La ley de Defensa de la Constitución, "una ley de Prensa camuflada"

De superflua e innecesaria para defender a la democracia del terrorismo y del golpismo fue calificada ayer la llamada ley de Defensa de la Constitución, a lo largo de un debate celebrado en el Colegio de Abogados de Madrid. Durante el mismo intervinieron Juan Luis Cebrián, director de EL PAIS; Pablo Castellano, diputado del PSOE; Félix Pastor Ridruejo, miembro de Coalición Democrática; Clemente Auger, magistrado; Joaquín García Romanillos, diputado de UCD; Leopoldo Torres Boursault, diputado del PSOE, y el profesor Arroyo, militante del partido comunista.

El director de EL PAIS manifestó que la llamada ley de Defensa de la Constitución es en realidad una ley de Prensa camuflada, que el Gobierno elabora en el contexto del golpe del 23 de febrero para dotarse de instrumentos legales para cerrar periódicos. Tras manifestar que era contrario a los delitos de opinión -«el terror y el golpismo son delitos, pero no opinar sobre ellos», dijo-, Juan Luis Cebrián añadió que realmente la ley de Defensa de la Constitución se utiliza contra la apología de un determinado terrorismo, pero no contra la apología del otro terrorismo que es el golpismo.Pablo Castellano analizó el origen de esta ley en el contexto político involutivo que supone el golpe de Estado del 23 de febrero. «Ninguno de los delitos que contempla esta ley», dijo, «son nuevos ya que están tipificados en el Código Penal». Calificó la ley de Defensa de la Constitución de innecesaria y demagógica y añadió que no va a servir para nada.

Félix Pastor Ridruejo también se mostró fuertemente crítico con dicha ley, a la que calificó de perversa, porque consigue fines distintos de aquellos que dice perseguir. Manifestó que esta ley atenta gravemente a los principios constitucionales e insistió en la idea de que era una ley de Prensa e imprenta camuflada. «Es clásico en las situaciones de impotencia política dar respuestas legales draconianas, que implican la amputación de una parte de la democracia misma», concluyó Pastor Ridruejo.

En un sentido crítico también se expresó el juez Clemente Auger, quien manifestó que, a su juicio, esta ley debe conectarse con precedentes de la misma naturaleza, como son la ley de Seguridad Ciudadana y la ley Antiterrorista. Clemente Auger considera que estas leyes son anticonstitucionales, en primer lugar, por un problema de jerarquía de normas y, en segundo, porque infringen principios de legalidad en la discusión de los tipos penales.

A favor de la constitucionalidad de la ley de Defensa de la Constitución se mostró el diputado de UCD García Romanillos, quien manifestó que los sucesos del 23 de febrero y el terrorismo eran asuntos graves que producían compartimientos que no estaban tipificados.

Moderadamente favorable a la ley se mostró Leopoldo Torres Boursault, diputado del PSOE, quien manifestó que la misma se mantiene, «en términos razona blemente democráticos», aunque sostuvo que la democracia se defiende no solamente con leyes, sino también por la voluntad política. A su juicio, con esta nueva ley, el Parlamento ha facilitado al Gobierno un instrumento eficaz y depende de éste su interpretación.

Finalmente, el profesor Arroyo, miembro del PCE, aclaró que su partido no podía dejar de apoyar esta ley en cuanto reforzamiento del poder civil frente a la ocupa ción militar de espacios civiles que se estaba produciendo en torno al 23 de febrero, entendiendo que dada su posición político-parlamentaria, no podía acercar ni de bilitar al Gobierno. No obstante concluyó, el PCE, en su afán de modificación positiva del texto, ha contribuido a mejorarlo con enmiendas puntuales.

Protesta de Abogados Jóvenes

La junta directiva del grupo de Abogados Jóvenes hizo pública una nota de protesta en la que expresa su profundo malestar por el procedimiento utilizado por la junta de gobierno del Colegio de Madrid en la organización de los debates que se vienen celebrando.

«Este debate había sido solicitado el pasado 28 de mayo por el grupo de Abogados Jóvenes», añade el comunicado, «sin que hasta la fecha se haya recibido contestación de la junta de gobierno sobre la posible celebración del mismo en los locales colegiales. Sorprendenternente, la comisión de cultura del Colegio de Abogados convocó el acto, que se viene celebrando bajo el mismo lema, modificando algunos de los ponentes propuestos y el sentido del acto, creando así un clima de confusionismo entre los propios participantes en los debates y en el seno de la corporación».

Tras congratularse de que dicha comisión de cultura «organice, por fin, actos de tipo cultural que respondan a las Inquietudes del rnomento», los Abogados Jóvenes «lamentan profundamente, sin embargo, que para ello haya sido necesario ignorar y despreciar una iniciativa patrocinada por este grupo, que hasta ahora ha venido organizando diversos debates que han servido para dinamizar la vida cultural del colegio».