Precariedad de medios de la Delegación del Gobierno en Cataluña

La política llevada a cabo por el delegado del Gobierno en Cataluña, Josep Meliá, desde aquella fría acogida que se le prodigó el 29 de octubre pasado, día de su llegada a Barcelona, ha sido, en opinión de los medios políticos consultados, fruto de «una labor sorda, casi subterránea y generalmente buena».Meliá fue nombrado para el cargo como «gobernador general». Si su persona no era cuestionada -fue el único candidato que aceptó la Generalidad-, sí lo era el término con el que fue designado delegado gubernamental. El mismo Meliá reconocería poco después de su llegada que había habido «falta de tacto» en la elaboración del decreto de nombramiento. En efecto, el término de «gobernador general» era de triste recuerdo para los catalanes. El único precedente sobre el particular fue durante el «bienio negro» republicano.

Superado el problema: con el cambio de la denominación del cargo, Meliá tuvo que dedicarse no sólo a las gestiones políticas que le eran propias, sino también a solucionar los problemas que representaba -y representa, porque aún no han sido resueltos- la organización de la propia delegación.

Dos asesores, un jefe de gabinete, un abogado del Estado, un encargado de Prensa y seis secretarias es el exiguo personal con que cuenta la delegación, instalada en un inmueble del que todavía no se sabe con certeza si continuará perteneciendo al Estado o será traspasado a la Generalidad. Dos viejas máquinas de escribir han sido cedidas temporalmente -lo mismo que los bedeles- por diversas delegaciones ministeriales, en tanto que Hacienda aún no ha aprobado las plantillas para la delegación.

La principal gestión que los políticos catalanes creen que Meliá ha llevado a cabo es la que propició el acuerdo entre la Generalidad y el Gobierno, en relación con el contencioso planteado por este último sobre las competencias de la Generalidad en materia de cajas de ahorro. El Gobierno anunció -precisamente el mismo día que Mellá llegaba a Cataluña- que pondría el tema en manos del Tribunal Constitucional. Poco antes de que finalizara el plazo para este procedimiento se alcanzó el acuerdo, considerado entonces satisfactorio por ambas partes.