Una "macropensión" de tránsito abarrotada de inquilinos

La masificación de reclusos es el gran problema de Carabanchel. A este agobiante monstruo acude una media diaria de siete reclusos y mantiene ahora encarcelados a 1.678 personas. "Es una barbaridad", afirma el subdirector del centro, Angel Cavero Abedillo, "que estas personas tengan que soportar estas condiciones". Los recintos penitenciarios, que deberían recoger como máximo a trescientos reclusos, según señalan algunas convenciones internacionales sobre el tema y el propio reglamento, para mantener una óptima asistencia al preso, se suelen encontrar desbordados, y especialmente en Madrid, ciudad por la que deben de pasar muchos detenidos que esperan ser juzgados.El 70% de los presos que sobreviven en Carabanchel son preventivos y no penados, situación altamente deficitaria, ya que el problema no proviene de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, sino de la propia estructura social y judicial. "Es una, locura", manifiesta Angel Cavero, que para una ciudad como Madrid únicamente funcionen veintidós juzgados de Instrucción, lo que produce una constante afluencia de personas a la prisión, que luego tardan seis, doce o veinticuatro meses en ser juzgadas". La situación judicial, pues, tiene, en gran medida, la culpa de que Carabanchel continúe abarrotada de personas, como viene ocurriendo desde hace varios años. En algunos momentos, este centro ha mantenido en su interior a 2.500 presos.

La solución sería, por una parte, la agilización del proceso judicial. "Nosotros", manifestaba el director en funciones del centro, José Manuel Carrasco Alonso, "estamos soportando una deficiencia que no es propia de Instituciones Penitenciarias. La deficiente estructura del sistema Judicial ha masificado las cárceles. No se ha descentralizado esta situación y Carabanchel se ve desbordada".

La falta de agilización de los procesos judiciales trae como consecuencia que en esta prisión haya ahora alrededor de 1.200 internos que están esperando ser juzgados. La tercera galería de la prisión acoge a 428 internos, de los cuales 110 están detenidos por delitos de terrorismo (catorce de ETAm, 35 de ETApm, veinte de ETA-grupos autónomos, dieciséis de los GRAPO y veinticinco de otras fracciones); la quinta galería tiene 523 internos comunes; la sexta, 281; la sexta rotonda, diecinueve; la séptima, 394, y la primera exterior (celdas de aislamiento para castigados), diez. Asimismo funcionan como auxiliares o ayudantes de funcionarios nueve reclusos de máxima confianza (clasificados en tercer grado por un grupo de observación del centro formado por un pedagogo,dos criminólogos y una psicóloga).

Los políticos, únicamente de paso

El pasado día 22 de julio salieron de la prisión de Carabanchel 117 etarras para ser internados en la nueva prisión de El Puerto de Santa María, en Cádiz, según habían acordado hace meses los responsables de los ministerios de Justicia e Interior, dada la excesiva población penal que registraba Carbanchel en aquellos momentos (2.000 internos) y ante la posible amenaza de comandos terroristas detectados en Madrid, que hacían tema cualquier acción en el centro. En aquellos días, los funcionarios de la prisión habían advertido su incapacidad material para garantizar el orden interno, e hicieron hincapié en los graves incidentes ocurridos allí, así como varios intentos de fuga y un frustrado asalto al centro.

Fuentes próximas a estos ministerios señalaron en aquel momento la necesidad de alejar lo más posible a los presos etarras del País Vasco, declaración que viene a contradecirse con la norma de que cada preso, en general, debería cumplir su condena en su provincia de origen, donde reside o donde tiene una vinculación familiar, como manifestaba el equipo directivo del centro.

Las mismas fuentes señalaron que existe la propuesta de mantener en Carabanchel únicamente a presos comunes e ir trasladando a los presos políticos a otros lugares, aunque, de todas maneras, este recinto penitenciario tenga que soportar el tránsito de éstos cuando vayan a ser juzgados. "Sabemos", señalaban, "que aguantaremos ese tráfico, pero debe procurarse que este período se reduzca al tiempo imprescindible".

Falta de control y de seguridad

Otro de los problemas que preocupan seriamente al equipo directivo del centro es la falta de funcionarios de prisiones, reivindicación que llevan largo tiempo manteniendo estos últimos. Carabanchel dispone de 121 funcionarios, de los cuales sólo ochenta se dedican a la vigilancia y al control de los internos. Teniendo en cuenta los correspondientes turnos de éstos, según manifestaba el cuerpo directivo, existe una media de un funcionario por cada doscientos presos, lo que parece una "locura", cuando en otros países europeos los funcionarios se quejan de que cada uno de ellos tenga a su cargo a cincuenta reclusos.

La importante carencia de funcionarios crea un grave problema de control de los reclusos y una falta de seguridad. Pero aún más grave que la imposibilidad física de la normal custodia del interno es que el funcionario no pueda prestar un servicio de asistencia social al preso, proyecto que ya está en marcha.

