Presión sobre alcaldes y concejales para propiciar las expropiaciones del Teleno

Una treintena de concejales y alcaldes de los catorce pueblos de León afectados por las expropiaciones del futuro campo de tiro del Teleno -61 kilómetros cuadrados pertenecientes a cinco ayuntamientos- acordaron, a última hora del jueves, presentar la dimisión de sus cargos ante las presiones del Gobierno Civil, que les amenazaba con sanciones de hasta 100.000 pesetas y penas de arresto mayor (hasta seis meses) si persistían en su negativa a comparecer en el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los terrenos, casi todos de propiedad comunal, que ocupan un frente de diez kilómetros de largo por seis de ancho.

El acuerdo de dimisión fue adoptado en la localidad de Luyego, con asistencia de cuatro alcaldes de los municipios afectados y más del 75% de los concgjales de Santiago Millas, Val de San Lorenzo, Lucillo, Santa Colomba de Somoza y del propio Luyego. Los presidentes de las juntas vecinales de la zona podrían también dimitir, según manifestaron los portavoces de los pueblos. El acuerdo fue adoptado por unanimidad y será ratificado hoy en una serie de plenos municipales convocados con carácter extraordinario en cada uno de los ayuntamientos.

Los representantes de estos municipios otorgaron un poder a varias personas para entrevistarse con el gobernador civil, Ángel García del Vello, entre ellas al diputado del Grupo Mixto Andrés Fernández y al presidente de la comisión de afectados, Santiago Badillo, así como al alcalde de Val de San Lorenzo, Gregorio Gtijo, de los cuajes sólo acudió el primero por la negativa oficial a aceptar la representatividad de la comisión. No obstante, en la entrevista, que tuvo lugar a la una de la tarde de ayer, se puso de manifiesto la práctica unanimidad de los vecinos de la zona a no ceder sus tierras, y se denunció la postura beligerante del Gobiemo Civil.

Dos oficios en menos de un mes

En menos de un mes, el Gobierno Civil ha enviado dos oficios a uno de los ayuntamientos, el de Val de San Lorenzo, para que los alcaldes de la zona acudan al levantamiento de las actas, al margen de la opinión de los vecinos. En el último de estos oficios, fechado el pasado día 7, se advierte qge, de acuerdo con el artículo 57 del reglamento de expropiaciones forzosas, se «ordena y requiere» a la autoridad municipal para que se per,sone en dicho acto, amenazando con incurrir -«en caso de desolhedecer el presente mandato»- en las penas recogidas en los «artículos 237 y concordantes del vigente Código Penal y demás disposiciones aplicables al caso». Los abogados de los vecinos, por su parte, han anunciado que piensan presentar una querella.contta el Gobierno Civil por coacción y amenazas.