La Diputación aragonesa pide la retirada del proyecto de trasvase del Ebro a Tarragona

La Diputación General de Aragón hizo pública ayer su decisión de solicitar al Gobierno la retirada de las Cortes del proyecto de ley conocido como ministrasvase del Ebro en Tarragona. La decisión ha causado gran sorpresa porque todos los actuales miembros del organismo preautonómico pertenecen a Unión de Centro Democrático (UCD), partido que apoyó unánimemente el proyecto que resultó aprobado en el Congreso el pasado día 8.La Diputación General manifiesta que su tramitación debe quedar supeditada a la aprobación previa de la ley de Aguas y del plan hidrológico del Ebro. En este sentido, se invoca la promesa hecha por el ministro de Obras Públicas y Urbanismo, comunicada directamente a la Diputación General con fecha de 26-11-1979 y repetida dos días más tarde ante el Pleno del Congreso. En aquella ocasión se afirmaba que ni el gran trasvase del Ebro al Pirineo oriental, ni ningún otro, serían ejecutados en tanto no se aprobara el nuevo código del agua y el plan hidrológico de la cuenca del Ebro.

El proyecto, cuyos trámites por el procedimiento de urgencia se iniciaron hace más de un año, salió aprobado el pasado día 8 del Congreso con los votos afirmativos de la Minoría Catalana y Unión de Centro Democrático, incluidos los diputados aragoneses centristas. Presentaron enmiendas a la totalidad el Partido Aragonés Regionalista (PAR) y el Partido Comunista de España (PCE), y al articulado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La oposición al proyecto sumó también los votos de algunos miembros de Alianza Popular y del Grupo Mixto.

Los términos del proyecto implican una cesión de cuatro metros cúbicos de agua por segundo, que suponen más de 126 millones de metros cúbicos al año, cantidad que se ha filtrado como muy similar al consumo total de Zaragoza capital en el mismo tiempo. Los defensores del mismo mantienen que se trata de «aguas concedidas» y que no es un trasvase. Así lo dijo el propio ministro de Obras Públicas en una réplica a Hipólíto Gómez de las Roces (presidente del PAR). Sin embargo, el presidente de la Diputación General de Aragón, Juan Antonio Bolea, explicando las razones del acuerdo corporativo, entendía también que trasvase es el paso de agua de una cuenca a otra, y que en este caso se trata jurídicamente de un trasvase.

Conflicto de competencias

Otra cuestión fundamental a añadir, que ha justificado la decisión de la Diputación General, es que el proyecto primitivo se ha modificado y que se le han dado competencias a la Generalidad que sólo deben corresponder al Estado. Con respecto a ello, la Diputación General, y su presidente a título particular, declaran ver indicios de inconstitucionalidad. Bolea manifestó también que defenderá, su postura en el Senado, y que está preparando enmiendas al proyecto.