El Consejo de Ministros retrasa otros quince días el envío a las Cortes de la ley de Administración Local

La noticia más destacada del Consejo de Ministros celebrado ayer es la no aprobación, en contra de lo anunciado, del proyecto de ley de Administración local, que ha de sustituir a la todavía vigente ley de Régimen Local, heredada del régimen anterior. El Gobierno acordó remitir el proyecto a la Dirección General de lo Contencioso para que la informe en un plazo máximo de quince días. Esta decisión puede perseguir como principal objetivo distanciar la aprobación del proyecto de las duras críticas de que ha sido objeto en los últimos días por parte del presidente de la Generalidad de Cataluña.

Al parecer, son razones de índole política, más que jurídicas, las que han llevado a solicitar este informe de la Dirección General de lo Contencioso, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que tiene por misión fundamental la defensa de los intereses del Estado frente a terceros. Según han informado fuentes jurídicas de la Administración consultadas por este periódico, es la primera vez que un proyecto de ley de esta importancia es sometido a la consulta de la Dirección General de lo Contencioso.Esta remisión de la ley a un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda es sorprendente en la medida en que el proyecto final fue redactado durante el «puente de San José» por una comisión conjunta de los ministerios de Administración Territorial y de Hacienda. Desde los primeros días de la semana pasada, una nueva comisión se reunió en Presidencia del Gobierno para retocar la ley. Según ha sabido este periódico, el proyecto no sufrió apenas modificaciones dignas de mención. Uno de ellos está relacionado con las consultas populares convocadas por los ayuntamientos. En el Consejo de ayer tampoco hubo problemas con la ley.

Por todo esto, lo razonable es pensar que se trata de una maniobra del Gobierno para ganar tiempo ante las duras críticas emitidas por el presidente de la Generalidad, al término de su entrevista con el presidente del Gobierno, que fue seguida de otra con el ministro de Administración Territorial. Jordi Pujol dijo que el proyecto de ley de Administración local «suponía la laminación de la Generalidad». En él se refuerza el papel de las diputaciones, frente a las pretensiones de la Generalidad de suprimirlas.

Una fuente de la Administración manifestó que con la decisión de ayer se pretendía «que el proyecto de ley fuera inatacable». Sin embargo, difícilmente este objetivo puede cubrirlo mejor la Dirección General de lo Contencioso que el Consejo de Estado, que es el supremo órgano consultivo del Gobierno. La primera no es propiamente un órgano consultivo, y en cuanto integrado en el Ministerio de Hacienda, sus informes no pueden ser considerados independientes de la actuación gubernamental.

Por el contrario, el Consejo de Estado ejerce la función consultiva con autonomía orgánica y funcional para garantizar su independencia y objetividad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Precisamente para lograr esta independencia, el Consejo de Estado no está integrado en ninguno de los departamentos ministeriales.

El Consejo de Estado valora la oportunidad de las leyes

Misión del Consejo de Estado es velar por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico y valorar los aspectos de oportunidad y conveniencia de los proyectos de ley. Si el objetivo perseguido por esta consulta acordada ayer es hacer invulnerable el proyecto de ley de Administración local a las críticas, y éstas provienen de otra institución del Estado -la Generalidad de Cataluña-, cabe entender que el órgano competente para emitir este informe es el Consejo de Estado, y no la Dirección General de lo Contencioso.

Remitida a las Cortes la ley de Armonización

El Gobierno, en su reunión de ayer, decidió remitir a las Cortes el proyecto de ley de Armonización de las Disposiciones Normativas de las Comunidades Autónomas sobre determinadas materias relativas a la bandera y a los términos nación, nacionalidad y región. Junto a este acuerdo, cabe destacar la adopción de determinadas medidas en relación con las empresas que hayan acordado incrementos salariales inadecuados o excesivos, «en función de su situación económica, al objeto de evitar una repercusión en precios».En torno a este último acuerdo, el Gobierno explica que los Ministerios de Hacienda, Trabajo, Sanidad y Seguridad Social cursaran instrucciones marcando las directrices a seguir en la resolución de peticiones de aplazamiento de deudas tributarias o de la Seguridad Social a la vista de los aumentos salariales acordados durante el período a que se refieren tales delitos. Asimismo añade que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa se dirigirá a los órganos de contratación para evitar una indiscriminada repercusión en los precios contractuales de los costes que respondan a un incremento inadecuado de salarios, y que la Junta Superior de Precios y el FORPPA no tendrán en cuenta, a efectos de autorización o determinación de precios, los costes imputables a incrementos salariales excesivos.

El Gobierno aprobó también un decreto por el que se modifica el procedimiento de concesión de segundo aval a las sociedades de garantía recíproca (véase la página 49 de economía de EL PAIS de ayer), considerado como un instrumento fundamental para la financiación de las pequeñas y medianas empresas. En el ámbito económico cabe resaltar igualmente el decreto aprobado ayer por el Consejo, por el que se regula un documento de información empresarial. Esta disposición responde a la aplicación de los principios de libertad de profesión u oficio y libertad de empresa, según explica el Gobierno, y a la política de liberalización y remoción de trabas administrativas.

Dotación para los jueces de familia

El ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, planteó en el Consejo la necesidad de habilitar los medios precisos para que los jueces de vigilancia y los de familia puedan atender los objetivos previstos en la legislación penitenciaria y en la reforma del Código Civil (especialmente a lo referido a la futura nueva ley de regulación del matrimonio y su disolución).Asimismo, el Departamento de Justicia propuso la convocatoria inmediata de las oposiciones para ingresar en las carreras judicial y fiscal y la aceleración de la reforma legislativa orgánica del poder judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal, así como la conclusión urgente de la reforma procesal, es decir, nueva ley de Enjuiciamiento Civil y Criminal, que serán próximamente remitidas al Consejo General del Poder Judicial, para su informe, y al Gobierno, para su remisión al Parlamento.