Acuerdo sobre empleo, crisis y estrategia sindical

La aplicación negociada de un acuerdo sobre empleo en nuestro país constituía una necesidad perentoria para afrontar la crisis económica, aumentar la competitividad de las empresas, liberar recursos para una mayor inversión pública y privada y cumplir adecuadamente con la responsabilidad social de amparar a los que va dejando la crisis económica en la cuneta del paro.A este respecto, no es casual que hayan sido precisamente los sindicatos quienes han venido reclamando con mayor insistencia un acuerdo de este tipo. Desde el punto de vista sindical, hay al menos tres poderosas razones que están en la base de esta propuesta, que ha culminado en el acuerdo nacional sobre empleo (ANE).

Se puede comenzar señalando el sentido de solidaridad. Es ya un lugar común afirmar que la crisis económica es un factor de parcelación y división en el seno de la clase. trabajadora, que exacerba las tendencias corporativistas de los colectivos obreros con mayor capacidad de defensa ante la misma. Es por eso que un sindicalismo de clase no pueda centrar en exclusiva su actividad y sus reivindicaciones en el conjunto de los trabajadores con empleo. Supondría caer en el más puro contracturalismo del «deferidemos a quien nos paga las cuotas», incompatible con una concepción de clase, es decir, solidaria, de la acción sindical, al tiempo que nefasta para la defensa de los propios trabajadores activos.

No resisto la tentación de añadir que es en esta concepción donde encuentra su significado básico el concepto de sindicalismo «político», es decir, universal en la defensa de los intereses globales del conjunto de los trabajadores, en contraposición al sindicalismo corporativo, profesional o de parte.

Crisis, estrategia sindical y democracia

Frente a la posición de ciertos sectores empresariales, que prefieren una política de ajuste de la crisis dura y salvaje -despidos, recortes a las conquistas sociales de los trabajadores, negociación parcializada-, y del mismo Gobierno -que ha ofrecido, durante largo tiempo resistencias a realizar por vía de acuerdo la política económica de inversión pública, de cobertura al desempleo que venía proponiendo la oposición-, para los trabajadores la mejor forma de defender sus intereses ante la crisis es negociando globalmente con la patronal o con el Gobierno, o con ambos conjuntamente, como en este caso. Resulta evidente que en una situación de crisis el movimiento obrero no puede emplear la misma estrategia que en una de expansión, es decir, haciendo recaer sobre los sectores de vanguardia la conquista de reivindicaciones punta que se convierten en el objetivo a igualar por el resto. Hoy son estos sectores de vanguardia -siderurgia, naval, metal en general, mineria- los que están más afectados por la crisis, y, por tanto, es una política de negociación global la que se impone si además hemos de tener en cuenta que salir del pozo del paro requiere recuperar antes la competitividad de las empresas.

Para completar el trío de motivos y causas habría que señalar la profunda convicción de que el dramatismo de los problemas del paro no es desvinculable del desarrollo de la propia democracia española. Luchar de algún modo por el empleo, buscar todas las vías posibles para dar trabajo a todos es también un factor esencial para evitar la disgregación social, para evitar la fractura y la marginación generacionales y para establecer unas bases más sólidas de asentamiento democrático en nuestra sociedad.

La política económica necesaria

Entrando en una valoración general del acuerdo alcanzado, el primer aspecto que cabe resaltar es el componente de previsión que introduce en la vida económica un acuerdo logrado con seis meses de antelación a su puesta en práctica; aspecto doblemente destacable en un país que se caracteriza en su vida pública por la improvisación y la política del día a día.

La esencia del acuerdo consiste en que establece las condiciones para poner en práctica una política orientada al empleo, reducir la inflación, limitar los gastos corrientes, aquilatar los costos salariales recuperando el excedente empresarial... En una palabra, crecer más. Permite ahorrar más y, por tanto, realizar mayores inversiones expansivas generadoras de puestos de trabajo, tanto en el sector privado como en el público.

