Persecución implacable

LOS PERPLEJOS ciudadanos de este país pueden no salir de su asombro en muchos siglos si se siguen produciendo noticias como las que han ocurrido esta semana. El ilustre Colegio de Abogados de Almería ha tomado la determinación de abrir expediente sancionador al abogado de la acusación privada de los macabros sucesos que ocurrieron en aquella provincia el pasado mes de mayo.Las circunstancias que rodearon la muerte de aquellos tres jóvenes situaron estos hechos en los límites de la crónica de la precivilización. Para muchos ciudadanos, el esclarecimiento de responsabilidades de las personas que estuvieron presentes cuando ocurrieron las muertes de aquellas tres personas constituye una exigencia mínima de credibilidad del sistema democrático, caracterizado porque estos actos de primitivismo no puedan quedar impunes.

Resulta, por tanto, que la actuación del letrado Darío Fernández, encaminada en todo momento a hacer valer en España los principios del Estado de derecho, no sólo no ha merecido el apoyo y amparo de su colegio profesional,, sino que le ha granjeado la amenaza gremial de la represión y el castigo.

Hechos como este entristecen la conciencia de los ciudadanos que, amantes de la. libertad, consideran a su ordenamiento jurídico-político con capacidad de investigación y prueba para corregir los atentados a la dignidad humana que algunas personas pudieran cometer. El esclarecimiento de los sucesos de Almería no es sólo el capricho de un tozudo abogado, ni ninguna absurda campaña de desprestigio para cualquier respetable institución, sino simplemente la exigencia ética mínima de una sociedad que debe aborrecer la tortura y el asesinato.

Nadie debe pronunciar condenas precipitadas, ni declarar culpables a quienes no han sido sentenciados en un juicio contradictorio. Pero cuando existen indicios racionales de culpabilidad los poderes públicos y la sociedad en general deben de usar todos los resortes a su alcance para realizar una exhaustiva investigación que aclare el modo y manera en que aquellos tres ciudadanos perdieron sus vidas.

La apertura de un expediente sancionador por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Almería al colegiado Darío Fernández. parece cuando menos inoportuna y resulta un tanto pintoresca con el absentismo de la Corporación frente a un suceso de tan irreparables consecuencias, en el que este letrado asume la acusación privada. Es de elogiar que el Colegio de Abogados de Almería extreme su celo en el estricto cumplimiento de las normas que rigen el ejercicio de la profesión de sus colegiados, pero es también de lamentar que no demuestre tan activa preocupación en los hechos que han llevado al procesamiento por un juez de tres miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. En este sentido, la Junta de Gobierno tiene todavía la oportunidad de salir en defensa de su colegiado, que no pudo prestar su asistencia al sargento Bonill, al impedírselo un compañero del instituto armado de mayor graduación.

Por lo demás, los abogados de toda España debieran de reflexionar que este insólito comportamiento de la Junta de Gobierno del Colegio de Almería daña gravemente la imagen conseguida por está profesión, comprometida en la defensa de las libertades y en el establecimiento de un Estado de derecho durante varios años y que te ha granjeado el respeto de buena parte de la ciudadanía.