Procesado un concejal de UCD por insultara otro del PSOE en un pleno de Robledo de Chavela
El Juzgado de Instrucción de San Lorenzo de El Escorial dictó auto de procesamiento contra el concejal centrista Antonio Alberquilla como presunto autor de los insultos de que fue objeto el también concejal socialista José Iglesias en el transcurso de un pleno de la Corporación municipal de Robledo de Chavela. Al parecer, se tomaron medidas (represalias, según el socialista, y simples coincidencias, según el alcalde) contra el padre del concejal denunciante y un vecino que atestiguó a su favor.
El Ayuntamiento de Robledo de Chavela cuenta con cuatro concejales de UCD, tres de CD y dos del PSOE. Las relaciones entre los socialistas y los siete restantes han dado lugar con bastante frecuencia a discusiones acaloradas en los plenos y en sus contactos habituales relacionados con los asuntos municipales. Los socialistas acusan a sus adversarios políticos de numerosas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento, ayudados por el secretario municipal, Aurelio Pedraza. Alcalde y concejales de los dos grupos mayoritarios rechazan absolutamente tales imputaciones.El enfrentamiento llegó a uno de sus puntos álgidos en un pleno celebrado en noviembre del año anterior. En un momento dado, Antonio Alberquilla comenzó una intervención de réplica con la frase: "Este señor es un delincuente", referida a José Iglesias. La correspondiente querella por difamación se puso en mayo de este año ante el Juzgado de Instrucción de San Lorenzo de El Escorial y actuó como testigo a favor del supuestamente ofendido un vecino de la localidad llamado Adolfo Ventero, taxista de profesión.
En junio, el juzgado dictó auto de procesamiento contra el concejal ucedista, quien ahora permanece en libertad provisional después de haber depositado una fianza de 50.000 pesetas. Antonio Alberquilla recurrió primero ante el mismo juzgado de San Lorenzo, que desestimó el recurso, y después ante la Audiencia Territorial, que aún no ha emitido su fallo. EL PAIS intentó en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos cuatro días, y por todos los medios posibles -familiares y allegados-, contactar con el señor Alberquilla para preguntarle su versión de los hechos, sin conseguirlo. Todo fueron evasivas cuando se explicó de qué se trataba y el contenido de la información que hoy se publica.
Represalias o coincidencias
El padre de José Iglesias es propietario de una vaquería situada en el casco urbano, como es habitual en Robledo de Chavela. El 24 de julio, el alcalde de dicha localidad, Eusebio Quijada, le comunicaba por escrito oficial la decisión del Ayuntamiento ordenándole la clausura del alcantarillado de la vaquería, que evacua las aguas residuales a la red del alcantarillado general del pueblo. El plazo para acatar la orden se fija en diez días.Con la misma fecha, el alcalde envió un escrito similar a Adolfo Ventero, taxista, que actuó como testigo a favor del concejal socialista. En este caso, el Ayuntamiento ha decidido retirarle la licencia del vehículo que utiliza en régimen de taxímetro, en base a que "por usted no se prestan los servicios públicos de viajeros a que le obliga la licencia concedida".
José Iglesias ha declarado que ambas medidas no se pueden calificar sino de represalias e insistió en la práctica habitual de los concejales de la mayoría de poner obstáculos y molestias a los vecinos del pueblo que no están de acuerdo con su gestión y lo manifiestan claramente. José Iglesias citó que la falta de consideración de los concejales de UCD y CD hacia los vecinos es tal que el encargado de presentar la propuesta de sanción contra el taxista fue el propio Antonio Alberquilla. Eusebio Quijada, alcalde de Robledo de Chavela, ha negado que tales hechos constituyan represalia alguna.
Según sus palabras, la orden de cierre del alcantarillado de la vaquería es un asunto que ya viene de mucho tiempo atrás y se había advertido al padre del concejal socialista en varias ocasiones. Respecto al taxista, el alcalde afirmó que trabajaba en otra empresa y no atendía debidamente al servicio público que debía prestar, por lo que se le retira la licencia. Hizo hincapié luego en que la coincidencia de fechas no es más que eso y desmintió rotundamente que se tratara de actos de represalia.
Adolfo Ventero, el taxista, ha recurrido contra la sanción municipal y señala en su pliego de descargos que la licencia la tiene en régimen de auto-taxi y no de taxímetro, así como que nadie ha podido probar en absoluto que no ofreciera el servicio público en cuestión. También el propietario de la vaquería ha presentado pliego de descargo, en el que señala que la vaquería funciona con todos los requisitos legales sanitarios.
Ya en estas fechas (ver EL PAIS del 21 de septiembre de 1977), el actual concejal socialista José Iglesias denunciaba a este periódico que "si yo me presentara a las elecciones municipales -soy militante del PSOE- la mayoría del pueblo me votaría". En aquellos días, el jardinero aparejador del Ayuntamiento, Leandro Herranz, le denunció por supuestas "malas condiciones sanitarias" en la vaquería de su propiedad.
