El Gobierno remite a las Cortes la ley de Régimen Local

El Gobierno acordó ayer remitir a las Cortes Generales el proyecto de ley de bases de la Administración local -más conocido por ley de régimen local-, basado en la autonomía de los municipios y provincias, la suficiencia económica y la eficacia administrativa, entre otros principios. También fue acordada la remisión al Parlamento del proyecto de ley que reforma el Código Civil en materia de tutela, y se aprobó el reglamento penitenciario. Las medidas estudiadas contra el terrorismo no quedan reflejadas en los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros.

En la referencia oficial de lo tratado figuran sendos informes sobre seguridad ciudadana y política interior, en torno a los cuales no se produjo oficialmente ampliación de la información. Tampoco hubo la habitual conferencia de Prensa con el secretario de Estado para la Información. Sin embargo, según Efe, entre las medidas estudiadas figuraría un replanteamiento de las medidas diplomáticas con Francia, calificado en medios gubernamentales como «intensivo y urgente», dada la gravedad de los últimos acontecimientos terroristas y la actitud pasiva ofrecida por las autoridades galas respecto a los terroristas de ETA.Tampoco queda reflejada en la información oficial la forma jurídica que se daría al mando único para la lucha antiterrorista, cargo para el que fue nombrado director Manuel Ballesteros, sin que su nombramiento haya sido publicado en el Boletín Oficial del Estado. Según Efe, el pleno vigor de la fórmula jurídica adoptada llevaría consigo que los diversos centros de información del Estado quedarán coordinados por el director de la lucha antiterrorista.

El proyecto de ley de régimen local, largamente esperado por la opinión pública y reclamado por la oposición, consagra, de acuerdo con la Constitución, la autonomía de las corporaciones locales en la gestión de sus intereses peculiares o específicos, el carácter representativo y democrático de los órganos de gobierno y administración de los municipios y provincias y la suficiencia de las haciendas locales.

Según los rasgos o perfiles anunciados ayer por el Gobierno, la nueva ley suprimirá gran número de controles, autorizaciones y aprobaciones que la Administración del Estado venía ejerciendo sobre las corporaciones locales y les permitirá una mayor celeridad y eficacia en la gestión de sus intereses. Se inspira en un claro criterio de autonomía, «ajeno a cualquier clase de injerencia, tanto por parte del Estado como de las comunidades autónomas». Tal régimen de autonomía exige, sin embargo, añade el Gobierno, «un cuidadoso y efectivo control por parte de los tribunales de justicia». Para ello se establecen los procedimientos adecuados para impugnar ante los tribunales los actos de las corporaciones locales que puedan infringir las leyes y reglamentos.

La nueva ley establece que las corporaciones locales dispondrán de los medios y recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines. No regula los tributos y demás ingresos de las entidades locales, que serán objeto de una ley singular e independiente, que será remitida al Congreso de los Diputados «en fecha inmediata». La nueva ley potencia la figura del alcalde y del presidente de Diputación. Las competencias y funciones atribuidas al municipio son muy extensas, y se prevé que pueda asumir otras por delegación o transferencia de la Administración del Estado o de las comunidades autónomas.

Ante la realidad diversa de los municipios españoles, la nueva ley establece un régimen municipal común y regula diversos regímenes especiales de carácter singular, como los municipios con régimen de carta, en régimen de concejo abierto, los pequeños municipios y las corporaciones metropolitanas.

Modernización de la tutela

El Consejo de Ministros acordó remitir a las Cortes el proyecto de reforma del Código Civil en mate na de tutela, que corona la reforma del derecho de familia, en trámite parlamentario a través de la ley de Divorcio, y pendiente de entrar en vigor, mediante la ley de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio.

Entre las novedades de la nueva regulación de la tutela destaca la sustitución del consejo de familia por la tutela judicial; la distinción entre tutela de personas y bienes y tutela de bienes; el nuevo tratamiento que se da a los minusválidos; el papel decisivo que se atribuye al juez y la institución del defensor judicial.

El Gobierno aprobó también el reglamento penitenciario elaborado por el Ministerio de Justicia, como desarrollo de la ley General Penitenciaria y adaptado a las leyes penales, procesales, administrativas. y laborales, y a los pactos internacionales en materia de derechos humanos. La información oficial destaca la regulación detallada de los diversos regímenes penitenciarios, la potenciación del tratamiento, las normas sobre beneficios penitenciarios, asistencia social de los reclusos y trabajo penitenciario.

Otro de los acuerdos adoptados fue la creación en el Ministerio de Asuntos Exteriores de la comisión nacional y la oficina de cooperación con Guinea Ecuatorial, a la que se traspasan las competencias que en esta materia venia desempeñando la Presidencia del Gobierno.

Reconversión de la industria integral

El Gabinete aprobó también un real decreto sobre medidas de reconversión de la industria integral, que desarrolla los acuerdos alcanzados en las negociaciones mantenidas entre distintas fuerzas sociales, tanto en los aspectos financieros como laborales. Asimismo, acordó dar luz verde a un real decreto que establece un régimen especial del impuesto de compensación de gravámenes interiores para la reimportación en la Península y Baleares de las mercancías nacionales o nacionalizadas procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla.

Igualmente, fueron aprobados cuatro decretos por los que se traspasan a la comunidad autónoma vasca competencias en materia de reforma y desarrollo agrario, desarrollo ganadero, industrial, energía y minas y relaciones laborales.

Se decidió además que el Ministerio de Agricultura pase a denominarse de Agricultura y Pesca, con lo que el Gobierno afirma su propósito de dar importancia y apoyar el sector pesquero.