Las normas internacionales sobre instituciones penitenciarias señalan como óptima la relación de un funcionario por cada diez internos. En Estados Unidos, el país con mayores medios en este sentido, dispone de una media de un asistente por cada veinticinco o treinta reclusos. En Carabanchel trabajan diariamente veintidós funcionarios de vigilancia para 1.678 reclusos. En muchos casos, al descontar a los funcionarios que se encuentran custodiando el exterior de los edificios, hay un funcionario para mantener el control de toda una galería (300 personas de promedio).

Asimismo el control del exterior del edificio está dirigido, aproximadamente, por noventa miembros de la Guardia Civil, quienes, teniendo en cuenta también sus correspondientes turnos, prestan un servicio de treinta miembros de servicio en cada momento.

Ante la grave falta de funcionarios de prisiones, quienes no pueden realizar ni normalmente su servicio de vigilancia por una imposibilidad física (un funcionario por 200 reclusos de promedio), el trabajo del asistente social del interno queda pendiente de la disposición particular de cada uno de ellos. En estos momentos, la Prisión Provincial de Carabanchel solamente dispone de un servicio compuesto por dos asistentes sociales para todos los reclusos.

La ley de asistencia social al preso, que aún está en proyecto, intenta no dejar al recluso desamparado y descolgado del exterior, puesto que, ante la imposibilidad física de que los escasos funcionarios realicen sus funciones, el interno se encuentra a disposición de la buena voluntad del funcionario.

La ayuda al preso en el interior del recinto penitenciario es absolutamente necesaria y debe ser garantizada, aunque esta norma todavía no ha sido utilizada debidamente en las prisiones españolas. Es necesario potenciar la relación de cooperación funcionario-preso y la de mantener la convivencia pacífica en el interior del recinto. Esta es una de las tesis que mantiene el aún no legalizado Sindicato Democrático de Prisiones, cuyos portavoces manifestaron a este periódico que es necesario reivindicar los derechos del preso, como una fácil comunicación con el exterior (abogados, familia, etcétera), y lograr que predomine el sistema de la asistencia y la ayuda hacia el interno sobre el tópico control y la vigilancia que no se ha podido mantener, al menos, hasta ahora.

Durante la visita realizada a Carabanchel, y nada más llegar al recinto central, que domina la entrada a todas las galerías, un hombre suramericano, de tez morena y con arrugas de años, suplicaba que le escucháramos. Decía que llevaba más de quince años en prisión y todavía no había sido juzgado. Entre su voz entrecortada y llorosa podía entendérsele que no' tenía expediente. "Llevo varios años suplicando que miren mi expediente y llamen al juez; pero nadie me hace caso, nadie me hace caso...

Déficit de 7.000 plazas penitenciarias en España

Según manifestaba ayer Enrique Galavís, director general de Instituciones Penitenciarias, al diario Campo Soriano, "en España hay unos 20.000 presos y, sólo poseemos 15.000 plazas penitenciarías disponibles. Además, de 1981 a 1985 pensamos que esta población alcanzará las 30.000 personas". De los reclusos encarcelados, 550 son terroristas o reclusos detenidos por SU presunta colaboración o implicaciones con aquéllos. "El resto", decía, son delincuentes comunes. aunque empieza a ser importante el incremento por delitos contra la salud pública Y el tráfico de drogas".

Sobre el sistema penitenciario español, el citado director general señalaba que "se necesita la creación de la comisión de asistencia social, la del cuerpo de asistentes sociales y, posiblemente, una ley de administración penitenciaria en función de las autonomías. Asímismo Enrique Galavís explicaba que "en España hay 78 centros penitenciarios, por lo que es probable que en los próximos cinco oseis años haya que construr alrededor de veinticinco nuevos, algunos de ellos para sustituir a los que existen, por estimarse que pueden estar en deficientes condiciones".

Aclaró después que, administrativamente, no existe la denominación de "prisiones de máxima seguridad", ya que no existen tales , sino que puede haber, en algunos centros, secciones donde las medidas de control sean mayores que por lo general. "Una vez concluido el plan de construcción que se proyecta", añadía, "en cada región autonómica deberá haber un centro de preventivos en cada capital de provincia, con separación absoluta entre hombres y mujeres, y, además, dentro de ellos, entre menores y mayores de veintiún años"

Sobre la necesidad de dirigir los reclusos a los centros próximos a sus lugares de origen o donde mantienen una relación familiar, Galavís señaló que estas medidas se intentarán realizar rápidamente.

A esta cifra hay que añadir los gastos de grandes obras realizadas en dos de las galerías, el teléfono, los traslados de presos y el pago del servicio de vigilancia de la Guardia Civil, de lo que se hace cargo directamente la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

(Datos facilitados por la dirección de la prisión.)