Soriano vendió Fidecaya despues de su intento de fusionarla con Promobanc

Miguel Soriano Carrasco, accionista mayoritario de Fidecaya de 1968 a 1971, y, nuevamente, de diciembre de 1978 a mayo pasado, endosó la empresa ahora en liquidación a su actual propietario, Edmundo Alfaro Villén, después de reiterados intentos de vincular a Fidecaya con Promobanc, para hacer un gran grupo financiero Según los últimos datos desvelados en este caso, el Banco de España, que tuvo el control de los consejos de administración de ambas entidades entre julio de 1980 y mayo de 1981, frenó las aspiraciones de Soriano, pero sus deseos de salvar Promobanc le llevaron a permitir el cumplimiento del acuerdo Soriano-Alfaro, en virtud M cual éste compraba Fidecaya al precio simbólico de una peseta y se hacía cargo de las deudas que Soriano tenía con ambas empresas, superiores a los mil millones.

La vinculación entre Fidecaya y Promobanc trasciende en febrero de 1980, dos meses después del segundo desembarco en Fidecaya de Miguel Soriano, quien la primera vez sucedió en el control de la entidad al hombre que la había poseído de 1960 a 1,968, Julio Muñoz Ramonet. Para hacerse con Promobanc, después de comprar el 99,57% de Fidecaya (el resto estaba y está en manos de los empleados), Soriano realiza un cruce. A cambio del 28,56% del capital de Fidecaya, que cede a dos filiales al ciento por ciento de Promobane (Edinvasa e Induvasa), consigue gran parte de la autocartera del banco, lo que, con alguna compra más, le da un 40% de las acciones y el dominio del mismo.Miguel Soriano, empresario afincado en Albacete, estuvo así a punto de conseguir sus aspiraciones: unir dos empresas con posibilidad de captar ahorro y fuertes inversiones, especialmente inmobiliarias. La red de Fidecaya contaba con 5.400 delegados y 340 oficinas, lo que le había permitido captar ahorros por valor de 16.000 millones de pesetas. Promobanc (Banco de Promoción de Negocios) tenía diecisiete sucursales, unos 6.000 millones de pesetas en cuentas acreedoras y también amplios intereses en el sector inmobiliario, entre ellos los mejores solares de Valencia. Todo ello con no muchos empleados fijos: pocos en Fidecaya (570) y algunos más relativamente en Promobane (250).

Las dos crisis

Pero la crisis que afectaba a gran parte de las ventas del sector inmobiliario, así como la mayor dificultad de los negocios fáciles, frustraron las aspiraciones de Soriano. No hacían falta muchos datos concretos para intuir por aquel entonces que las dos empresas tendrían dificultades.Por una parte, el pasado de Fidecava, y sobre todo el más reciente, había sido complicado. Desde 1952, en que fue fundada con ciertos privilegios y cinco millones de pesetas, por la familia Caparrós Sánchez como accionista mayoritario, tuvo una docena de cambios sustanciales y sufrió dos intervenciones e inspecciones de la Dirección General de Seguros en el accionariado. La consecuencia era que, a pesar del exiguo coste de sus recursos, procedentes de ahorradores modestos, los negocios de la empresa, y sobre todo los inmobiliarios, habían sido mal llevados.

De otro lado, Promobane había nacido en años difíciles. La competencia para una entidad con diecisiete sucursales era dura. Y los negocios que financiaba, si bien lo eran con altos intereses, no salían ya bien y, por tanto, no pagaban.

Así las cosas, cuando Soriano propuso en varias ocasiones fusionar las dos empresas, argumentando innumerables ventajas sin concretar en la operación, el Banco de España, según noticias recogidas por EL PAÍS en medios financieros, entendió que ambas estaban muy apuradas, y que cada una debía ser salvada por separado.

El 28 de marzo de 1980, mes y medio después de una inspección en Fidecaya sobre el ejercicio 1978, la Dirección General de Seguros concedió un plazo para rehabilitar y sanear la situación de la entidad de ahorro particular o proceder a su disolución. Sin embargo, el 17 de julio aceptó la propuesta de Soriano, que consistía en aportar bienes como capital por valor de mil millones de pesetas, operación que fue formulada a la semana siguiente. Casi un año después se descubrió que los bienes aportados para cubrir la ampliación de mil millones valían solamente 189.

