Siete familias ocupan las viviendas, aún sin terminar, que compraron hace nueve años

Miembros de siete familias de San Sebastián de los Reyes ocuparon en la madrugada del lunes las viviendas y locales comerciales en construcción que habían adquirido en 1972 en un edificio de la calle de Gerona y que, debido a presuntas irregularidades, se encuentran sin terminar nueve años después de la firma del contrato de compraventa. En 1976 los afectados presentaron querella por estafa contra los promotores del edificio, pero, a causa de la tramitación de los recursos habidos, la Audiencia no ha resuelto todavía el caso.

La treintena de personas -entre ellas cerca de veinte niños- que en la mañana de ayer se encontraban en los pisos ocupados fueron conminados por fuerzas de la Policía Nacional para que abandonasen el bloque, pero, según explicaron los afectados, al oír sus argumentos sobre la acción llevada a cabo, los agentes de orden público se retiraron. En declaraciones hechas a este periódico, los ocupantes señalaron que están dispuestos, a permanecer en las viviendas (que carecen de fluido eléctrico, agua y red de saneamiento) en tanto no se resuelva su situación.Los afectados firmaron un contrato de compraventa por valor de medio millón de pesetas y comenzaron a pagar las correspondientes letras a los promotores. Los terrenos pertenecían a Isabel Tomé, quien parece que los cedió a los constructores Sebastián Montero y Miguel Moreno a cambio de algunos de los locales a construir. Antes de que estuviesen terminados se paralizaron las obras por falta de dinero.

A los cuatro años de la firma de los contratos, y ante la prolongada paralización de las obras, cinco familias afectadas presentaron la querella ante el Juzgado de Instrucción de Colmenar Viejo. A petición de los afectados, en 1979 el Ayuntamiento otorgó nueva licencia para que se finalizase la construcción y se resolviese el problema, pero la dueña de los terrenos había contratado con otro constructor, Arsenio Rica, para terminar la obra, y la licencia, entonces, quedó invalidada, ya que el cambio de constructor no fue comunicado a la Corporación.

Asimismo, para proceder a la terminación y entrega de las viviendas, el nuevo constructor les ha pedido a los afectados más de dos millones de pesetas, a lo que los compradores se niegan por no constar en el contrato. El Ayuntamiento, que ha intentado mediar en el contencioso, ha paralizado sus acciones en tanto los jueces no emitan sentencia. Los afectados declaran que están dispuestos a colaborar para la terminación de las viviendas, pero dicen que si los promotores quieren más dinero, que eleven el precio de los pisos no vendidos aún.