La urbanización de la Casa de Campo

El pasado 27 de abril el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón acordó, en accidentada sesión, desbloquear el proceso de aprobación del llamado Plan Parcial de Ampliación de la Casa de Campo (PPACC), dando luz verde a una de las más graves y discutidas operaciones inmobiliarias de la última década en el Area Metropolitana de Madrid (AMM).Su origen se remonta a la compra por Urbis, SA, en los primeros años setenta, de terrenos no edificables calificados de reserva urbana. El proyecto actual, que permite construir una ciudad-dormitorio de 7.500 viviendas y más de 30.000 habitantes entre Pozuelo y Aravaca, en el límite occidental de la Casa de Campo, ha sido reconocido por la propia Copiaco, en un informe sobre la Revisión del Plan General del Area Metropolitana de Madrid (1980), como una de las «actuaciones que tanto por su tamaño como por sus características pueden tener una importancia decisiva de cara a la configuración del futuro modelo territorial».

El proceso de tramitación del PPACC ha sido irregular y discutido. En la etapa anterior a 1979 se marginó al Ayuntamiento de Pozuelo en las sucesivas aprobaciones realizadas por Coplaco. Las primeras elecciones municipales abren una nueva etapa de impugnaciones y contraofertas que ahora culminan con el reciente acuerdo del Ayuntamiento de retirar el recurso con tencioso-administrativo que mantenía paralizado el proyecto. Esta última decisión, por su contenido y procedimiento, ha sido rechazada por sectores de la población y concejales de la oposición.

Desde sus comienzos, la urbanización de la Casa de Campo encontró una sistemática contestación ciudadana; la lucha contra el Plan constituyó el eje de la oferta electoral de las candidaturas de izquierda al Ayuntamiento, e incluso. UCD nunca se mostró abiertamente partidaria del Plan, comprometiéndose a la realización de un referéndum municipal.

Desde niveles profesionales las críticas a este tipo de actuaciones no han sido escatimadas. Resultado del último período de boom económico y del fuerte crecimiento que experimentaba Madrid en la primera mitad de la década de los setenta es el propio carácter de la macroactuación el que merecía el rechazo, en momentos de crisis económica y ecológica y cambios políticos ya de concepciones urbanísticas.

En cualquier caso, toda valoración del PPACC debe partir de la consideración del impacto metropolitano de una promoción semejante, aspecto este soslayado en el momento de su aprobación. Una actuación del tipo de la propuesta, por su carácter masivo, residencial y fuertemente dependiente de Madrid, presenta unos costes económicos y sociales en el conjunto del Area que no pueden en absoluto reducirle al balance contable de los promotores privados, y que no quedan compensados por las cesiones para la ampliación de la Casa de Campo. Por poner un ejemplo, no está resuelto el impacto que los cerca de 10.000 nuevos automóviles pueden ocasionar en una red de transportes ya muy congestionada en la actualidad, y no existen compromisos concretos de realización de las infraestructuras que lo solucionen. La urbanización de la Casa de Campo amenaza uno de los sectores estratégicos para el equilibrio ambiental del conjunto del AMM, el Noroeste, consumiendo además suelo del anillo verde.

Un nuevo Pozuelo

Por otra parte, es necesario señalar que los problemas internos del pueblo de Pozuelo han sido ignorados a la hora del planeamiento. Ni su carencia de empleos, ni sus déficit de viviendas sociales y equipamientos van a verse aliviados mediante una actuación que persigue incrustar un nuevo Pozuelo junto al existente, segregado del mismo urbanística y socialmente. Además, el Plan presentaba deficiencias, internas, tanto por su diseño como por la inadecuación a la vigente ley del Suelo y por la insuficiencia de sus equipamientos, que agravaban la elevada problemática propia de una ciudad-dormitorio.

Ante tales deficiencias, y precisamente en base a ellas, conviene precisar que, en nuestra opinión, el Plan no era aceptable en los términos en que venía dado. Y, en todo caso, existían posibilidades para, como mínimo, replantear el conjunto de la operación sobre los siguientes puntos: Primero, aprovechar criterios y objetivos y compatibilizarlos a nivel metropolitano. Segundo, reducción significativa del número de viviendas a edificar. Tercero, nuevo diseño del Plan. Y cuarto, supeditar la construcción de viviendas a la ejecución de las infraestructuras necesarias.

Tal negociación era factible. A nadie se le oculta que un programa de inversiones tan elevado y a desarrollar en doce años requiere por parte de los promotores un grado de acuerdo con todas las instancias políticas y sociales que garantice su viabilidad a un plazo en el que pueden ser previsibles cambios en la relación de fuerzas políticas, garantías, por cierto, muy superiores a las que ofrece un procedimiento tan discutible y discutido como el adoptado.

Sin embargo, estas posibilidades no han sido consideradas. UCD-CD ha optado por forzar su mayoría municipal para conseguir desbloquear el Plan.

La dirección provincial del PSOE, por su parte, tras una larga inactividad en el tema, se ha visto arrastrada a una negociación de última hora, que ha provocado la dimisión de alguno de sus más significados concejales al valorar incompatibles las últimas propuestas de su partido con los compromisos electorales contraídos. En el acuerdo finalmente adoptado, las cesiones concedidas por los pro motores se han limitado a una racionalización del diseño y al cumplimiento de las especificaciones de la ley del Suelo.

Con todo, las consecuencias políticas más graves del proceso se sitúan en otro plano: la aprobación del PPACC es un torpedo contra el Consejo de Municipios Metropolitano de Madrid y la revisión del Plan General del AMM. Con su creación, las fuerzas políticas se dotaban de un instrumento cuyo valor superaba los objetivos de la revisión del planeamiento urbanístico de Madrid. El PPACC no sólo contradice abiertamente los criterios y objetivos urbanísticos propuestos por el Consejo de Municipios, sino que atenta gravemente contra el propio pilar de su constitución: la solidaridad intermunicipal.

Al margen de la opinión que nos merece el PPACC, un municipio no puede adoptar decisiones como la de duplicar su población sin vincular de una u otra forma a los municipios afectados por su medida. Nos encontramos ante un precedente que probablemente se ha de hacer notar en el futuro.

El Partido Socialista fue el gran impulsor del Consejo de Municipios. Su actitud en Pozuelo, por tanto, trasciende la temática local para proyectarse a un nivel superior, al poner en entredicho un Consejo que languidece por momentos.

Tras el acuerdo del Ayuntamiento de Pozuelo, la contestación ciudadana ha vuelto a hacer acto de presencia. Es necesario que los organismos con incidencia en el planeamiento (Diputación, Consejo de Municipios, Coplaco) reconduzcan el proceso hacia su inserción en los mecanismos generales de la revisión del Plan General del AMM. El mínimo de credibilidad hacia quienes están formulando las directrices de dicha revisión así lo exige.