El gobernador civil de Valencia se ratifica en la suspensión de un importante acuerdo municipal

El gobernador civil de Valencia, José María Fernández del Río, ha ratificado su decisión de suspender el acuerdo municipal que aprobó el convenio colectivo entre el Ayuntamiento de Valencia y sus 3.500 funcionarios, pese a las reacciones fuertemente discrepantes del alcalde, presidente de la Diputación y ejecutiva socialista por esta injerencia política de la autoridad gubernativa en la autonomía de los municipios. El Ayuntamiento ha recurrido la citada medida.La decisión del gobernador de paralizar el acuerdo municipal para remitirlas diligencias a la Sala de lo Contencioso-Administrativo instancia que debe pronunciarse sobre la legalidad del acuerdo del Ayuntamiento, ha deteriorado la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación, ambas corporaciones presididas por socialistas, con el gobernador, porque consideran «injustificada» y «propia de otros tiempos» esta actuación.

Los motivos que alega el Gobierno Civil para intentar dejar sin convenio a 3.500 funcionarios, por «regular éste materias de competencia del Estado», son los relativos a jornada laboral, horarios, vacaciones, licencias, retribuciones, derechos de huelga y otros. El Gobierno Civil alega que a los funcionarios les corresponde trabajar 42 horas semanales y no 35 como recoge el convenio, y que las horas extraordinarias deben pagarse a noventa pesetas y no a trescientas, tarifa establecida por el convenio del Ayuntamiento.

El Gobierno Civil ratifica su consideración de acuerdo ilegal y anticonstitucional, ya que «el Ayuntamiento de Valencia intenta regular la función pública, aunque sea la local, cuya ordenación, y en lo que se determine o esté determinado legalmente, es competencia del Estado, claramente atribuida en la Constitución, incluso con carácter exclusivo».

La resolución gubernativa no ha sido aceptada por la Corporación, que aprobó, el pasado 12 de junio, el convenio con el voto de los tres grupos: UCD, PSOE y PCE. Por el contrario, el alcalde, Ricardo Pérez Casado, ha decidido iniciar el trámite de recurso ante la Audiencia y mantener la ejecutividad de la aplicación del convenio, Intervenciones gubernativas de este tipo se produjeron con anterioridad en los Ayuntamiento de Madrid y Oviedo.

La falta de reconocimiento de la autonomía municipal por medio de una reforma de la ley, de Régimen Local, aplazada para el otoño próximo, permite que la voluntad de las corporaciones para homologarse con las relaciones laborales de las empresas pueda ser denunciada por la Administración del Estado. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, se llegó a un acuerdo por ambas partes.