Ahora es responsabilidad del Gobierno poner en práctica, y de la oposición exigirlo, una política económica coherente con el acuerdo. Por ello, cabe decir, remedando a Calvo Sotelo, que a la firma de estos acuerdos nos hablaba de los «diálogos de primavera», que en este caso antes de la primavera viene el otoño, es decir, con la discusión de los Presupuestos Generales del Estado en las Cortes, lo que constituye una auténtica «segunda vuelta» de estos acuerdos y en la que se podrá constatar la voluntad política del Gobierno para, a través de la recaudación, la inversión pública, la reducción sensible de los costes financieros y la asignación al desempleo, dar a los mismos su plena virtualidad, haciendo efectivo el compromiso de crear 350.000 nuevos puestos de trabajo.

Me parece necesarió señalar, por otra parte, y para la mejor comprensión de este acuerdo, que el mismo no hubiese sido posible, tras la fracasada experiencia de las «jornadas de reflexión» montadas por la UCD en el otoño de 1978 y las famosas propuestas de «acuerdos a cuatro bandas», sin la política de negociación emprendida durante los dos últimos años por UGT a través del acuerdo básico interconfederal y el AMI, suscritos con la CEOE. Permítaseme la licencia de añadir, para justa reparación moral de tantos militantes ugetistas que han soportado las acervas criticas por parte de la otra central firmante del ANE, que los denostados conceptos, del AMI como descuelgue, cláusula de revisión, productividad, absentilmo, vigencia de los convenios, etcétera, vienen suscritos literal e íntegramente en esta ocasión, poí los compañeros de CC OO.

En este sentido, el AMI significa una concepción de la negociación colectiva que no hay que enterrar con este acuerdo; sino, por el contrario, preservar.

Un compromiso nacional distinto

Es opinión generalizada entre los compañeros con los que uno habla que los empresarios, frente al sacrificio salarial de los trabajadores, han puesto poco en este acuerdo. Cierto, en cuanto a compromisos mensurables. Su mayor compromiso concreto consiste en aumentar, si es necesario, su aportación a la financiación del desempleo. Pero es que la verdadera aportación de los empresarios a este acuerdo debe venir como consecuencia del mismo, en mantenimiento del empleo y en creación de puestos de trabajo.

Es legítimo y racional dudar de que se vayan a hacer, como es legítimo dudar de que no se vaya a seguir invirtiendo para sustituir hombres por máquinas. No somos ajenos a estas inquietudes. Pero, a pesar de todo ello, es también legítimo y racional afirmar rotundamente que sin acuerdo esa dinámica sería más profunda, inexorable el deterioro del empleo. Por ello es necesario apostar por una mayor inversión privada, y no sólo en productividad, sino también en nuevos puestos dc trabajo. Con este acuerdo se crean las bases para hacerlo, y ya no queda margen para las justificaciones «psicológicas» a la atonía inviersora. Ponen pocas cosas concretas, pero con la firma de este acuerdo los empresarios adquieren una enorme responsabilidad ante este país nuestro. Y aquí estaremos todos para exigirla, en cada convenio, en cada tribuna.

A mi modo de ver, este acuerdo no puede tener una lectura en los términos clásicos de un convenio, con partidas y contrapartidas. Debe ser entendido como un esfuerzo nacional, de todas las fuerzas implicadas, para afrontar el problema del empleo y del paro en nuestro país. Como, en todos los acuerdos, existe el riesgo de no alcanzar todos los objetivos. Firmarlo con un Gobierno de derechas, sin la presencia de los representantes de los trabajadores controlando desde el Gobierno la política económica, conlleva evidentemente riesgos. Pero dejar que la situación siga como hasta ahora por no asumir tales riesgos entraña el mayor riesgo, el peligro seguro de abocar a una situación de difícil salida, que en todo caso exigiría medidas más traumáticas y mayores sacrificios para los trabajadores y para el país.

Tras los planteamientos anteriores quisiera hacer una sucinta exposición, a expensas de otras valoraciones sobre los contenidos concretos del acuerdo, de las razones, además de las señaladas, por las que el ANE es beneficioso para los trabajadores, sobre todo en relación con lo que se hubiese dado sin él, y esta es una relación que no conviene olvidar.

