Contra la urbanización de la Casa de Campo

El Plan de Ampliación (!) de la Casa de Campo, al que el Ayuntamiento de Pozuelo ha dado luz verle en la sesión del 27 de abril pasado, es un ejemplo ilustrativo de las falacias del lenguaje en uso de promotores, con el aval de la Administración. Sin embargo, la finalidad de este plan -que desde sus inicios en los años sesenta ha encontrado una continuada oposición -resulta evidente para la opinión pública: se pretende edificar una ciudad Junto a la Casa de Campo.Lo que no es posible entender es como un proyecto que atenta contra la mayor zona de esparcimiento de los madrileños, que supone elevadas cargas para la colectividad en un momento de austeridad económica y que representa un fuerte incremento poblacional cuando la población del área metropolitana está estancada, pueda hacerse realidad, ante la pasividad o complicidad de los poderes públicos.

Por otra parte, si tenemos en cuenta que en la actualidad se está revisando el planeamiento urbanístico del área metropolitana -para cuyo desarrollo, según los intereses de la población, se han creado nuevos organismos- veremos que esta enorme operación inmobiliaria pone en entredicho o invalida las políticas territoriales, definidas, al tiempo que merma la credibilidad de las instituciones en el tratamiento de los problemas.

La inoportunidad de un proyecto aprobado desde la Administración central (Coplaco), cuando se está hablando de descentralización, no puede ser más acusada; pero además el hecho de que haya sido relanzado por la derecha municipal de Pozuelo (parte de la cual tiene intereses directos en el asunto), desoyendo al resto de la corporación, a sindicatos, asociaciones de vecinos, ecologistas, etcétera, sólo puede responder a la primacía de los intereses de una exigua -pero poderosa- minoría: Urbis, Explosivos Río Tinto, Urbanizadora Casa de Campo.

Así pues, dado que el problema tiene un alcance político, se hace necesaria y urgente una respuesta, desde las instituciones implicadas, propiciada por la izquierda (Consejo de Municipios, Ayuntamiento de Madrid, Diputación), que recoja y, se haga eco de los sectores de opinión contrarios a este desafuero urbanístico.

Como consideramos que las características de esta actuación urbanística son sumamente conocidas, vamos sólo a contrastar el alcance de las mismas, al hilo de las políticas territoriales que se están definiendo en la actualidad para medir así la hipoteca que representa para estas últimas este enorme pie forzado.

En el prólogo del documento Criterios y objetivos para revisar el Plan General de Madrid se hace toda una serie de consideraciones sobre los efectos nocivos del planeamiento vigente, perfectamente aplicables a este caso. Así, se habla de su dudosa legalidad, de que favorece intereses distintos de los de la mayoría de los ciudadanos, de que los excesivos derechos otorgados impiden la reducción de densidades y la obtención de suelo para equipamientos, etcétera. Más adelante, en el mismo texto, se establece el criterio fundamental de nuevo Plan de Urbanismo, que se puede resumir así: «Lo que hoy consideramos como problemas más acuciantes y las soluciones que apuntamos significan un cambio drástico de las "reglas del juego". Significa, en definitiva, un intento de reapropiación de la ciudad para los ciudadanos, practicando una decidida política redistributiva, a partir de la apropiación pública de los beneficios de hacer ciudad, de las plusvalías generadas por el proceso urbano, para reasignar esos beneficios en favor de los ciudadanos ... ».

Totalmente de acuerdo, pero a condición de que si ondeamos esta bandera sea para atacar un plan que responde a los intereses de tres grandes inmobiliarias que pretenden contruir 7.500 viviendas de lujo, con el apoyo del poder central, a costa de hipotecar el futuro del municipio de Pozuelo.

Dentro del mismo prólogo que y comentamos, entre los criterios objetivos podemos entresacar los dos siguientes: 1º «Defender los espacios abiertos del municipio y favorecer un reequilibrio ecólogico de los grandes espacios próximos a la ciudad consolidada, incluso mediante su reutilización agrícola» (sólo falta ponerlo en práctica para defender la integridad de la Casa de Campo). 2º «Reconsiderar el concepto de la red arterial, eliminando o modificando el carácter de gran número de tramos ahora previstos ... » (la nueva ciudad se apoya sobre autopistas que el MOPU no parece vaya a acometer por ahora y que, en cualquier caso, se financiarían con fondos públicos, con lo que las promotoras inmobiliarias recogerían los beneficios).

En síntesis, el Ayuntamiento de Madrid, tanto por la amenaza que se cierne sobre la Casa de Campo como porque una pequeña parte de ese Plan de Ampliación (!) de la Casa de Campo cae dentro de su municipio, no puede seguir al margen del problema y debe actuar con prontitud, si es consecuente con sus postulados urbanísticos. Se trataría de una de las batallas urbanas señaladas por la Oficina Técnica del Plan General para conseguir «el (re)equipamiento de prácticamente todas las zonas (y en especial las periféricas) frente a la edificación residencial adicional».

En el documento análogo para la revisión del Plan General del Area Metropolitana, elaborado por el Consejo de Municipios, podemos ver que en la encuesta realizada a los ayuntamientos. la mayoría de ellos se ha pronunciado sobre las densidades altas y los déficit de equipamiento como uno de los problemas básicos, además de considerar necesario controlar el crecimiento. (Huelga decir que ese Plan de Ampliación (!) de la Casa de Campo es el más claro exponente de todos estos problemas.) Pero este plan atenta asimismo contra el proceso de planificación municipal en marcha (sus 30.000 habitantes duplican la población de Pozuelo), imposibilita la compatibilidad de decisiones con los municipios limítrofes y reduce a un carácter simbólico la elaboración del planeamiento «desde abajo, desde los problemas, desde y para la gestión ».

Concluyendo. El dilema es: o respaldar los intereses de siempre, que han llevado y llevan a un modelo territorial irracional y de altos costes sociales, con la repetición en la zona Oeste -en versión de lujo- de los desastres de Parla, Getafe, Leganés, etcétera, o detener esta amenaza y desarrollar las políticas enunciadas, para conseguir un marco de vida que responda a las necesidades de la colectividad. Esta sería una magnífica ocasión de hacer realidad las buenas intenciones. Querer es poder.