El descubrimiento fue fruto del trabajo de un Consejo de Administración controlado por el Banco de España, que a finales de julio de 1980 toma las riendas de Promobanc e, indirectamente, de Fidecaya. En primer lugar, después de una breve intervención del banco valenciano, nombra para el mismo, acogiéndose al decreto-ley de marzo de 1978, a tres hombres: Alvaro Muñoz, como presidente; Ramón Izquierdo y Francisco Monforte.

Días más tarde, la Dirección General de Seguros y el Banco de España sugieren un Consejo para Fidecaya, integrado por Antonio Masa Godoy, como presidente, Alvaro Muñoz y Ruiz de Alda (ambos por el banco emisor) y Evelio Verdera, catedrático de Derecho Mercantil. No obstante, hacia finales de año, Soriano se queja de la actitud dura del Consejo e influye en el mismo a través de Jesús Santos Rein y Santiago Estrada.

El Consejo de Promobanc encarga una auditoría a Price Whitehouse, y el de Fidecaya a Espacontrol. Esta última tenía la finalidad de clarificar la situación consolidada de Fidecaya y su grupo de empresas participadas (treinta inmobiliarias y diez financieras), valorar los bienes aportados por Soriano y diagnosticar la viabilidad de la empresa. La auditoría revela también que el déficit consolidado a 30 de junio era de 4.056 millones, pero terminaría el año en 5.309. Los mil millones de Soriano eran una finca no urbanizada en la costa Norte de Almería (El Playazo), otra en Almería capital y un solar en el barrio madrileño de Moratalaz; todo ello valorado en 183 millones por la firma especializada Richar Ellis.

Paralelamente, la auditoria en Promobanc revela que las deudas de Soriano con esta entidad ascendían, con principal e intereses, a unos 1.200 millones de pesetas. Su cobro era básico como primer paso para conseguir el saneamiento del banco. Pero, si bien la mayoría eran créditos sin póliza o hechos en póliza sin intervenir, es decir, sin fuerza ejecutiva, Soriano había pignorado acciones en las arcas del Banco de España, donde se hizo valer la situación de prenda. Así, en marzo de 1981 fue fácil reducir el capital de Promobanc en un 50% (de 1.400 a 700 millones) con el fin de asumir pérdidas, para luego ampliarlo de nuevo en la proporción de 1 a 2, lo que dio entrada y mayoría al Fondo de Garantía de Depósitos, formado a medias por el Banco de España y la Banca Privada. De esta forma se obvió la convocatoria de Junta General de Accionistas, que podría haber sido instrumentada por Soriano, a la vista de que el resto del capital, salvo una pequeña parte de la Caja de Ahorros de Valencia, estaba muy repartido entre dos mil accionistas.

Embargo "secreto"

Con la entrada del FGD, el Banco de España no consideró necesario cambiar el Consejo de Promobanc, cuyos gestores no tardaron en ejecutar los únicos cincuenta millones de deudas de Soriano que eran ejecutables. El embargo, que fue admitido por el juzgado de Albacete, incluía tanto las fincas de Almería aportadas por Soriano al capital de Fidecaya como todas sus acciones en la empresa.En este contexto, en marzo de 1981, el Consejo de Fidecaya dio por terminada su labor y expresó su voluntad de cesar, después de requerir a Soriano para que cubriera realmente la ampliación de capital, y la empresa restableciera su equilibrio patrimonial. La Administración estudió diversas salidas para Fidecaya, en especial su venta a entidades financieras solventes, pero ninguna la quiso. Una de las soluciones más estudiadas, la propiciada por el presidente, Antonio Masa Godoy, presidente a su vez de la Caja Rural de Badajoz y de la compañía de seguros Hércules Hispano, fue la venta a las Cajas Rurales, pero tampoco las entidades consultadas aceptaron la oferta.

En ese momento es cuando aparece Vicente Edmundo Alfaro Villén. El 27 de abril, Soriano vendió en documento privado el paquete que tenía en Fidecaya a Edmundo Alfaro, al precio de una peseta y con el compromiso de que Alfaro se haría cargo de las deudas del primero. La transacción se formaliza el 8 de mayo, con la condición de que en diez días Alfaro compraría la participación de Promobanc en Fidecaya para hacerse con todo el capital de ésta. Al aparecer Alfaro, dimiten los representantes de Promobanc en Fidecaya, pero el Consejo del banco, ante la oferta de compra de Alfaro, acuerda remitir al Banco de España los contratos antes de su firma.

Aunque por las cautelas de Promobanc y el Banco de España no se cumple el plazo de diez días, con objeto de salvar los intereses de Promobanc, la operación se formalizó el 15 de julio. Soriano había liberado así a Alfaro de responsabilidades patrimoniales.