Orientar la política sindical hacia el objetivo del empleo es imprescindible. En una situación de crisis económica profunda como la que soportamos, orientarla rígidamente todos los años en el sentido del mantenimiento del poder adquisitivo es claramente «pan para hoy y hambre para mañana»; pan para unos, desempleo para otros; con la necesaria aclaración de que cada día 1.500 de los que ayer tenían trabajo pasan a engrosar el desempleo. Así de claro.

Por otra parte, es constatable que cada vez son más los sectores de trabajadores, y entre ellos los considerados de vanguardia, que por razones de crisis, reeistructuración, temor al paro u otras, vienen llegando durante los últimos años a acuerdos sensiblemente por debajo del índice de precios. No es por tanto aventurado pensar que para muchos sectores, si no para la mayoría, el hecho de que el acuerdo garantice, a través de la cláusula de revisión, una pérdida de dos puntos salariales constituya más un seguro que una renuncia.

De otra parte, sin acuerdo, los funcionarios y pensionistas hubieran estado uno y dos puntos por debajo, respectivamente. Se ha dado asimismo un paso importante en la consolidación sindical, con lo que ello supone de garantía para la mejor defensa de los intereses de los trabajadores. (Es, sin duda, al temor a este reforzamiento sindical, a través del reconocimiento de un derecho al usufructo al patrimonio sindical acumulado, a lo que responde la campaña que han desatado los empresarios. Los trabajadores afectados por el salario mínimo hubiesen perdido el aumento correspondiente a los meses de abril y mayo de este año, es decir, 2.400 millones aproximadamente.

Y lo que ya en sí mismo justifica este acuerdo es la ampliación sustancial de la ley Básica de Empleo, la ampliación de la cobertura a los desempleados: ampliación del subsidio de nueve meses a todos los trabajadores con cargas familiares que hayan agotado el seguro de desempleo; fondo de 15.000 millones para determinados colectivos desprotegidos; extensión de la cartilla médico-farmacéutica a todos los trabajadores en desempleo; partida de 15.000 millones para subvencionar contratos de trabajo a los parados; ampliación en 3.000 millones de los fondos de empleo comunitario para este año y otro tanto para el que viene; compromiso del Gobierno de crear un nuevo sistema de seguro de desempleo para los trabajadores agrícolas. Todo ello puede significar duplicar el número de los trabajadores protegidos por el sistema de desempleo. Para concluir este comentario y valoración del acuerdo cabe hacer referencia a algunos temas puntuales.

En primer lugar, el control y seguimiento del mismo. La mejor garantía a este respecto la constituye el calendario de compromisos que contiene el acuerdo. La mayoría de los temas que tiene que cumplir el Gobierno tienen una fecha de vencimiento anterior a finales de año y, por tanto, anterior a la negociación de los convenios y la aplicación de las cláusulas salariales, de tal manera que la puesta en práctica del sacrificio salarial vendrá condicionado por el cumplimiento de dichos compromisos por parte del Gobierno. Es un calendario condicionado que no existía en los pactos de la Moncloa.

Hay también, de otra parte, una opinión en el sentido dé que este tipo de acuerdos debilita la acción sindical y esteriliza la negociación colectiva. Discrepo. Efectivamente reducen la conflictividad laboral, pero no tienen por qué reducir la capacidad de acción sindical, sino, por el contrario, permiten dar un salto cualitativo a los convenios, centrados básicamente hasta el AMI en la discusión salarial. La generalización de las 1.880 horas anuales de jornada, de los derechos sindicales y los treinta días de vacaciones a todos los convenios y empresas; la reducción de las horas extras, del pluriempleo y la extensión de la jubilación a los 64 años; las condiciones y, en particular, la seguridad e higiene en el trabajo; la estructura de la negociación colectiva; la mayor participación sindical en las empresas públicas; la vigilancia sobre la contratación y los compromisos de empleo en cada empresa y sector; la batalla por una auténtica ley de Incompatibilidades en la Administración pública y por la extensión de los derechos sindicales a la misma; el dar plena operatividad y llenar de contenido a la participación sindical en los distintos organismos institucionales, son,todos ellos, y no están todos, aspectos esenciales que permiten un protagonismo y una dinámica sindical superior a la presente.