"Los ahorros están ahora más seguros que hace dos meses"

El director general de Seguros, del Ministerio de Hacienda, Luis Angulo Rodríguez, declaró ayer a EL PAIS que «el embargo señalado en la providencia 1912-1981 no se refiere a las acciones de Fidecaya, sino exclusivamente a los derechos que Cemesa tiene por la concesión administrativa del puerto y complejo inmobiliario de Benalmádena, y así nos lo acaba de comunicar el juez, en un oficio dirigido a la Dirección General de Seguros. En cuanto a la salud de Fidecaya, puedo decir». señaló Angulo, «que los ahorros recogidos por esta entidad están ahora más seguros que hace dos meses, ya que la entrada de Edmundo Alfaro en ella supuso un fortalecimiento del patrimonio recomendado por la Administración».En cuanto a la operación de compra de Fidecaya por Edmundo Alfaro, propietario también de Cemesa, el director general de Seguros manifestó que la citada entidad de ahorro y capitalización «no está intervenida por la Administración ni ha sido nunca propiedad del Estado. Hubo una transferencia de acciones de un particular a otro particular para la que ni siquiera hace falta el permiso oficial del Ministerio, aunque la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos vio positivamente la operación. ya que trataba de potenciar a Fidecaya con una aportación nueva de capital. Nuestras funciones de inspección nos obligaría a velar por el patrimonio de las entidades de ahorro y capitalización. y en ese sentido, al observar las primeras dificultades de Fidecaya, hace un año aproximadamente, decidimos», manifiesta el director general de Seguros, «requerir a los anteriores propietarios para que realizaran una ampliación de capital. El grupo Alfaro se comprometió a realizar la ampliación adecuada y a fortalecer el patrimonio de Fidecaya con aportación de bienes tangibles, y por ello la operación fue bien vista por nosotros».

El director general de Seguros manifestó a EL PAIS su preocupación por la alarma que han podido causar entre los ahorradores las noticias recogidas por otras publicaciones que anunciaban el embargo de las acciones de Fidecaya, va que la legislación actual no prevé. como en el caso de los bancos en apuros, el apoyo económico del Banco de España o de la Administración. «Tal como está la legislación», dijo Luis Angulo, «el Ministerio de Hacienda no puede prestar ayuda económica alguna para resolver los problemas de tesorería de Fidecaya, y por ello hay que ir con pies de plomo antes de implicar a una entidad financiera en alarmas que pueden resultar graves». En ese sentido, Angulo añadió: «No puede decir que peligran los ahorros depositados en Fidecay a ni tampoco que no peligran. de la misma manera que no puedo decirlo de cualquier gran banco si mañana vamos todos los que tengamos depósitos a retirarlos de golpe; las estampidas en las entidades de ahorro son siempre materia delicada, ya que éstas se basan en la confianza de sus ahorradores».