La democracia debe combatir el terroriso con las armas propias de la democracia
¿Cómo acabar con el terrorismo sin acabar al mismo tiempo con la democracia? Esta interrogante, que ya llevó al Consejo de Europa a convocar en noviembre último una conferencia internacional de expertos policiales, especialistas en temas jurídicos y de políticos en un intento de elaborar una respuesta, ha estado presente, en medio de un innegable ambiente de preocupación, a lo largo de las jornadas sobre terrorismo y democracia organizadas en Madrid por la Asociación Pro Derechos Humanos de España.
Los participantes han estado de acuerdo en que los terroristas quieren acabar con la democracia, y han dejado en el aire la grave cuestión de si los poderes del Estado y las fuerzas de seguridad a sus órdenes no van a conseguir de hecho este mismo objetivo, si se empeñan en seguir utilizando contra el terrorismo instrumentos y medidas que violan aspectos esenciales de la Constitución. Todos los ponentes han coincidido en que el terrorismo debe ser combatido con energía, pero en el marco del respeto a la Constitución y sin legislaciones especiales que permiten que la represión se amplíe indiscriminadamente al resto de los ciudadanos.Refiriéndose en concreto a las leyes especiales sobre terrorismo, sobre protección ciudadana y en defensa de la democracia, promulgadas en España en los últimos tiempos, el catedrático de Derecho penal Enrique Gimbernat manifestó que muchas de sus disposiciones violan tajantemente derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, que sólo pueden ser suspendidos en estados de excepción regulados por la propia ley. La regulación de la libertad provisional por decreto-ley, concretamente el de protección de la seguridad ciudadana de 26 de enero de 1979, promulgado por el Gobierno poco después de aprobada la Constitución; la prórroga hasta diez días del plazo máximo de detención de 72 horas, establecido en la llamada ley Antiterrorista de 28 de diciembre de 1980; la posibilidad del secuestro gubernativo de publicaciones utilizando al ministerio fiscal y al juez, prevista en la recién aprobada ley de defensa de la democracia, fueron algunos ejemplos puestos por el profesor Gimbernat sobre la inconstitucionalidad de la legislación especial, restrictiva de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, promulgada en los últimos tiempos en España.
La situación en Europa occidental fue abordada, desde la perspectiva de la lucha policial contra el terrorismo, por el inspector de policía José Antonio Rodríguez. Aunque con unas estructuras democráticas mucho más fuertes que España, los países de Europa occidental también se enfrentan al peligro de ver cada vez más reducido su sistema de libertades so pretexto de la lucha contra el terrorismo, según manifestó el ponente. Analizando los dispositivos y medios policiales antiterroristas utilizados en cinco países europeos, José Antonio Rodríguez llegó a la conclusión de que «Europa se acerca a un control policial que para sí hubieran querido los dirigentes del Tercer Reich».
Papel de jueces y tribunales
El papel de jueces y fiscales en la aplicación de las leyes contra el terrorismo, en el ámbito del Estado democrático de derecho, fue analizado por el fiscal José Antonio Martín Pallín. Tras enumerar los principios en que debe fundamentarse este papel, tales los de la exclusividad de la potestad jurisdiccional de jueces y tribunales, el derecho del justiciable a su juez natural, y la intervención directa e inmediata del juez en la investigación afirmó que, si bien el primero de ellos es en general respetado, los otros dos quiebran, uno de ellos con la creación y continuo reforzamiento de las competencias de la Audiencia Nacional, y el otro por la inexistencia de una policía judicial a disposición de los jueces.Respondiendo a una pregunta intencionada de un asistente sobre si era posible juzgar a ETA en el País Vasco, el fiscal Martín Pallín respondió: «Es un riesgo que debe asumir la función judicial. En Italia, los jueces han asumido este riesgo sin cambiar las leyes de territorialidad ».
El papel de los intelectuales y de los profesionales de la información, grupos sociales con incidencia en la opinión pública, en la sensibilización ciudadana contra el terrorismo y en defensa de las libertades fue analizado por José Luis F. Aranguren, Miguel Boyer, Manuel López Ledesma, profesor de Historia; José Ramón Recalde, ex director del departamento de Derechos Humanos del Consejo General Vasco; Luis Otero, técnico en informática y ex comandante; Jesús de la Serna, subdirector de EL PAIS, y Pedro Altares, ex director de Cuadernos para el Diálogo.
Aranguren dio cuenta a los asistentes de la incomodidad de los intelectuales ante una situación en la que la crítica del fenómeno terrorista puede interpretarse como un apoyo al aparato del Estado. Aranguren reivindicó para el intelectual el derecho de «poder criticar al terrorismo, y a la vez al Estado, que no ha encontrado otro camino para combatir este fenómeno que la utilización de medios anticonstitucionales». En la misma línea, Miguel Boyer manifestó que «es posible defender a la sociedad del terrorismo sin violencia, sin recurrir a la tortura y sin restaurar la pena de m muerte ».
Jesús de la Serna expuso la situación delicada en que se encuentra la Prensa, como consecuencia de una ley -la recién promulgada ley de Defensa de la Democracia- que establece de nuevo el secuestro gubernativo de los medios informativos, y que puede utilizarse como arma de presión para silenciar la información sobre los hechos terroristas. El subdirector de EL PAIS calificó de disparate y barbaridad la tesis, que ha sido defendida en algunos medios periodísticos, de que era necesario silenciar los actos terroristas para evitar su contagio. «La enfermedad no se cura ocultándola al enfermo», apostilló Jesús de la Serna, e invitó a los profesionales de la información a hacer un esfuerzo en el análisis de las causas del terrorismo.
