Dictamen favorable del Consejo de Estado a las televisiones privadas

El Consejo de Estado ha elaborado un dictamen favorable a la vía del decreto gubernamental y a su contenido, que regulará la televisión privada en España, según manifestaron fuentes del Ejecutivo a EL PAÍS. El decreto dispone el reconociniiento de los principios en que se funda la implantación de canales privados de televisión. Prevé, como futuros desarrollos legislativos, la elaboración de un plan técnico sobre disponibilidad de frecuencias y cobertura de canales de emisión, y la convocatoria de concurso para la concesión de licencias de emisoras.

El plan técnico sobre la disponibilidad de frecuencias y las coberturas de los canales de emisión no estaría listo, probablemente, antes de tres meses. La complejidad del plan técnico requiere un minucioso estudio sobre las actuales y futuras coberturas de los servicios de televisión, tanto con ámbito nacional como local.La televisión privada en España podría disponer de una sola cadena con cobertura nacional, añadieron las citadas fuentes del Ejecutivo. La eventual creación de múltiples canales con cobertura nacional sólo sería factible en el futuro mediante la comunicación por satélite que sustituiría a las redes terrestres de difusión de programas.

El hecho de que se contemple la implantación de una sola cadena nacional privada puede interpretarse como un acercambento o imitación del modelo británico de televisión privada: la infraestructura de la red de difusión con titularidad estatal y la producción y programación concedida a un grupo de empresas. casi todas. vinculadas a medios de comunicación y sometidas a control estatal.

El Gobierno. señalaron las citadas fuentes, garantizará el acceso al canal privado de los dlstintos arupos peticionarios con criterios de pluralisnio.

Los ex ministros de Cultura y Justicia. Pío Cabanillas, que ahora es titular de este último departamento, y Francisco Fernández Ordóñez, celebraron conversaciones, a mediados del pasado mes de agosto, para llegar a un acuerdo sobre la forma de tramitación del decreto que regulará la televisión privada.

La discrepancia existente entonces entre los miembros del Gobierno surgió por la oposición de Fernández Ordóñez y algunos ministros a que el derecho a la televisión privada se regulase por medio de un decreto, es decir, por propia decisión gubernamental, como propugnaba la mayoría del Ejecutivo. Fernández Ordóñez, ministro de Justicia, estimaba que la regulación debía contar con el respaldo del Parlamento, bien por decreto-ley o bien por la vía más lenta del anteproyecto.

La dimisión de Francisco Fernández Ordóñez, que, según algunas interpretaciones, también tenía relación con aquellas discrepancias, significó la desaparición del principal obstáculo dentro del Gobierno para regular las televisiones privadas mediante simple decreto. El traslado de Pío Cabanillas al Ministerio de Justicia facilita aún más el proceso previsto.

Los líderes socialistas y comunistas se han mostrado hasta ahora partidarios del moiiopollo estatal de la televisión, si bien una de las cuatro ponencias. la de la agrupación socialista de Segovia que se presentan en el próximo congreso federal del PSOE, defiende la legalidad y convenlen ela de emisoras privadas. Los socialistas se opondrían tajantemente a que los eventuales concesionarios de televisiones privadas puedan alquilar la red de difusión de RTVE. Se cree, por otra parte, que algunos técnicos con nivel directivo en el Ente Público RTVE elaboraron informes so bre las televisiones privadas para algunos de los peticionarios.

Peticiones pendientes

Veinticinco emisoras de televisión privada, que cubrirán un ámbito más o menos estatal, y otros tantos proyectos de carácter local se encuentran a la espera de la normativa que en su día regulará el funcionamiento de esta nueva organización de televisión, que se espera para España, según todos los indicios.Los grupos más importantes que hasta ahora han solicitado formalmente la autorización para comenzar a funcionar están ligados casi todos ellos a personas o empresas relacionadas con el mundo de la comunicación, principalmente con los medios de Prensa y radio, aunque también se encuentran empresarios y banqueros que, en muchos casos, apoyan financieramente la formación de televisiones privadas. Entre las principales er,ipresas solicitantes figuran Promotora de Emisoras Sociedad Anónima (PRESA), filial de PRISA (Promotora de Informaciones Sociedad Anónima, editora de EL PAÍS), que ha cursado una solicitud a la Presidencia del Gobierno para acogerse a lo que establezcan las futuras normas sobre la concesión de emisoras privadas, dado su propósito de estlablecer dos centros emisores de televisión: uno en Madrid y otro en Barcelona.

Antena 3 es otra de las empresas que ha solicitado televisión privada. Esta sociedad está integrada por las empresas editoras de La Vanguardia, Abc y el grupo Z, además de la aaencia Europa Press. Esta cadena será dirigida por el periodista Manuel Martín Ferrand.

Por otra parte, la Sociedad Española de Radiodifusión (SER) ha promovido la cadena Teleser que piensa presentar, según sus directivos, un 40% de programación de producción propia. La Editorial Católica, y un grupo bancario son los principales promotores de otra cadena, Tele 80, que será dirigido por Luis Angel de la Viuda. Por su parte, la empresa Teleunión, integrada por cerca de treínta profesic,nales de Radiotelevisión EspañoIa, pretende producir programas para luego venderlos a otras emisoras. Telecolor y RTVE 16, la primera promovida por empresarios valencianos y la segunda por el grupo editor de Cambio 16, son otras dos cadenas solicitadas, junto con la demandada por el editor Eugenio Suárez.