicitada por la Sociedad Española de Radiodifusión (SER), «el decreto supone un paso adelante en la clarificación de todo este asunto, pero, en general, la normativa, tal como está planteada, parece insuficiente, porque no baja a cuestiones concretas fundamentales, como, por ejemplo, el plan técnico». «Sin este plan técnico no pueden arrancar las estaciones privadas. El plan técnico es esencial para saber a qué atenernos».

La referencia al plan técnico es también fundamental para Alejandro Muñoz Alonso, directivo del grupo Radiotelevisión 16, promovido por las empresas editoras de, Cambio 16 y Diario 16. «No se pueden hacer planes concretos», dice, «mientras que no se sepa en qué consiste este plan técnico, porque el decreto, tal como se presenta en el borrador, tan sólo regula unos aspectos jurídicos muy generales, pero hace falta saber cuanto antes, por ejemplo, si van a existir cadenas nacionales y cuántas, o si van a permitirse circuitos regionales y locales y cuántos».

Luis Angel de la Viuda, director de Tele 80, patrocinada por la Editorial Católica y algunos grupos bancarios, aunque no entra en valorar si esta reglamentación debe hacerse por decreto o por ley, estima que cualquier reglamentación es en principio positiva, a fin de que no se reproduzcan los casos de Estados Unidos (años veinte, con el plan de radiodifusión) o de Italia en relación con las televisiones privadas. Además, en el caso español se trata de una posición que ha sido defendida por un dictamen del Consejo de Estado. Para Luis Angel de la Viuda es necesario, no obstante, una referencia concreta al plan técnico para comenzar a funcionar.