Calvo Sotelo anuncia que no habrá referéndum sobre el ingreso en la OTAN

El ingreso de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no será sometido a referéndum popular, según explicó ayer en una conferencia de Prensa el presidente del Gobierno español, Leopoldo Calvo Sotelo. El jefe del Ejecutivo que días antes había anunciado en la República Federal de Alemania el inminente interés de su Gobierno por agilizar los trámites del ingreso en la Alianza Atlántica, manifestó que existía unanimidad dentro del Ejército sobre esta decisión política.

Calvo Sotelo calificó con la frase «ni impaciencia respecto a la incorporación española a la OTAN ni paciencia para nuestra adhesión a la CEE» las últimas acciones de su Gabinete en materia de política exterior, y se mostró satisfecho por la política de concertación puesta en marcha en el área autonómica. También dijo que, a dos meses del fallido golpe de Estado, España atravesaba una situación política normal.El presidente del Gobierno indicó, en relación con el ingreso de España en la OTAN, que durante las tres horas de conversación con el canciller alemán, Schmidt, le comunicó la vocación europea, occidental y atlantista de su Gabinete y añadió respecto a la posición socialista de retirar a España de la Alianza Atlántica por mayoría simple, si por esta mayoría se produce el ingreso, que estimaba correcto este deseo, aunque matizó: «No creo en la hipótesis próxima de un Gobierno socialista». Calvo Sotelo hizo estas declaraciones en conferencia de Prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno, por su parte, en su reunión de ayer, que tuvo acentuado carácter económico, acordó, entre otros aspectos, la creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos, que englobará todas las empresas energéticas del sector público, la aprobación de los precios agrarios para la campaña 1981 -1982 y la puesta en marcha de una ley para cubrir los déficit de las empresas de transportes públicos colectivos urbanos de superficie.

El Instituto Nacional de Hidrocarburos desarrollará una de las directrices fundamentales del Plan Energético Nacional y se configurará como una entidad de derecho público adscrita al Ministerio de Industria y Energía. La nueva entidad integra las concesiones mineras del monopolio y las acciones de Campsa, Petroliber e Hispanoil, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, las acciones de Campsa, del Banco de España y las concesiones de hidrocarburos del INI, así como las acciones que este último tiene en Enpetrol y sus filiales.

El Consejo de Ministros acordó también los nombramientos de Carlos Bustelo, como presidente del Instituto Nacional de Industria, y Juan José Rovira Tarazona, como delegado del Gobierno en Cataluña, cargos en los que sustituyen a José Miguel de la Rica y a Josep Meliá, respectivamente. Tanto

Bustelo como Rovira fueron ministros del penúltimo Gobierno Suárez.

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