El Gobierno Mauroy pone en marcha la descentralización del Estado francés propugnada por François Mitterrand

El Estado supercentralista francés, herencia de Colbert y de Napoleón, empezó a ser demolido ayer por el nuevo poder con una ley de descentralización aprobada por el Consejo de Ministros, que la semana próxima será examinada por la Asamblea de Diputados. En un primer tiempo quedan suprimidas todas las tutelas administrativas y financieras que ejercían los prefectos y los ministerios parisienses sobre los tres tipos de colectividades: municipio, departamento y región. Los prefectos se convierten en "comisarios de la República". La primera etapa de la descentralización, considerada por el Gobierno como "la gran reforma del septenio" del presidente François Mitterrand, refuerza los poderes políticos locales.

El Gobierno socialista francés inició ayer la larga marcha de la descentralización con una primera ley, condensada en 64 artículos, que suprime todas las tutelas centralistas que se ejercían sobre el municipio, el departamento y la región.Esta primera fase, esencialmente política, será rematada a finales de 1982 con leyes suplementarias que dotarán a estos tres niveles de la Administración francesa del elemento operativo determinante, es decir, de sus finanzas propias.

El epicentro de la bomba descentralizadora reside en la supresión de los prefectos. Esta especie de gobernadores civiles son hasta la fecha el auténtico ejecutivo de todas las colectividades locales. Son los representantes oficiales del Gobierno central y ellos deciden de manera omnímoda. La nueva ley de descentralización los convierte en "comisarios de la República". Su misión será la de Vigilantes del Gobierno parisiense.

Estatuto de las regiones

Los poderes administrativos y financieros pasan a cada uno de los ejecutivos de las tres colectividades locales anteriormente citadas. En los 36.413 municipios franceses, el alcalde decide de manera soberana a su nivel, con la sola obligación de informar al comisario de la República. En los 91 departamentos, el consejo general se convertirá en el ejecutivo de esta colectividad.

El estatuto de las regiones se aplicará más lentamente. Durante dos años, los establecimientos públicos regionales serán mantenidos, pero, una vez definido su estatuto, los consejos regionales serán elegidos por sufragio universal. En los tres casos, el comisario de la República podrá recurrir ante los llamados "tribunales administrativos" locales en caso de desacuerdo con la gestión o decisiones de los poderes competentes.

El problema de las finanzas locales y de la reforma de los impuestos, motor real de una descentralización efectiva, aún no ha sido detallado en esta primera ley, destinada a encarrilar un proceso de reparto de poderes que las autoridades enfocan con decisión, pero a sabiendas de que los obstáculos serán montañas.

El centralismo ancestral ha creado costumbres y vicios que de la noche a la mañana no conjurarán las leyes. La independencia financiera de las colectividades locales no será fácil, teniendo en cuenta que el centralismo ha creado la pobreza y la riqueza de las regiones y que una descentralización imperfecta puede acentuarlas.

Por ello, el Gobierno, en los dos años sucesivos, realizará simulaciones que le sirvan de práctica. El departamento parisiense, por su lado, será sometido a un régimen especial. Y Córcega, el problema nacionalista más agudo del país, será tratado de forma particular.

En la mente de las autoridades francesas, "la descentralización es la que va a restablecer una unidad nacional amenazada por las reivindicaciones de ciertas regiones". Gracias a la descentralización, el ministro ad hoc Gaston Defferre entiende que las regiones podrán "expresar sus características particulares, sus tradiciones, su cultura".