El secretario de Estado para el empleo, contrario a devolver el patrimonio sindical

El secretario de Estado para el Empleo y las Relaciones Laborales, Manuel Núñez Pérez, manifestó a Europa Press en León que su postura respecto a la devolución del patrimonio sindical es similar a la expuesta por el presidente de la CEOE, Carlos Ferrer Salat, según la cual dicho patrimonio es propiedad del Estado, y éste podría ceder algunos locales en usufructo, entre sesenta y setenta, a las organizaciones sindicales, pero no hacer la entrega de los locales en propiedad.

Núñez Pérez consideró que el patrimonio sindical debe ser del Estado «porque el origen de éste tiene una cuota sindical que ningún análisis serio y riguroso pudiera considerar como tal cuota sindical». Recordó que dichas cuotas tenían unas tasas de exacción parafiscal, así como una considerable ayuda de prestaciones del Estado para bienes vinculados a un fin al cual siguen aún afectos», y señaló entre éstos los bienes de formación profesional, los adscritos a la Administración laboral y los del Instituto Social del Tiempo Libre.En cuanto a la entrega de 2.400 millones de pesetas de subvención, en tres años, a los sindicatos, en concepto de usufructo por el Estado del patrimonio sindical, Núñez Pérez manifestó que este compromiso no se puede ligar con el acuerdo nacional sobre el empleo, y que ha sido concedido con el compromiso por parte de las centrales sindicales afectadas de aparcar el problema durante tres años. A las centrales sindicales se les dijo, según Núñez Pérez: «Mientras se arregla el tema del patrimonio sindical, ustedes no reivindican nada. Si lo reivindican y algún Gobierno, el que sea, concede la devolución del patrimonio, entonces esas cantidades que ahora se entregan serán deducidas de la parte que les corresponda».

En cuanto al desarrolle legislativo de los acuerdos, el secretario de Estado informó que esta semana serán presentados a las organizaciones sindicarles y a la CEOE cuatro decretos preparados ya por la comisión de subsecretarios, con el fin de cumplir el requisito establecido en los pactos para que empresarios y trabajadores estudien algunos de los matices de dichos decretos. Su aprobación podría producirse en un próximo Consejo de Ministros ordinario o en uno extraordinario convocado con este fin.