La gasificación reaviva una vieja batalla económica

El relativamente reciente descubrimiento del gas natural como providencial fuente energética alternativa al petróleo plantea en España una batalla decisiva entre los diferentes intereses económicos en juego. Petroleros, eléctricos, partidarios de la privatización y defensores del servicio público encuentran en el gas natural un campo de batalla que, quizá por falta de decisión en las esferas administrativas responsables, se ha convertido en algo más que una simple elaboración de una política energética. La «gasificación de España» será, en un plazo relativamente corto, un tema de vital importancia en el programa de racionalización energética que requiere urgentemente este país.

Con tres centros potenciales de producción de gas natural nacional -Cádiz, Huesca y costa cantábrica-, España se encuentra, ocho años después de iniciada la primera crisis del petróleo, ante el dilema de gasificar el país o dejar pasar la ocasión histórica que ofrece esta fuente de energía barata, limpia y al alcance de la mano.Gasificar España, sin embargo, no es una tarea sencilla. Con sólo un gasoducto principal en funcionamiento, desde Tarragona a Bilbao, el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen los pocos yacimientos de gas españoles depende no sólo de, la certificación científica de éstas, sino de una decisión política para entrelazarlos y destinar su comercialización a los usos más adecuados.

Desde el punto de vista energético, el Plan Energético Nacional (PEN) establece unos objetivos para el gas dentro de la estructura de energía primaria que, en sus líneas generales filosóficas muy pocos expertos ponen en entredicho. Aunque existe el convencimiento en algunos medios de que las posibilidades del gas están infravaloradas, precisamente por indicación o presiones de aquello intereses que se ven amenazado competitivam ente por el gas, existen muy pocas dudas sobre el papel pivote que esta fuente debe desempeñar, independienmente de la volubilidad política de los dos únicos suministradores extranjeros, de las escasas alternativas que existen a éstos o de los parcos resultados de las investigaciones nacionales.

La batalla de la distribución

La gran batalla del gas se sitúa en la distribución, donde subsisten intereses públicos, por un lado, y otros muy fuertes de índole privada. En este sentido, la polémica del gas no está exclusivamente en el área política, sino en la económica. En una reciente interpelación socialista al ministro de Industria y Energía en el Parlamento, sobre la cesión de las concesiones de construcción de gasoductos y distribución comercial del gas, Ignacio Bayón respondió que este tema estaba sujeto al Reglamento de Servicio Público, que data de 1973.

Según Enrique Barón, experto del PSOE en temas energéticos, esta respuesta evasiva del ministro deja entrever que no sólo no existe una idea clara sobre el futuro del gas natural en España, sino que, por otra parte, denota un cambio de actitud en las esferas responsables gubernamentales sobre los planteamientos tradicionales que inspiraron la creación de Enagás hace nueve años.

Para Barón parece claro que el Gobierno, incapaz de afrontar los intereses privados presentes, estaría en una disposición de ir acallándolos con concesiones a medida de que el gas natural se convierta día a día en una posibilidad real y muy rentable de ir satisfaciendo las necesidades energéticas crecientes de este país.

Un ejemplo vivo de esta tesis fue ofrecida a EL PAIS por un disidente en la Empresa Nacional del Gas (Enagás). Según esta fuente, es muy curioso comprobar que se han adquirido ya los tubos necesarios para la construcción del gasoducto de Madrid, sin que el Gobierno haya hecho pública todavía la autorización administrativa oportuna.

Falta la infraestructura

El problema original es que España, contrariamente a la mayoría de los países europeos, carece de una infraestructura adecuada para el desarrollo a corto plazo de la industria del gas. Según las tesis de algunos expertos, en las que coinciden los socialistas, lo que está por definir aquí es si vamos al modelo francés y británico, con una empresa nacional fuerte de distribución, o al modelo alemán-italiano, donde los intereses estatales se reparten con iniciativas privadas tan fuertes como las nacionales.

Fuentes oficiales, mientras reconocen que el tema del gas está en este país muy verde, argumentan, por su lado, que existe ya un proyecto concreto para ampliar la red nacional de gasoductos. Este plan, según las mismas fuentes, estaría ahora sujeto a intensas negociaciones con el sector vía la asociación de distribuidores. De estas negociaciones tendría que resultar un esquema global que sea capaz de alcanzar el objetivo marcado por el PEN para que el gas natural represente en el horizonte de 1987 un 7% de nuestra energía primaria.

Pero, según otras fuentes, el Gobierno ha sido muy cauto a la hora de anunciar cuál va a ser el resultado de estas discusiones, sobre todo cuando se ha tratado de identificar a las empresas que se harán cargo de la construcción y utilización de los tramos de distribución de gas que están por crear.

Los intereses privados regionales, los de los entes autonómicos y la supervivencia de Enagás como empresa ordenadora del sector juegan en este frente al mismo nivel que las presiones de aquellos sectores nacionales energéticos que buscan que el gas se desarrolle, pero no a los niveles de amenazar sus cotos privados.

La unión con los gasoductos internacionales

Para animar el cotarro de la distribución está luego el problema de la necesaria unión de la red nacional de gasoductos con las redes internacionales. Europa, por ejemplo, está unida ya con el gas soviético y con el procedente del mar del Norte. Italia está a su vez unida con el gas argelino. España pretende unirse con ambos, pero para ello tiene que contar, por un lado, con la colaboración de Francia, y por el otro, con la de Argelia.

En el caso francés, fuentes informadas dícen que unir Serrablo, en Huesca, con los yacimientos de Lacq, en Francia, es una aventura más difícil que la de Lepanto o, por citar algo más cercano, entrar en la Comunidad Económica Europea (CEE).

Aunque quizá ambos problemas estén vinculados, sí es cierto que la unión argelina, después que ambos países acordaran no traspasar aguas marroquíes con el gasoducto, está sujeta a problemas de difícil solución técnica y política. La falta de prisas oficiales y los intereses también, desempeñan aquí un papel importante.

Así las cosas, las posibilidades de suministro a corto plazo quedan reducidas al transporte marítimo del GNL, a la polémica planta de regasificación de Barcelona y a un futuro incierto de los pozos y yacimientos nacionales.