Política de laboratorio

El ejercicio de esgrima dialéctica protagonizado ayer por dos primeras espadas de UCD y PSOE en el Ayuntamiento, constituye, obviada por habitual la distancia ideológica de ambos grupos, un difícil trance para los socialistas, a los que se les plantea el dilema de elegir entre las decisiones políticas que se adoptan en los despachos de Santa Engracia o aplicar el pragmatismo del ejercicio del poder y el consecuente contacto con la realidad.Cuando Florentino Pérez critica, desde sus posiciones centristas, al socialista responsable de la hacienda municipal madrileña, Joaquín Leguina, su oposición a un proyecto de ley que ha. sido pactado por los respectivos partidos a los que pertenecen, se confunde lo que supone la posibilidad de aplicar una norma con la obligación de ajustarse a ella.

El PSOE y el Gobierno acordaron a finales de julio último un programa de actuación en el ámbito local que, entre otros aspectos, incluye un proyecto de ley sobre financiación del transporte, que, una vez en vigor, facultará a los municipios para establecer un nuevo impuesto, destinado a enjugar las pérdidas que hoy registra el transporte colectivo administrado por los ayuntamientos. Este nuevo impuesto supone, en la práctica, doblar la carga impositiva que en la actualidad soportan los ciudadanospor el uso de sus viviendas.

La rentabilidad política de esta medida está clara. El Ayuntamiento que recurra aella paya sanear la situación financiera de sus empresas de transportes habrá de soportar el precio político que medida tan impopular supone. UCD, parece claro, no ignora la estrecha relación que existe a la hora de votar entre,la orientación de la voluntad popular y este tipo de medidas, y cuando los socialistas, que en coalicion con el PCE gestionan hoy los ayuntamientos democráticos, solicitan ayuda económica para las escuálidas arcas municipales se avienen a elaborar un proyecto de ley que faculta a los municipios para por esta vía tan impopular recaudar el dinero necesario para mantener el transporte público a su cargo.

No se puede olvidar que desde una concepción socialista el mantenimiento de unas empresas de transportes municipalizadas justifica la existencia de unas pérdidas que deben ser cubiertas por la vía de la redistribución social de la renta; es,decir, mayor aportación del dinero que el Estado recauda de todos los españoles, y no sólo de los que utilizan este medio de transporte

En esta controversia dialéctica, UCD, desde la posición de fuerza que propicia el ejercicio del poder, se cierra en banda y sostiene que el tranporte público, bien gestionado, debe ser rentable.

Así las cosas, el PSOE, que en la negociación obtiene unos dineros que, de momento, saca del apuro económico a los ayuntamientos, pasa por el aro centrista y acepta un compromiso político del que sale el referido proyecto de ley. Pero Florentino Pérez no debe ignorar que dicha normativa simplemente facultará a los ayuntamientos a doblar el actual porcentaje de contribución territorial y urbana, lo que no significa impedimento para que, desde su acción de gobierno local, la coalición de izquierda que los gestiona busque otras formulas que impidan penalizar a los ciudadanos por el simple hecho de tener una vivienda.

Otro problema es el debate interno que en el PSOE originará sin duda el reto de los leguinas que pueda haber en los ayuntamientos democráticos, los cuales, desde el conocimiento de la realidad política que propicia el ejercicio del poder y su consiguiente responsabilidad, con su negativa a aceptar esta vía de financiación se enfrentan a la política de laboratorio que su propio partido pone cada día en pie en los pasillos y despachos de Santa Engracia.